sábado, octubre 4

El Principado retiró en las últimas 24 horas la tutela de 4 recién nacidos


Cuatro recién nacidos pasaron ayer a depender del Principado. La Consejería de Bienestar Social decidió asumir su tutela temporal después de que los servicios médicos que atendieron los respectivos partos detectaran problemas de toxicomanías en las madres. En lo que va de año, han sido 20 los bebés cuya guarda y custodia ha pasado a manos de la Administración regional, en una tendencia al alza provocada por adiciones de las parturientas o, también, por la renuncia voluntaria de los progenitores en el momento del parto.
Así lo aseguró ayer en Gijón la directora general de Mayores, Infancia y Familias, Eva Sánchez, durante su ponencia en la sesión inaugural de las II Jornadas sobre Acogimiento, Adopción Nacional y Adopción Internacional que hasta hoy celebra en Gijón la Asociación Asturiana de Adoptantes, Asturadop.
Sánchez, que hasta la reciente remodelación de la consejería era la directora del Instituto de la Infancia, aseguró que «a pesar del evidente momento de desarrollo y bienestar de la sociedad asturiana», en los últimos dos años «se ha detectado un incremento de bebés que son puestos en adopción». Sin embargo, reconoció que, salvo en los casos de renuncia expresa de las madres, «14, en 2007», los demás implican un largo proceso de tramitación «porque, lo primero, es intentar que sus familias puedan hacerse cargo de ellos». Al final, cuando el bebé está en disposición de ser adoptado «ya ha cumplido los tres años».
62% casos en el aire
Ese largo lapso de tiempo fue objeto de crítica por los más de 90 padres y madres asistentes a las jornadas, ya que, como explicó el presidente de Asturadop, Joaquín García, «en Asturias se doblan los plazos de espera que se registran en otras comunidades». Tal y como lleva reivindicado Asturadop desde su creación, en 2005, el Principado incumple, incluso, su propia ley, «que marca un plazo de seis meses para obtener el certificado de idoneidad y, sin embargo, aquí se superan los 18 meses».
Eso genera, explicó García, «gran ansiedad y estrés en los adoptantes» y que «hasta el 62% de los casos se vean truncados los procesos». Para argumentar sus críticas ofreció datos oficiales, en los que se refleja que, desde 1999, en Asturias se presentaron 879 solicitudes de adopción. En el mismo periodo, sólo se culminaron 334. Por esa falta de agilidad, tanto en adopciones nacionales como en internacionales, García cree que «se están bajando las peticiones de adopción». De hecho, el año pasado se presentaron en Asturias 134 peticiones, la cifra más baja desde 2004.
Nuevo plan de infancia
Eva Sánchez asumió todas las críticas y reconoció que «tenemos retrasos de hasta dos años para dar el certificado» y que, en algunos casos, como en las adopciones con China, «hay familias que esperan desde hace casi tres años». Sin embargo, la directora general se mostró esperanzada «puesto que hemos reforzado los equipos de valoración», además de agilizar «los trámites». De hecho, aseguró que todas las críticas de los padres adoptantes se incluirán en el nuevo Plan de Infancia, 2008-2011, «que estará listo en diciembre».
Fuente: El Comercio/Ch.Tuya

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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores



Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.

El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.

El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.

ACCION PROTECTORA

Reducir las demoras en las distintas fases.

La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.

Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.

El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.

Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.

Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.

Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.

Preparar a los menores para su inserción laboral

Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.

Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.

La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.

El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.

Informe

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