domingo, mayo 18

Los homosexuales víctimas de Franco exigen indemnizaciones


Las cosas entonces eran muy diferentes. Antoni Ruiz tenía 17 años cuando estuvo seguro de que era gay --maricón, en aquella época--. Su madre, a quien le contó su secreto, se lo dijo a su tía y su tía a una monja amiga de la familia. A esta religiosa le faltó el tiempo para delatarlo a la brigada criminal de la Policía Nacional. Antoni Ruiz, valenciano, preside hoy la Asociación Española de Expresos Sociales. Ha contado muchas veces su historia, pero todavía se emociona. Pasó tres días en los calabozos de la central de Valencia, donde fue violado, después lo trasladaron a la prisión de la misma ciudad, más tarde a Carabanchel y, finalmente, a la prisión de peligrosidad social de Badajoz. En resumen: tres meses encarcelado, con 17 años, por el mero hecho de ser homosexual. Su desgracia no acabó ahí. Vino después un destierro de un año con la obligación de presentarse cada 15 días ante la autoridad competente. "Me ha marcado de por vida", comenta. La historia de Antoni Ruiz no es única. La asociación que preside estima que 4.000 homosexuales fueron represaliados por el régimen de Franco y pagaron su orientación sexual con penas de cárcel.

La asociación que preside este valenciano pide para ellos una indemnización económica, que no una compensación. "El dinero nunca compensará lo que vivimos", comenta. Ruiz subraya que las Cortes españolas ya aprobaron en diciembre de 2004 una declaración institucional en la que se reconocía a los homosexuales como víctimas de la represión de la dictadura. Ahora, está a punto de cerrarse un acuerdo con Presidencia y Justicia para que los homosexuales perseguidos por el franquismo tengan derecho a una indemnización. Ruiz afirma que la asociación que preside reclama 12.000 euros en un pago inicial y 800 de pensión mensual vitalicia por persona. Poco si se tiene en cuenta que la cárcel y posterior destierro marcaron a estas personas de por vida. "Muchos no pudieron ni siquiera encontrar un trabajo", añade. Hasta ahora 75 personas han comenzado la tramitación. Sorprende la ausencia de asturianos. El presidente de la asociación los anima a salir de este armario para hacer valer sus derechos.

Fuente: lavozdeasturias

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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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