viernes, mayo 16

Inmigrante y con 18 años: doble indefensión

Cataluña.
Los educadores sociales alertan del peligro de exclusión grave que padecen los adolescentes inmigrantes al alcanzar la mayoría de edad y dejar de estar tutelados por la Administración.

Hace diez minutos que Vicenç Galea anda por el barrio de El Raval. Pasa por delante de una callejuela, se para, gira la cabeza y vuelve sobre sus pasos. En el callejón están apostados dos adolescentes marroquíes. Ambos con un pañuelo de ropa pegado a la nariz. Vicenç los conoce.
En el año 2006, en una respuesta parlamentaria, el Gobierno afirmó que en España había más de 11.000 niños marroquíes acogidos por la Administración. De todos ellos, sólo 831 estaban documentados. Vicenç es educador social pero también voluntario y fundador de DRARI, un colectivo que lucha por los derechos de los niños marroquíes que han llegado a España solos, habitualmente en los bajos de uno de los centenares de camiones que cada día salen desde Tánger hacia la península. Algunos de ellos se han dejado la piel en el intento.

Enganchados al disolvente
-¿Qué haces aquí, con este día?-, le pregunta. Es sábado por la tarde y en Barcelona está cayendo toda la lluvia que no ha caído en un año.

-Nada, dar una vuelta-responde Larbi sentado en una moto. Su amigo está de pie. Ninguno tiene dieciocho años aún, aunque ya les falta poco.
-¿Una vuelta? ¿Con este día? Tendrías que estar en el centro-, le reprende Vicenç, que de momento aún no dice nada de la droga.
-¿Por qué? Estoy aquí-, replica Larbi, molesto por haberse encontrado a su educador en estas circunstancias.
-Estás muy delgado, mírate, y con disolvente...- Vicenç le coge la manga del jersey y la huele. Después husmea el pañuelo doblado en cuatro partes, que Larbi sujetaba fuerte con una mano.
-¡Claro que es disolvente!- Larbi intenta negarlo, por muy absurdo que sea. Pero Vicenç continúa, le dice que no se lo esperaba, que de él no. El niño se defiende, no engarza bien las palabras, se atranca. Ahora Larbi está en un centro de la Generalitat, pero sabe que cuando llegue su aniversario la protección social se habrá terminado. "Llegan a los dieciocho años y les dicen: ‘Felicidades' y a la calle. A partir de aquí les espera una cama en la Trinitat (la prisión)", lamenta Galea.

Recursos escasos

En la mayoría de comunidades existen los planes para mayores, programas de inserción laboral y plazas en pisos compartidos para los que ya han cumplido los 18 años, pero la realidad es que los servicios son muy escasos.
"Los recursos son a todas luces insuficientes. Y lo habitual es que no acaben en los pisos. Son casi como premios. Muchos chicos tienen todas las papeletas para engrosar los números de la economía sumergida", explica Ángel Madero, director del centro de menores APIC en Córdoba.
"Lo que no tiene sentido es que el Estado se gaste tanto dinero en estos chicos y que, cuando cumplen los dieciocho años, los deje en una situación irregular", explica el jurista y miembro de la Coordinadora de Barrios de Madrid, Nacho de la Mata. La tutela de uno de estos muchachos le cuesta al Estado 90 euros al día.

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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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