
Según el diario La Nueva España en su edición de 27 de abril: " La fiscalía de menores de Asturias tramitó el año pasado 35 expedientes de casos de violencia doméstica protagonizados por adolescentes, la mayoría -unos treinta- por agresiones o enfrentamientos de menores con sus madres. Esta cifra supone diez casos más de los registrados en 2006. En este dato (35) se incluyen también episodios de violencia de género por altercados ocurridos con novias.
En ocho de los expedientes fue necesario imponer al menor una orden de alejamiento de la víctima. Si ésta era de su propia familia (padre, madre o hermano), la medida obligaba al adolescente a abandonar el domicilio familiar y trasladarse a un centro de protección del Principado. En el caso de violencia a la pareja, bastó con que no se acercara a ella por un determinado espacio de tiempo.
Doce de los jóvenes fueron derivados al programa de terapia y orientación familiar con menores infractores, puesto en marcha en 2007 por Cruz Roja y la Consejería de Justicia. En diez de estos casos la víctima fue la madre. Los infractores, siete chicos y tres chicas, según se refleja en la memoria de actuación del programa. En un caso la víctima fue un hermano (el agresor, varón) y, en otro, los ataques fueron dirigidos contra el padre (la agresora era su hija).
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-La justicia de menores siempre es blanco de críticas. ¿Injustas?
-En Asturias, en general, funciona bastante eficazmente y con bastante diligencia. Las medidas que se toman permiten dar respuesta adecuada a la delincuencia juvenil. Tras la última reforma, la ley permite en la mayoría de los casos que el menor tenga una medida adecuada para intentar solventar el problema que le ha llevado a cometer el delito. En los casos de más trascendencia, las medidas que se pueden tomar son suficientemente graves. Pero estamos hablando siempre de casos muy concretos. En los siete años que lleva funcionando la fiscalía de menores de Asturias, ha habido dos delitos de asesinato u homicidio consumado. Hubo también alguna agresión sexual. Son casos muy excepcionales, ni siquiera el uno por ciento de la delincuencia juvenil, que en su mayoría son delitos pequeños, robos con fuerza e intimidación, agresiones...
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-¿Los menores cada vez son más violentos?
-El número de delitos cometidos por menores se mantiene. En 2007 ha habido un pequeño aumento en el número de denuncias pero el de expedientes es similar. Y es una cifra baja en relación a la población. Los delitos que comenten los menores, en su mayoría, no son graves. Sí se ha detectado en el último año un aumento en los delitos contra la propiedad y los robos con violencia.
-¿Qué es lo más preocupante?
-Se ha detectado una llegada «masiva» de menores inmigrantes indocumentados a Asturias. Y continúa. Esto ha tenido bastante repercusión en el sistema de justicia de menores y, sobre todo, en el sistema de protección. El Principado ha tenido que hacerse cargo de la guarda y custodia de estos menores, en situación de desamparo, y darles un lugar para vivir e intentar facilitarles la integración. Esta llegada paulatina pero creciente de menores extranjeros indocumentados ha desbordado el número de plazas, pese a que se ha creado otro centro de primera acogida en el Fudoma, con quince plazas más. El Materno, como centro de primera acogida, está saturado.
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-¿Se atisba una solución?
-Pero pasa por disponer de más medios. Hay que intentar que los menores se vayan integrando en la sociedad lo más rápidamente posible y que no pasen en el centro de primera acogida más tiempo del adecuado. En el Materno hay ahora 23 o 24 menores, todos extranjeros.
-¿Cuántas plazas hay?
-Las plazas son 16. Pero no son sólo éstos los problemas. Tanto el centro de acogida como el Hospital Materno Infantil están saturados. Éste último tiene entre 45 y 50 niños. Lo deseable sería que se agilizase el procedimiento de adopción o dar a estos niños cuanto antes una familia, sea en acogimiento o en adopción. Aunque estén muy bien atendidos, el hecho de no tener una familia va a repercutir en su desarrollo posterior. Desde la Administración debería agilizarse los procedimientos para resolver la situación legal de estos niños. A veces son procesos complejos, pero los trámites se dilatan excesivamente. Es un problema urgente. Lo que no es de recibo es que un niño que esté abandonado en un centro desde bebé esté más de dos años sin que se le dé ninguna solución legal a su caso.Pasa a la página siguiente (leer más sobre esta entrevista).
Fuente: La Nueva España ( foto: Nacho Orejas)
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