La Consejería de Bienestar Social mantiene fuera del sistema ordinario de escolarización a menores inmigrantes extranjeros acogidos en sus centros de protección social a la infancia. Así figura, al menos, en la denuncia formulada por un educador de uno de estos centros a la oficina de la procuradora general de Asturias. La denuncia, formalizada el 30 de septiembre de 2008, recoge el caso de dos menores, ambos de 15 años de edad, que, aún estando en edad de escolarización obligatoria, no asisten a ningún instituto de Asturias.
De acuerdo con la queja, que deberá ser evaluada ahora por María Antonia Fernández Felgueroso, procuradora general, los dos menores tuvieron su primer contacto con la puerta de entrada al sistema de protección entre marzo y abril de este mismo año. Sin embargo, no fueron escolarizados el curso pasado y tampoco consta que hayan sido matriculados en el presente curso que comenzó oficialmente en septiembre. La denuncia, formulada por un educador de la Consejería de Bienestar Social, recoge que la Constitución española, en su artículo 27, cita textualmente que la enseñanza básica será obligatoria y gratuita. Asimismo, la ley orgánica de educación, de mayo de 2006, establece que la enseñanza obligatoria se desarrollará entre los 6 y los 16 años.
La denuncia que obra ya en poder de la procuradora insta a su oficina a que compruebe los hechos denunciados y obligue a las consejerías de Bienestar Social y de Educación a escolarizar a estos dos menores. El escrito urge a la procuradora a que se actúe en protección de los dos menores --este periódico ha tenido acceso a la denuncia-- y se tenga en cuenta el interés superior de ambos.
La Consejería de Bienestar Social, que mantiene bajo su protección a ambos adolescentes, reconoce, pero sólo parcialmente, la veracidad de los hechos. Un portavoz de este departamento señaló que todos los menores alojados en la unidad de primera acogida --puerta de entrada al sistema de protección-- tienen satisfecho su derecho a la educación. Para ello, según Bienestar, la unidad cuenta con un profesor que les da clases. La Administración autonómica reconoció, eso sí, que los menores no son escolarizados en la enseñanza normalizada hasta que abandonan la unidad de primera acogida y pasan a un centro de menores.
Bienestar Social señaló que, cuando los adolescentes residen ya en un centro, son escolarizados en el instituto que les convenga de acuerdo con sus necesidades. El problema reside en que la puerta de entrada al sistema de protección, la unidad de primera acogida, fue diseñada en su día para alojar a los menores por un periodo máximo de 45 días. Sin embargo, el Gobierno de Asturias incumple habitualmente este precepto. De hecho, según la denuncia formulada ante la procuradora, uno de los menores entró en contacto con los sistemas de protección el 9 de marzo de este año y el otro, el 2 de abril, también de este año. El educador que ha formalizado la queja asegura que en esta misma situación pueden encontrarse más adolescentes.
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