MAYORÍA DE EDAD El 20 de noviembre de 2007 cumplió dieciocho años la Convención de los Derechos del Niño. Seguramente algunas personas deberían preguntarse si ese texto tiene algún valor o si, simplemente, sirve, como tantos otros, para quedar muy bien de cara a la galería y para decir que nuestro país, efectivamente, está entre los más avanzados del mundo en lo que se refiere al respeto por los derechos fundamentales. Un texto que tal vez nadie se ha leído con detenimiento desde que el rey lo sancionó con su firma.
Ese mismo día en el que algunos españoles se aprestan a sacar sus viejas camisas azules, que bordaron en rojo hace muchos años, y en el que otros organizan contramanifestaciones, un alumno español, Hassan, que cursaba primero de Educación Secundaria Obligatoria en un instituto de Badalona fue registrado e interrogado por agentes de la policía, a instancias de la dirección del centro, sin que sus padres hubiesen sido avisados. A continuación se decretó su expulsión cautelar y se le abrió un expediente por posesión y tráfico de drogas. Hassan contó que durante el interrogatorio le faltaron al respeto y que Carmen, la directora, instaba a los agentes a ser más duros con él y a que no lo tratasen como lo que era: un niño de trece años.
En ese mes de noviembre, de nuevo, un par de chicos eran interrogados por agentes de la policía en el interior del centro, sin que profesores o padres fuesen avisados. Algunos de los padres se enterarían meses después, otros todavía lo ignoran. Cuando los hechos fueron conocidos, la dirección del centro culpó a los conserjes.
El 11 de diciembre Hassan quedó expulsado definitivamente del instituto por una resolución de la directora en la que se afirmaba que el chico era responsable de posesión y tráfico de droga. Así lo comunicó en la siguiente reunión del Consejo Escolar.
En enero, diversos alumnos informaron sobre el caso de Hassan, una vez que se fue conociendo el motivo de su expulsión. Fruto de estas confesiones de sus compañeros de aventura (Tom y Huck), el cuatro de febrero fue presentado un informe por vía pública, que claramente exculpaba a Hassan de ambos delitos y que sugería la necesidad de revisar el caso.
Por otro lado, el 26 de noviembre de ese mismo dos mil siete, los alumnos de dos grupos y algunos profesores quedaron atónitos ante la pelea que estalló en el patio, durante la cual Keita, un alumno negro de origen gambiano, reaccionó con violencia ante los insultos racistas y burlas de un grupo de provocadores. En algún momento fue derribado y golpeado por varios muchachos, mientras una alumna y un profesor intentaban separarlos. Seguidamente la pelea se reprodujo en la sala de profesores, donde Keita derribó y golpeó duramente a uno de los que le habían agredido minutos antes.
Ese mismo día el padre de Keita, en el despacho de la directora supo que su hijo estaba expulsado del centro y tuvo que oír una frase que le produjo un dolor terrible: es que esto no es la selva. Como consecuencia de ello le sobrevino una depresión que le afectó durante cinco meses. Fue esa frase y conocer los detalles de la pelea lo que le hicieron considerar que en el asunto de su hijo había habido discriminación racial.
Unos días más tarde, a instancias de su tutor, Keita presentó una carta en la que explicaba cómo se habían estado metiendo con él y cómo otros compañeros de su grupo también habían sufrido insultos racistas.
En esos mismos días el tutor, Joan, informaba tener la convicción de que Keita había sido víctima de una agresión racista e instaba a la dirección a proteger los derechos de ese menor y a poner los hechos en conocimiento de las autoridades judiciales, ya que las agresiones de tipo racista figuran en el Código Penal. Igualmente informaba que las molestias de corte racista a las que fue sometido Keita reunían cuatro agravantes en el Decreto de Derechos y Deberes: la agresión fue por parte de un colectivo, tuvo motivación racista, fue pública y, además, había indicios de reiteración en ese tipo de actitudes en el pasado, contra el mismo alumno y contra otros de su grupo.
La dirección no actuó en ningún momento como establece la normativa cuando se detecta un presunto delito en el centro educativo. Tampoco acudió, a proteger, defender o consolar a los otros alumnos del grupo de Keita que habían recibido insultos similares.
Finalmente, después de un fuerte debate que dividió el centro en dos, la dirección reconsideró la expulsión definitiva de Keita y la redujo a una de tres meses, durante los cuales debería ser escolarizado en otro centro educativo. El entorno del alumno se negó a aceptar dicha sanción prefiriendo que hiciese la tarea en casa. Meses más tarde interpusieron una queja ante el Síndic de Greuges, por la naturaleza antipedagógica de ese tipo de sanción, recogida en la normativa vigente.
La petición del padre de Keita ante el Consejo Escolar y una fuerte presión desde arriba, en enero, hicieron que el Consejo Escolar revisase la resolución, disponiendo que el niño dedicara dos horas semanales a trabajos para la comunidad, aconsejando de paso a la familia que revisase la salud psicológica de su hijo, dada "la reacción desmesurada de Keita".
Una mediadora cultural, Laila, trabajaba el sentimiento de discriminación que padecían las familias de Keita y de Hassan quienes, casualmente, eran vecinas y musulmanas muy practicantes, hecho que provocó en la comunidad magrebí de los barrios de La Salut Baixa y del Congrés un fuerte dolor. A instancias de Laila, la familia de Hassan presentó un recurso en enero suplicando que se escolarizase a su hijo, que llevaba sin ir a clase desde el 20 de noviembre y que se revisase su expediente.
El recurso fue denegado en la primavera, con fecha posterior al informe interno exculpatorio de 4 de febrero, sin poder determinarse si quien firmó esa resolución, lo hizo sabiendo que había un informe contradictorio y resolvió injustamente, o si ese informe le fue ocultado expresamente al director de los Servicios Territoriales en alguna instancia administrativa intermedia.
Ante la negativa a dar explicaciones a la familia de Hassan, el tema fue llevado por la familia, a través de Laila, a SOS Racisme, que presentó una queja ante el Síndic de Greuges. En junio de ese mismo año, esta institución informó de las irregularidades que había detectado en ese caso: violación de los derechos del menor, asunción por parte del centro de competencias que no le eran propias, violación del derecho a la intimidad y falta de pruebas sobre los propios hechos en el mismo expediente. En dicho informe, el Síndic recomendaba la revisión del caso y la anulación de cualquier alusión a los delitos atribuidos en la resolución, hasta que no quedasen probados en sede judicial. Igualmente recomendaba que se orientase al centro sobre cómo se deben tramitar los expedientes, garantizando a la vez los derechos de los alumnos.
En el caso de Keita, su padre quería saber las razones que llevaron a la directora a despachar de malos modos a su hija cuando ésta pidió una entrevista. La administración educativa tardó tres meses en aceptar una reunión con la familia, que admitió las explicaciones de la Inspección, por el mal tono del trato recibido.
El grupo de Keita pasó una mala temporada debido a la pelea, las provocaciones anteriores y el desamparo en el que la directora, los había dejado. Durante unos meses estuvieron absolutamente solos, muy unidos a sus tutores, Joan y Azucena, pero reacios a cualquier cosa que representase la dirección del centro. En el grupo se encontraban Anuar, un chaval de Casablanca, y Bolívar y Brit, sudamericanos que habían padecido insultos racistas; Bolívar, además sufrió un interrogatorio policial; Charlie, un chico profundamente afectado, que lloraba aún de emoción meses después de los hechos. También formaba parte del grupo Adriana, una chica caribeña que, como las restantes, vivieron los hechos de forma menos sentida, pero más visceral que los chavales frente a las posiciones de la dirección del centro.
En mayo, Joan, el tutor del grupo, motivado por frases escuchadas en boca de la inspección como tampoco nos hemos equivocado tanto y sobre todo por la negativa de la directora a reconocer que había habido una agresión racista en el centro, decidió poner por escrito dos quejas ante los Servicios Territoriales, discriminando el asunto de Keita y el interrogatorio ilegal que sufrió Bolívar. En la respuesta, que no llegó hasta mediados de septiembre, el director venía a sostener que los expedientes de Keita y Hassan habían sido bien realizados, contradiciendo el informe del Síndic del mes de junio, en el segundo caso.
Días antes Joan había presentado ante el Síndic dos quejas: una de ellas aludía a la mala gestión y falta de respuesta adecuada de la dirección ante las agresiones de tipo xenófobo, que acabaron en la pelea del 26 de noviembre. La otra reclamaba por el interrogatorio policial padecido por Bolívar en dependencias del centro, sin la presencia de ningún profesor y sin comunicarlo a la familia del menor.
El entonces director de los Servicios Territoriales fue ascendido durante ese verano y Carmen, la directora, presentó la renuncia y hoy en día ocupa un cargo técnico en los servicios centrales del Departament d'Educació.
Nota de la Redacción: este texto pertenece a la novela de
Toni de la Rosa,
La escuela rota (Ediciones Carena, 2008). Queremos hacer constar nuestro agradecimiento al director de
Ediciones Carena,
José Membrive, por su gentileza al facilitar la publicación en
Ojos de Papel.
http://www.ojosdepapel.com/Index.aspx?article=3038 
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