martes, abril 22

Aplicación de la Ley de Dependencia

Inicié los trámites para la valoración del grado de dependencia de mi madre en mayo de 2007 en el Ayuntamiento de Avilés. Ingresa a finales de junio de 2007 en la Residencia de Pravia del E.R.A. (organismo que agrupa las residencias del Gobierno del Principado de Asturias), y por ello el expediente se trasladó en julio del centro territorial de valoración en Avilés al E.R.A. La Técnico de la Residencia de Pravia me explica que mi madre ya está valorada, y sólo falta la resolución por parte de la Consejería de Bienestar Social.

Yo comprendo que el cambio de Consejera y su equipo pueda frenar la toma de decisiones, comprendo que la aplicación de una ley tan compleja como ésta deba hacerse con prudencia. Pero el actual equipo de la Consejería de Bienestar Social lleva en sus cargos casi un año, tiempo más que suficiente para hacerse una composición de su tarea.

Después de preguntar a varias personas, lo que me queda claro es que hay un gran desgobierno en lo tocante a la aplicación de esta ley en Asturias. Esto, y que en Asturias hay,como mi madre, más de un centenar de personas ya valoradas que, presumiblemente, son Grandes Dependientes, ingresadas en residencias del E.R.A. sin comunicación definitiva del reconocimiento de su grado de dependencia. Trámite necesario para que puedan acceder a las ayudas que la ley les reconoce.

La prioridad de la actual Consejera es la privatización de servicios, más que poner en marcha esta ley que tantas expectativas ha creado en la sociedad. En este despropósito, no todo es negativo; las personas que me han atendido tanto en el E.R.A. como en el centro territorial han sido en todo caso muy atentas y comprensivas.

Resaltar por último el buen trato de las personas que trabajan en la Residencia de Pravia, donde tanto mi madre, como los demás internos, están perfectamente atendidos.

Fuente:FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ AMORÍN/20 min.

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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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