jueves, mayo 22
Sube el numero de menores que delinque.
Un total de 273 menores delincuentes cumplieron en la región algún tipo de medida judicial durante 2007, un 15 por ciento más que en 2006, según los datos facilitados por la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Principado. En total, el Juzgado de Menores de Asturias, tutelado por la juez María Fidalgo, impuso el año pasado 360 medidas (en el caso de los menores se imponen medidas, no penas, según los términos de la ley del Menor), 80 de ellas de internamiento. El número de medidas impuestas por la juez y el de menores condenados no coincide porque puede darse el caso -y de hecho se da- de que un joven sea castigado al cumplimiento de más de una medida en la misma sentencia.
De las 80 medidas de internamiento dictadas el año pasado, 73 fueron en régimen semiabierto (los menores residen en el centro, pero pueden realizar actividades en el exterior), otras dos en régimen abierto (su «domicilio» es el centro, pero su formación se realiza completamente fuera) y cuatro en régimen terapéutico, en el caso de problemas mentales. Sólo hubo un ingreso en régimen cerrado. En 2006, el Juzgado dictó 71 medidas de internamiento, nueve menos que el año pasado. No obstante, según el Principado, a pesar de este aumento de medidas, el número de menores ingresados fue menor, 56 frente a los 60 de 2006. Esto se explica porque un mismo menor pudo ser internado varias veces, tras reincidir. En 2005, la cifra se elevó a 69 menores.
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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores
Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.
El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.
El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.
ACCION PROTECTORA
Reducir las demoras en las distintas fases.
La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.
Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.
El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.
Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.
Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.
Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.
Preparar a los menores para su inserción laboral
Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.
Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.
La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.
El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.
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