En el año 2006, en una respuesta parlamentaria, el Gobierno afirmó que en España había más de 11.000 niños marroquíes acogidos por la Administración. De todos ellos, sólo 831 estaban documentados. Vicenç es educador social pero también voluntario y fundador de DRARI, un colectivo que lucha por los derechos de los niños marroquíes que han llegado a España solos, habitualmente en los bajos de uno de los centenares de camiones que cada día salen desde Tánger hacia la península. Algunos de ellos se han dejado la piel en el intento.
-¿Qué haces aquí, con este día?-, le pregunta. Es sábado por la tarde y en Barcelona está cayendo toda la lluvia que no ha caído en un año.
-¿Una vuelta? ¿Con este día? Tendrías que estar en el centro-, le reprende Vicenç, que de momento aún no dice nada de la droga.
-¿Por qué? Estoy aquí-, replica Larbi, molesto por haberse encontrado a su educador en estas circunstancias.
-Estás muy delgado, mírate, y con disolvente...- Vicenç le coge la manga del jersey y la huele. Después husmea el pañuelo doblado en cuatro partes, que Larbi sujetaba fuerte con una mano.
-¡Claro que es disolvente!- Larbi intenta negarlo, por muy absurdo que sea. Pero Vicenç continúa, le dice que no se lo esperaba, que de él no. El niño se defiende, no engarza bien las palabras, se atranca. Ahora Larbi está en un centro de la Generalitat, pero sabe que cuando llegue su aniversario la protección social se habrá terminado. "Llegan a los dieciocho años y les dicen: ‘Felicidades' y a la calle. A partir de aquí les espera una cama en la Trinitat (la prisión)", lamenta Galea.
Recursos escasos
"Los recursos son a todas luces insuficientes. Y lo habitual es que no acaben en los pisos. Son casi como premios. Muchos chicos tienen todas las papeletas para engrosar los números de la economía sumergida", explica Ángel Madero, director del centro de menores APIC en Córdoba.
"Lo que no tiene sentido es que el Estado se gaste tanto dinero en estos chicos y que, cuando cumplen los dieciocho años, los deje en una situación irregular", explica el jurista y miembro de la Coordinadora de Barrios de Madrid, Nacho de la Mata. La tutela de uno de estos muchachos le cuesta al Estado 90 euros al día.
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