La oposición política aprovechó ayer la crisis abierta en la Consejería de Bienestar Social para denunciar la situación de "caos organizativo" que viene arrastrando este departamento del Ejecutivo autonómico. PP e IU personalizaron precisamente sus críticas en los dos cargos que han protagonizado la crisis. La formación conservadora cargó contra el gerente del ERA, Julio Bruno, y solicitó a la consejería su inmediata destitución. La coalición de izquierdas, por su parte, calificó a Pilar Rodríguez, de "incompetente" y la responsabilizó del "colapsó" en que ha asumido a su departamento.
Los dos grupos de oposición respondieron así a la escenificación pública de la crisis interna de Bienestar Social. Pilar Rodríguez desautorizaba taxativamente a Julio Bruno y lo acusaba de realizar valoraciones contrarias a las directrices de la consejería. El origen del conflicto está en unas declaraciones realizadas por el gerente del ERA en la Junta, recogidas por este periódico, en las que responsabilizaba a diversos ayuntamientos asturianos --citó en concreto a Oviedo, Grado y Teverga-- de no estar aplicando correctamente la ley de dependencia. Pilar Rodríguez se manifestó preocupada por las afirmaciones de Bruno toda vez que van en contra del necesario espíritu de colaboración institucional para sacar adelante la norma estatal. Bruno guardó ayer silencio.
La respuesta de los grupos de oposición, sin embargo, no se ha hecho esperar. Inmaculada Rodríguez, diputada del Partido Popular, solicitó ayer el "cese inmediato" del gerente del ERA. Rodríguez añadió que las manifestaciones de Bruno en las que inculpaba a los municipios y a sus trabajadores sociales por los retrasos en la tramitación de la ley "son inaceptables". La diputada popular afirmó que el correctivo enviado por la consejera revela la "descoordinación, falta de competencia y desconocimiento de Julio Bruno en la aplicación de la ley". Rodríguez señaló además que las palabras de la titular de Bienestar evidencian su "nula confianza" en el gerente lo que justifica su destitución.
IU, por su parte, consideró que el enfrentamiento pone de relieve la "falta de liderazgo político" de la consejera y "su incompetencia". Más allá de la ausencia de sintonía entre ambos cargos de la Administración asturiana, la coalición alertó sobre el "colapso monumental" en el que se encuentra la consejería. "La organización y la estructura es un casos, las competencias de las direcciones se solapan, se duplican los procedimientos...", indicó IU. Todo ello tiene además como paganos a los ciudadanos de Asturias. La formación manifestó ayer que los usuarios sufren esperas de seis meses para lograr el salario social y más amplias aún para las prestaciones reconocidas por la ley de dependencia.
IU se queda sola en su denuncia sobre privatización
Fuente: PZ/Lavozdeasturias
Reclaman la intervención directa de Álvarez Areces (El Comercio/CH.Tuya)
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