lunes, octubre 6

Bienestar no escolariza a niños inmigrantes


La Consejería de Bienestar Social mantiene fuera del sistema ordinario de escolarización a menores inmigrantes extranjeros acogidos en sus centros de protección social a la infancia. Así figura, al menos, en la denuncia formulada por un educador de uno de estos centros a la oficina de la procuradora general de Asturias. La denuncia, formalizada el 30 de septiembre de 2008, recoge el caso de dos menores, ambos de 15 años de edad, que, aún estando en edad de escolarización obligatoria, no asisten a ningún instituto de Asturias.

De acuerdo con la queja, que deberá ser evaluada ahora por María Antonia Fernández Felgueroso, procuradora general, los dos menores tuvieron su primer contacto con la puerta de entrada al sistema de protección entre marzo y abril de este mismo año. Sin embargo, no fueron escolarizados el curso pasado y tampoco consta que hayan sido matriculados en el presente curso que comenzó oficialmente en septiembre. La denuncia, formulada por un educador de la Consejería de Bienestar Social, recoge que la Constitución española, en su artículo 27, cita textualmente que la enseñanza básica será obligatoria y gratuita. Asimismo, la ley orgánica de educación, de mayo de 2006, establece que la enseñanza obligatoria se desarrollará entre los 6 y los 16 años.

La denuncia que obra ya en poder de la procuradora insta a su oficina a que compruebe los hechos denunciados y obligue a las consejerías de Bienestar Social y de Educación a escolarizar a estos dos menores. El escrito urge a la procuradora a que se actúe en protección de los dos menores --este periódico ha tenido acceso a la denuncia-- y se tenga en cuenta el interés superior de ambos.

La Consejería de Bienestar Social, que mantiene bajo su protección a ambos adolescentes, reconoce, pero sólo parcialmente, la veracidad de los hechos. Un portavoz de este departamento señaló que todos los menores alojados en la unidad de primera acogida --puerta de entrada al sistema de protección-- tienen satisfecho su derecho a la educación. Para ello, según Bienestar, la unidad cuenta con un profesor que les da clases. La Administración autonómica reconoció, eso sí, que los menores no son escolarizados en la enseñanza normalizada hasta que abandonan la unidad de primera acogida y pasan a un centro de menores.

Bienestar Social señaló que, cuando los adolescentes residen ya en un centro, son escolarizados en el instituto que les convenga de acuerdo con sus necesidades. El problema reside en que la puerta de entrada al sistema de protección, la unidad de primera acogida, fue diseñada en su día para alojar a los menores por un periodo máximo de 45 días. Sin embargo, el Gobierno de Asturias incumple habitualmente este precepto. De hecho, según la denuncia formulada ante la procuradora, uno de los menores entró en contacto con los sistemas de protección el 9 de marzo de este año y el otro, el 2 de abril, también de este año. El educador que ha formalizado la queja asegura que en esta misma situación pueden encontrarse más adolescentes.

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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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