martes, abril 29

El sueldo del 73% de los grandes dependientes no llega a 900

La situación que vivían hasta ahora los grandes dependientes en Asturias era extrema. A la limitación de su autonomía también había que unir su escasa capacidad económica. El 73% de los 5.562 asturianos que ya se están beneficiando de la Ley de Dependencia tiene unos ingresos inferiores a los 900 euros al mes. Solo el 9% cobra más de 1.500 euros mensuales. El perfil del usuario se completa con su edad, el 74% tiene más de 65 años, y con su género, el 66% son mujeres. Estos son algunos de los datos que ayer facilitó la Consejería de Bienestar Social del Principado cuando se cumple un año de la entrada en vigor de la normativa, ya que todo gran dependiente que entre en el sistema recibirá prestaciones con carácter retroactivo desde el mes de abril del 2007.

La administración ha registrado en estos doce meses una avalancha de solicitudes, en concreto, 16.292, de las que ya han podido valorar el 82,64% (13.465). Sin embargo, no todos reúnen las condiciones para entrar en esta primera fase de aplicación de la ley reservada a los grandes dependientes. De las 13.465 contestadas, solo 8.935 tienen derecho a las prestaciones y 5.562 ya las están recibiendo, bien a través de un servicio o mediante una retribución económica, que puede destinarse a una cuidadora familiar o a la contratación de un profesional. En total, la Administración asturiana destina a estos conceptos 1,9 millones al mes.

Sin embargo, el ritmo de peticiones no ha bajado en la proporción que esperaba la consejera de Bienestar Social, Pilar Rodríguez, que pensaba que tras el colapso inicial caería en picado. La administración continúa recibiendo una media de 1.000 solicitudes mensuales. A pesar del trabajo extra que supone este elevado nivel de demanda, Rodríguez aseguró que antes del verano ya estarán atendiendo a todos los grandes dependientes, que en realidad debían estar recibiéndolo desde el año pasado. Ese plazo también lo aplica al colectivo que entrará a formar parte del grupo de beneficiarios en el 2008, es decir, a los valorados como grado dos con un nivel dos.

La consejera explicó que el primer año de trabajo ha sido duro, porque había mucho que hacer en muy poco tiempo, fundamentalmente, el desarrollo normativo. Ese es el motivo, de que no todos los solicitantes tengan ya su programa individualizado de atención. Sin embargo, afirmó que la situación se está normalizando y que el resto de plazos estipulados son más reposados y se cumplirán sin contratiempos.

Ahora le llegarán las resoluciones con las valoraciones a los 1.000 asturianos que todavía las tienen pendientes. Además, hay otros 2.200 que están a la espera de consensuar su programa de atención. A estos hay que sumar los de grado dos, nivel uno, que ya han sido valorado que tendrán ayudas en el 2009.

Fuente: Susana DM/ La Voz de Asturias

1 comentario:

miguel dijo...

Un saludo desde estas tierras castellano y leonesas.
Os incluimos como amigos.
Animo con el blog! Es muy bueno.

La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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