lunes, septiembre 15
La Asamblea de los Movimientos aprueba en Rivas la declaración con la que se cierra el III Foro Social Mundial de las Migraciones
Hoy, cuando conmemoramos los sesenta años de la Nakba palestina, los 20 años del inicio de las muertes en el Estrecho de Gibraltar, los 35 años del golpe militar contra el gobierno democrático de Salvador Allende; cuando esa misma legitimidad está gravemente amenazada en Bolivia y convoca nuestra conciencia y solidaridad, y cuando celebramos los 60 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, nosotros, mujeres y hombres que somos parte de más de dos mil movimientos y organizaciones sociales de noventa países del planeta, nos reunimos en Rivas Vaciamadrid (España), del 11 al 14 de septiembre de 2008, bajo el lema: 'NUESTRAS VOCES, NUESTROS DERECHOS, POR UN MUNDO SIN MUROS'
Nuestras Voces
Somos personas y organizaciones de migrantes, desplazados/as y refugiados/as; víctimas del tráfico de seres humanos y la trata; somos también movimientos y organizaciones sociales trabajando junto a ellos; somos sujetos individuales y colectivos que, preocupados por el hecho migratorio comprendido en su integralidad, nos hemos ocupado de desarrollar acciones comprometidas con la transformación radical de las condiciones en las que los seres humanos se han visto obligados a migrar, desplazarse o refugiarse .
Nosotras, las personas migrantes, desplazadas y refugiadas y nuestras organizaciones, nos constituimos en un nuevo sujeto político y en una fuerza social mundial que se consolida en este III Foro Social Mundial de las Migraciones. Por todo lo anterior y con legítimo derecho, levantamos nuestras voces para decir:
No al creciente deterioro de las condiciones de vida que impacta a la mayoría de las personas del planeta, en el norte como en el sur global y que impacta de manera especial a las personas migrantes, refugiadas y desplazadas de los diferentes continentes, y muy especialmente las de los pueblos palestino, saharaui, colombiano, sudanés e iraquí y a las políticas cómplices de Estados Unidos, Europa y España en particular.
No a las migraciones forzadas de los pueblos indígenas como resultado de la expropiación de sus tierras y de los megaproyectos agroindustriales, que traen como consecuencia el desarraigo y la destrucción de sus culturas.
No a las diferentes manifestaciones de racismo en contra de las personas y comunidades migrantes en todos los continentes y particularmente, en contra de las personas de Africa Negra y la comunidad latina en los Estados Unidos
No a la reproducción y el fortalecimiento de un sistema patriarcal que, en el contexto de la feminización de las migraciones, profundiza aun más la asimetría de género ya existentes, y se traduce en la continuidad de la ubicación de la mujer en trabajos relacionados al ámbito privado y al cuidado de otros, en condiciones de esclavitud.
No a los proyectos que estigmatizan, segmentan y excluyen a las personas migrantes y sus familias y deterioran el tejido social comunitario y organizativo. Rechazamos la pretensión de transformar las remesas en sustituto de políticas estatales de desarrollo en los países de origen y en refuerzo al circuito financiero del capital, ampliando aún más las históricas asimetrías sociales, políticas, económicas y culturales.
No al discurso mediático convencional que desde los estereotipos, refuerza la criminalización y la victimización de las personas migrantes como discurso hegemónico; a la xenofobia, la discriminación y el racismo que se propaga desde ellos y que acrecienta esas conductas y prácticas en las sociedades y países de tránsito y destino de personas migrantes.
No a la globalización capitalista, neoliberal, concentradora y excluyente, depredadora del ser humano y de la naturaleza y que en su conjunto representa la causa fundamental de las migraciones contemporáneas.
Nuestros Derechos
Somos sujetos que nos hacemos cargo de procesos; analizamos e interpretamos la compleja realidad del hecho migratorio, desde el lugar del ser humano, su dignidad y la integralidad de nuestros derechos humanos; imaginamos y ponemos en marcha iniciativas múltiples y diversas y apostamos por nuestro protagonismo histórico, por la construcción de otra realidad:
En las condiciones actuales del capitalismo mundial, las personas migrantes somos una muestra evidente de las desigualdades económicas y sociales entre los países y dentro de los países. Situación que se profundiza por la sincronía de una crisis mundial, multidimensional: económica, ambiental, alimentaria y energética.
La construcción de muros geográficos, políticos, legales y culturales, como la directiva europea de “la vergüenza”, y otras leyes públicas y disposiciones oficiales similares, son una estrategia criminalizante que, en aras de la mayor rentabilidad del capital internacional, elimina todos los derechos humanos. Para ello se recurre, además, a la externalización de fronteras, la internalización mental a través de la persecución, el hostigamiento y las deportaciones; las detenciones arbitrarias, la impunidad policial fronteriza y los centros de internamiento, donde la violación de los derechos humanos es cotidiana
Insistimos en que los acuerdos laborales bilaterales y regionales inspirados en el modelo filipino de programas temporales de trabajadores huésped que, al impedir el arraigo, anula cualquier posibilidad de reivindicar sus derechos, propiciando la sobreexplotación y deshumanización de las personas trabajadoras, cumplan plenamente con las obligaciones establecidas en los convenios 97 y 143 de la OIT; sin lo cual se profundiza el deterioro integral del Trabajo Humano, con pérdida de su valor salarial, social y jurídico, convirtiendo a las personas migrantes en mercancías.
Afirmamos la necesidad de defender, reivindicar, extender, frente al trabajo forzado, esclavo y precario, el trabajo digno para una vida digna, que integre libertad, igualdad de trato y contraprestaciones negociadas adecuadas para todas las personas trabajadoras.
Valoramos las iniciativas de economía solidaria que fortalecen el tejido asociativo y contribuyen a procesos de economía social y desarrollo integral de las personas. Rechazamos su utilización como instrumento para negar el derecho a migrar.
Promovemos la ciudadanía universal y ratificamos el derecho de las personas a la libre movilidad como establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Por un mundo sin muros
Un mundo sin muros es una condición esencial para construir otro mundo posible; el cumplimiento pleno de los artículos 13 y 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es una exigencia y nos compromete a continuar en nuestra lucha por los derechos de todas las personas migrantes.
Por ello exigimos:
la firma, ratificación y puesta en práctica de la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias por parte de los Estados que no lo han hecho. Saludamos a los Estados que la han ratificado y demandamos adecuen su marco normativo nacional a las exigencias de la Convención. Saludamos el compromiso por parte de los gobiernos municipales iniciado por el gobierno de Rivas Vaciamadrid de trabajar en la campaña a favor de la ratificación.
el establecimiento de un mandato o procedimiento especial dentro del sistema de la ONU para suplir los vacíos en los instrumentos existentes de protección de las personas migrantes, CMW (Comité de Trabajadores Migratorios), relator especial, ACNUR y el representante especial para las personas desplazadas internas.
la derogación de la directiva de retorno de la UE, así como de todos los instrumentos legales que permiten la detención de migrantes en el mundo; el desmantelamiento del Frontex y de todos los dispositivos policiales y militares que securitizan las políticas migratorias y la fiscalización por parte de organizaciones sociales de los centros de internamiento, hasta su cierre definitivo.
que las fronteras del mundo dejen de ser espacios de impunidad en los que las personas migrantes son objeto de todo tipo de violaciones, crímenes y obligados a asumir riesgos que ponen en peligro su vida. Demandamos que los países de origen, tránsito y destino, asuman su responsabilidad para revertir esta situación.
la regularización de todas las personas migrantes sin papeles en todo el mundo.
el reconocimiento de otras formas de persecución y la ampliación jurídica de las causas que se reconocen como asilo, refugio y trata de personas, garantizando que las solicitudes y los procedimientos cumplan con todo lo que prevé la ley y centren los derechos humanos de estos colectivos. Igualmente, demandamos el cumplimiento de las condiciones que el Derecho Internacional exige para el retorno de los refugiados.
la denuncia de todos aquellos convenios de expulsión, generalmente impuestos a los Estados de origen o tránsito, que a menudo conllevan graves violaciones de los derechos, ruptura familiar, represalias de las autoridades del país de origen y un grave desarraigo de las personas migrantes.
la anulación de los acuerdos y claúsulas de re-admisión y el cese de toda negociación de acuerdos de este tipo entre la Unión Europea y los países terceros y entre los países terceros.
la promoción de las personas y comunidades migrantes para que se organicen, se rebelen, denuncien toda forma de dominación y explotación y hagan valer sus derechos, fortaleciendo sus organizaciones y las redes de apoyo mutuo.
el cumplimiento de la legislación internacional que garantiza la protección adecuada de los niños y niñas que son parte importante de los flujos migratorios internacionales.
la incorporación en nuestras luchas de la reivindicación de una justicia medio ambiental y el reconocimiento y protección jurídica de los refugiados que provoca el cambio climático y la destrucción del medio ambiente, urgiendo un nuevo orden mundial que promueva la dignidad humana de todas las personas, en sintonía con las potencialidades de nuestro planeta tierra.
la aplicación de políticas encaminadas a garantizar la igualdad de oportunidades profundizando mecanismos de inclusión que no dependan de la situación administrativa de las personas migrantes; de políticas que integren, en los servicios públicos, la diversidad cultural de las personas migrantes en los servicios públicos; de políticas a largo plazo para la integración de los jóvenes y para el avance en la equiparación de derechos para los colectivos migrantes de LGTB y sus familias.
el derecho al voto en el ámbito municipal y la participación activa en la definición de los planes locales de desarrollo y el respeto a la autonomía de las organizaciones y movimientos sociales, de tal manera que el ejercicio pleno de la ciudadanía de las personas migrantes sea efectivo.
la participación política del migrante para incidir, tanto en la política interna como en la política externa, de un país de llegada, a favor de su país de origen, visibilizando los beneficios que las personas migrantes traen, constituyéndose en sujetos activos.
la continuación del proceso de redacción colectiva de la Carta de los Migrantes así como la de todos aquellos procesos e iniciativas que signifiquen el fortalecimiento de la defensa de los derechos de las personas migrantes.
la multiplicación y fortalecimiento de medios de comunicación democráticos, incluyentes que, desde las voces de las personas y comunidades migrantes, reflejen adecuadamente la complejidad de la migración.
Queremos recuperar la dimensión del sujeto humano, de la dignidad humana evitando que la lógica mercantil afecte nuestra relación como movimientos sociales. Asumir que nuestra identidad como migrantes, refugiados y desplazados no niega nuestras otras múltiples identidades y luchas.
Migrar no es un delito, delito son las causas que originan las migración. Levantemos nuestras voces, defendamos nuestros derechos, luchemos juntos por construir un mundo sin muros.
En Rivas Vaciamadrid, a 13 de septiembre de 2008
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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores
Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.
El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.
El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.
ACCION PROTECTORA
Reducir las demoras en las distintas fases.
La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.
Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.
El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.
Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.
Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.
Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.
Preparar a los menores para su inserción laboral
Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.
Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.
La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.
El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.
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