Va pocos díes que cuatro centrales sindicales con representación na Xunta de Personal Funcionariu del Principáu d´Asturies denunciaben un descomanáu aumentu del númberu de puestos de llibre designación o a déu, como corrientemente se-yos conoz.
Los voceros sindicales talantaben qu´esti incrementu de los puestos de trabayu de confianza política taba frayando les condiciones d´imparcialidá imprescindibles pal desendolcu d´un llabor respetuosu col interés xeneral, al empar qu’afitaba una carrera profesional dirixida pola clas gobernate, lloñe de los principios de igualdá, méritu y capacidá qu´impón la Constitución. Dalgún periódicu recoyó’l datu de que los puestos a déu nel Principáu superaben yá’l 20 por cientu.
Pa salir de duldes y esclariar la cuestión nun se nos ocurre métodu meyor que tirar de les cifres espublizáes pol propiu Gobiernu autonómicu. Asina, na rellación de puestos de trabayu del personal funcionariu correspondiente a la pasada llexislatura (BOPA de 6 de marzu de 2007) – nun incluye al personal educativu, al sanitariu, nin al llaboral -, atopamos un total de 492 puestos de nomamientu dixital, demientres que na rellación de puestos de trabayu vixente ( ta acabante de espublizar nel BOPA de 16 de mayu d´esti añu) el númberu de plazes a déu ya sube a 550. Ye dicir, el datu oxetivu ye que crecieron, en apenes un añu, un 13 por cientu.
Pa valorar lo que supón esta cifra, tien que partise necesariamente del presupuestu de que pa la llei la llibre designación debe ser un procedimientu esceicional, estraordinariu, frente al concursu de méritos, que ye el sistema normal de nomamientu na función pública, precisamente pa respetar una carrera profesional imparcial y oxetiva.
Siendo asina que na rellación de puestos de trabayu espublizada’l 16 de mayu atrópense un total de 2.086 puestos singularizaos, ye dicir, d´ascensu na carrera profesional o de nivel superior a los puestos d´entrada o puestos base, los 550 provistos pol sistema del déu o de la confianza política suponen el 26,36 por cientu de los puestos d´ascensu pal personal funcionariu.
Con esti porcentaxe de nomamientos a déu, ¿pue dicise que la llibre designación ye, como esixe la llei, un sistema esceicional n´Alministración del Principáu d´Asturies?
Pero l´asuntu enrevésase bastante porque a lo espuesto añádese que la llegalidá tamién s´esfraya colos puestos de trabayu a cubrir por concursu de méritos, porque los concurso nun se convoquen nos plazos estipulaos. La llei diz que los puestos vacantes nun puen ocupase provisionalmente más d´un añu y que tienen que sacase a concursu nesi plazu, pero na práutica les convocatories nun se facen y los nomamientos provisionales o en comisión de servicios duren dellos años. Cómo estos nomamientos provisionales fácense tamién pola vía dixital, alcontrámonos “de facto” con un sistema de carrera profesional puestu al revés: el concursu de méritos ye la esceición y la llibre designación la regla xeneral.
Si esta ye la rempuesta a la denuncia sindical, la pregunta nun pue ser otra qu´el clásicu cui prodest: ¿a quién beneficia un sistema de carrera profesional na función pública asturiana sofitáu na confianza política?
Javier Álvarez Villa,
Silvino Cordero Pando
Xurde Blanco Puente
viernes, mayo 30
La Plataforma V de Vivienda se pasa a la especulación urbanística - CanalSolidario.org
Por Sébastien Chauvin, Nicolas Jounin et Lucie Tourette
Traducción José Calderón
El pasado martes 15 de abril, trescientos trabajadores sin-papeles de París y su periferia decidieron declararse simultáneamente en huelga en doce unidades de producción: empresas de limpieza, restaurantes, obras, almacenes. Un mes mas tarde, ya son mas de mil repartidos en más de treinta lugares. Apoyados por la CGT (el sindicato mayoritario de tradición comunista), los sindicatos Solidarios (una confederación análoga a la CGT española), la CNT y la asociación Droits Devants!!, estos trabajadores reclaman su regularización. Esta huelga coordinada es la primera en la historia del país. En algunas semanas, ha relegado a un segundo plano informativo una actualidad dominada por las expulsiones, y ha puesto en el mapa político a los inmigrantes como trabajadores.
Desde la vuelta al poder de la derecha en 2002, la represión contra los sin-papeles no ha dejado de intensificarse. Si el numero de expulsiones era de 10 000 en 2003, el año pasado alcanzo las 24 000. Los controles en las empresas son más frecuentes, y el acceso al empleo cada vez más difícil. Sékou, 38 años, trabajaba como techador desde 1996: <<>>.
Los despidos por no tener permiso de trabajo son cada vez más numerosos: <<>>.
La ley del 20 de noviembre de 2007 instituye una nueva división racial del trabajo. La ley facilita el acceso a 150 oficios <<>> a los solos ciudadanos de los nuevos Estados de la UE. Para los trabajadores no-comunitarios no queda más que una pequeña lista de 30 oficios altamente cualificados (<<>>, <<>>...) a los que la mayor parte de ellos no tiene acceso.
Tabla :
Los trabajadores emigrantes en Francia. Genealogía de un movimiento
años 1970: las luchas obreras están en el corazón de la cuestión de la inmigración. Abajo con la desigualdad formal de clase, se reclama en las empresas
años 1980 : el trabajador emigrante desaparece del espacio mediático, sustituido por el tema del racismo, de la integración cultural, de la trayectoria escolar de los emigrantes de segunda generación y de las <<>> en los barrios populares. La agrupación familiar sustituye a la inmigración laboral como vía principal de acceso al territorio francés.
1981-82 : el gobierno socialista regulariza 130 000 personas (trabajadores solteros en su mayoría). Los otros quedan invisibles durante una buena década.
años 90: nuevo movimiento de <<>>, ocupación de iglesias, huelgas de hambre. Los lideres se presentan como ciudadanos del mundo más que como trabajadores. En cuanto a los sindicatos, no están presentes más que como apoyo no central, en lo que aparece como un movimiento extranjero al mundo del trabajo
Las primeras huelgas tuvieron lugar en las empresas Modelux, Métal Couleur y Buffalo Grill, y fueron apoyadas por la Unión Local de la CGT de Massy (ciudad de la corona industrial). Tras estas primeras acciones, muy mediatizadas, cada vez más sin-papeles se personan en las permanencias sindicales, a menudo con motivo de un despido. Las reivindicaciones han adquirido una gran repercusion nacional gracias al peso político de los sindicatos: <<>>. En resumidas cuentas, la acción a través de la herramienta sindical los hace aparecer como sujetos, de un punto de vista objetivo y subjetivo.
La nueva campaña sindical pone de relieve hechos que hasta ahora no eran conocidos más que por una minoría: la practica totalidad de los inmigrantes sin-papeles trabajan, y no necesariamente "al negro" o en la economía informal, por lo que sus empleos <<>> abren a pesar de todo a la adquisición de derechos sociales. Su antigüedad en la empresa puede ser elevada. Tampoco tienen por qué quedarse en los escalones más bajos de la jerarquía, y muchos benefician de vacaciones pagas. Sin embargo, estos <<>> se encuentran supeditados a su condición objetiva de sin-papeles, y por tanto a la buena voluntad del empleador de turno.
La lucha actual es para muchos trabajadores sin-papeles el momento de descubrir derechos que les pertenecen por el hecho de disponer de un empleo: derecho a un salario mínimo, a un reposo semanal y a días festivos, a una indemnización por despido, derecho a reclamar salarios impagados o a llevar al empleador ante la justicia. Los huelguistas no se presentan como <<>> sino como asalariados que tienen derechos y que quieren todo lo "demás".
Estos derechos abren también a la acción colectiva. Los poderes públicos pueden enviar unidades de antidisturbios a una ocupación de un lugar publico, pero el derecho laboral los limita fuertemente en un caso de ocupación de empresa: <<>>.
El discurso de los huelguistas sobre sus patrones no es uniforme. Mamadou, oficial de la construcción desde hace tres años, encuentra <<>> a su empleador portugués. Incluso han pasado juntos un fin de semana en Lisboa. Pero se ha declarado en huelga porque su situación se ha vuelto cada vez más insostenible: tras un control policial, su patrón, tres colegas y él mismo fueron conducidos a dependencias policiales. El propio patrón portugués animo a sus empleados a ir a buscar consejo en el sindicato y a parar el trabajo. Samba, 32 años, no tiene la misma experiencia: <<>>.
Descolocados por la intensidad de la movilización, ciertos empleadores se han declarado solidarios de los huelguistas, invocando la penuria de mano de obra en sus sectores respectivos y las cualificaciones de sus propios trabajadores. Los sindicatos patronales de la hostelería y la restauración han reclamado la regularización de los asalariados sin-papeles contratados antes de julio de 2007. Los de la construcción y de la limpieza se han mostrado más discretos. La CEOE francesa se ha quedado callada.
Traducción José Calderón
El pasado martes 15 de abril, trescientos trabajadores sin-papeles de París y su periferia decidieron declararse simultáneamente en huelga en doce unidades de producción: empresas de limpieza, restaurantes, obras, almacenes. Un mes mas tarde, ya son mas de mil repartidos en más de treinta lugares. Apoyados por la CGT (el sindicato mayoritario de tradición comunista), los sindicatos Solidarios (una confederación análoga a la CGT española), la CNT y la asociación Droits Devants!!, estos trabajadores reclaman su regularización. Esta huelga coordinada es la primera en la historia del país. En algunas semanas, ha relegado a un segundo plano informativo una actualidad dominada por las expulsiones, y ha puesto en el mapa político a los inmigrantes como trabajadores.
Desde la vuelta al poder de la derecha en 2002, la represión contra los sin-papeles no ha dejado de intensificarse. Si el numero de expulsiones era de 10 000 en 2003, el año pasado alcanzo las 24 000. Los controles en las empresas son más frecuentes, y el acceso al empleo cada vez más difícil. Sékou, 38 años, trabajaba como techador desde 1996: <<>>.
Los despidos por no tener permiso de trabajo son cada vez más numerosos: <<>>.
La ley del 20 de noviembre de 2007 instituye una nueva división racial del trabajo. La ley facilita el acceso a 150 oficios <<>> a los solos ciudadanos de los nuevos Estados de la UE. Para los trabajadores no-comunitarios no queda más que una pequeña lista de 30 oficios altamente cualificados (<<>>, <<>>...) a los que la mayor parte de ellos no tiene acceso.
Tabla :
Los trabajadores emigrantes en Francia. Genealogía de un movimiento
años 1970: las luchas obreras están en el corazón de la cuestión de la inmigración. Abajo con la desigualdad formal de clase, se reclama en las empresas
años 1980 : el trabajador emigrante desaparece del espacio mediático, sustituido por el tema del racismo, de la integración cultural, de la trayectoria escolar de los emigrantes de segunda generación y de las <<>> en los barrios populares. La agrupación familiar sustituye a la inmigración laboral como vía principal de acceso al territorio francés.
1981-82 : el gobierno socialista regulariza 130 000 personas (trabajadores solteros en su mayoría). Los otros quedan invisibles durante una buena década.
años 90: nuevo movimiento de <<>>, ocupación de iglesias, huelgas de hambre. Los lideres se presentan como ciudadanos del mundo más que como trabajadores. En cuanto a los sindicatos, no están presentes más que como apoyo no central, en lo que aparece como un movimiento extranjero al mundo del trabajo
Las primeras huelgas tuvieron lugar en las empresas Modelux, Métal Couleur y Buffalo Grill, y fueron apoyadas por la Unión Local de la CGT de Massy (ciudad de la corona industrial). Tras estas primeras acciones, muy mediatizadas, cada vez más sin-papeles se personan en las permanencias sindicales, a menudo con motivo de un despido. Las reivindicaciones han adquirido una gran repercusion nacional gracias al peso político de los sindicatos: <<>>. En resumidas cuentas, la acción a través de la herramienta sindical los hace aparecer como sujetos, de un punto de vista objetivo y subjetivo.
La nueva campaña sindical pone de relieve hechos que hasta ahora no eran conocidos más que por una minoría: la practica totalidad de los inmigrantes sin-papeles trabajan, y no necesariamente "al negro" o en la economía informal, por lo que sus empleos <<>> abren a pesar de todo a la adquisición de derechos sociales. Su antigüedad en la empresa puede ser elevada. Tampoco tienen por qué quedarse en los escalones más bajos de la jerarquía, y muchos benefician de vacaciones pagas. Sin embargo, estos <<>> se encuentran supeditados a su condición objetiva de sin-papeles, y por tanto a la buena voluntad del empleador de turno.
La lucha actual es para muchos trabajadores sin-papeles el momento de descubrir derechos que les pertenecen por el hecho de disponer de un empleo: derecho a un salario mínimo, a un reposo semanal y a días festivos, a una indemnización por despido, derecho a reclamar salarios impagados o a llevar al empleador ante la justicia. Los huelguistas no se presentan como <<>> sino como asalariados que tienen derechos y que quieren todo lo "demás".
Estos derechos abren también a la acción colectiva. Los poderes públicos pueden enviar unidades de antidisturbios a una ocupación de un lugar publico, pero el derecho laboral los limita fuertemente en un caso de ocupación de empresa: <<>>.
El discurso de los huelguistas sobre sus patrones no es uniforme. Mamadou, oficial de la construcción desde hace tres años, encuentra <<>> a su empleador portugués. Incluso han pasado juntos un fin de semana en Lisboa. Pero se ha declarado en huelga porque su situación se ha vuelto cada vez más insostenible: tras un control policial, su patrón, tres colegas y él mismo fueron conducidos a dependencias policiales. El propio patrón portugués animo a sus empleados a ir a buscar consejo en el sindicato y a parar el trabajo. Samba, 32 años, no tiene la misma experiencia: <<>>.
Descolocados por la intensidad de la movilización, ciertos empleadores se han declarado solidarios de los huelguistas, invocando la penuria de mano de obra en sus sectores respectivos y las cualificaciones de sus propios trabajadores. Los sindicatos patronales de la hostelería y la restauración han reclamado la regularización de los asalariados sin-papeles contratados antes de julio de 2007. Los de la construcción y de la limpieza se han mostrado más discretos. La CEOE francesa se ha quedado callada.
Vamos a Cambiar el Mundo: En Francia, los trabajadores sin-papeles dicen basta
El pasado martes 15 de abril, trescientos trabajadores sin-papeles de París y su periferia decidieron declararse simultáneamente en huelga en doce unidades de producción: empresas de limpieza, restaurantes, obras, almacenes. Un mes mas tarde, ya son mas de mil repartidos en más de treinta lugares. Apoyados por la CGT (el sindicato mayoritario de tradición comunista), los sindicatos Solidarios (una confederación análoga a la CGT española), la CNT y la asociación Droits Devants!!, estos trabajadores reclaman su regularización. Esta huelga coordinada es la primera en la historia del país. En algunas semanas, ha relegado a un segundo plano informativo una actualidad dominada por las expulsiones, y ha puesto en el mapa político a los inmigrantes como trabajadores.
Desde la vuelta al poder de la derecha en 2002, la represión contra los sin-papeles no ha dejado de intensificarse. Si el numero de expulsiones era de 10 000 en 2003, el año pasado alcanzo las 24 000. Los controles en las empresas son más frecuentes, y el acceso al empleo cada vez más difícil. Sékou, 38 años, trabajaba como techador desde 1996: <<>>.
Los despidos por no tener permiso de trabajo son cada vez más numerosos: <<>>.
La ley del 20 de noviembre de 2007 instituye una nueva división racial del trabajo. La ley facilita el acceso a 150 oficios <<>> a los solos ciudadanos de los nuevos Estados de la UE. Para los trabajadores no-comunitarios no queda más que una pequeña lista de 30 oficios altamente cualificados (<<>>, <<>>...) a los que la mayor parte de ellos no tiene acceso.
Tabla :
Los trabajadores emigrantes en Francia. Genealogía de un movimiento
años 1970: las luchas obreras están en el corazón de la cuestión de la inmigración. Abajo con la desigualdad formal de clase, se reclama en las empresas
años 1980 : el trabajador emigrante desaparece del espacio mediático, sustituido por el tema del racismo, de la integración cultural, de la trayectoria escolar de los emigrantes de segunda generación y de las <<>> en los barrios populares. La agrupación familiar sustituye a la inmigración laboral como vía principal de acceso al territorio francés.
1981-82 : el gobierno socialista regulariza 130 000 personas (trabajadores solteros en su mayoría). Los otros quedan invisibles durante una buena década.
años 90: nuevo movimiento de <<>>, ocupación de iglesias, huelgas de hambre. Los lideres se presentan como ciudadanos del mundo más que como trabajadores. En cuanto a los sindicatos, no están presentes más que como apoyo no central, en lo que aparece como un movimiento extranjero al mundo del trabajo
Las primeras huelgas tuvieron lugar en las empresas Modelux, Métal Couleur y Buffalo Grill, y fueron apoyadas por la Unión Local de la CGT de Massy (ciudad de la corona industrial). Tras estas primeras acciones, muy mediatizadas, cada vez más sin-papeles se personan en las permanencias sindicales, a menudo con motivo de un despido. Las reivindicaciones han adquirido una gran repercusion nacional gracias al peso político de los sindicatos: <<>>. En resumidas cuentas, la acción a través de la herramienta sindical los hace aparecer como sujetos, de un punto de vista objetivo y subjetivo.
La nueva campaña sindical pone de relieve hechos que hasta ahora no eran conocidos más que por una minoría: la practica totalidad de los inmigrantes sin-papeles trabajan, y no necesariamente "al negro" o en la economía informal, por lo que sus empleos <<>> abren a pesar de todo a la adquisición de derechos sociales. Su antigüedad en la empresa puede ser elevada. Tampoco tienen por qué quedarse en los escalones más bajos de la jerarquía, y muchos benefician de vacaciones pagas. Sin embargo, estos <<>> se encuentran supeditados a su condición objetiva de sin-papeles, y por tanto a la buena voluntad del empleador de turno.
La lucha actual es para muchos trabajadores sin-papeles el momento de descubrir derechos que les pertenecen por el hecho de disponer de un empleo: derecho a un salario mínimo, a un reposo semanal y a días festivos, a una indemnización por despido, derecho a reclamar salarios impagados o a llevar al empleador ante la justicia. Los huelguistas no se presentan como <<>> sino como asalariados que tienen derechos y que quieren todo lo "demás".
Estos derechos abren también a la acción colectiva. Los poderes públicos pueden enviar unidades de antidisturbios a una ocupación de un lugar publico, pero el derecho laboral los limita fuertemente en un caso de ocupación de empresa: <<>>.
El discurso de los huelguistas sobre sus patrones no es uniforme. Mamadou, oficial de la construcción desde hace tres años, encuentra <<>> a su empleador portugués. Incluso han pasado juntos un fin de semana en Lisboa. Pero se ha declarado en huelga porque su situación se ha vuelto cada vez más insostenible: tras un control policial, su patrón, tres colegas y él mismo fueron conducidos a dependencias policiales. El propio patrón portugués animo a sus empleados a ir a buscar consejo en el sindicato y a parar el trabajo. Samba, 32 años, no tiene la misma experiencia: <<>>.
Descolocados por la intensidad de la movilización, ciertos empleadores se han declarado solidarios de los huelguistas, invocando la penuria de mano de obra en sus sectores respectivos y las cualificaciones de sus propios trabajadores. Los sindicatos patronales de la hostelería y la restauración han reclamado la regularización de los asalariados sin-papeles contratados antes de julio de 2007. Los de la construcción y de la limpieza se han mostrado más discretos. La CEOE francesa se ha quedado callada
Desde la vuelta al poder de la derecha en 2002, la represión contra los sin-papeles no ha dejado de intensificarse. Si el numero de expulsiones era de 10 000 en 2003, el año pasado alcanzo las 24 000. Los controles en las empresas son más frecuentes, y el acceso al empleo cada vez más difícil. Sékou, 38 años, trabajaba como techador desde 1996: <<>>.
Los despidos por no tener permiso de trabajo son cada vez más numerosos: <<>>.
La ley del 20 de noviembre de 2007 instituye una nueva división racial del trabajo. La ley facilita el acceso a 150 oficios <<>> a los solos ciudadanos de los nuevos Estados de la UE. Para los trabajadores no-comunitarios no queda más que una pequeña lista de 30 oficios altamente cualificados (<<>>, <<>>...) a los que la mayor parte de ellos no tiene acceso.
Tabla :
Los trabajadores emigrantes en Francia. Genealogía de un movimiento
años 1970: las luchas obreras están en el corazón de la cuestión de la inmigración. Abajo con la desigualdad formal de clase, se reclama en las empresas
años 1980 : el trabajador emigrante desaparece del espacio mediático, sustituido por el tema del racismo, de la integración cultural, de la trayectoria escolar de los emigrantes de segunda generación y de las <<>> en los barrios populares. La agrupación familiar sustituye a la inmigración laboral como vía principal de acceso al territorio francés.
1981-82 : el gobierno socialista regulariza 130 000 personas (trabajadores solteros en su mayoría). Los otros quedan invisibles durante una buena década.
años 90: nuevo movimiento de <<>>, ocupación de iglesias, huelgas de hambre. Los lideres se presentan como ciudadanos del mundo más que como trabajadores. En cuanto a los sindicatos, no están presentes más que como apoyo no central, en lo que aparece como un movimiento extranjero al mundo del trabajo
Las primeras huelgas tuvieron lugar en las empresas Modelux, Métal Couleur y Buffalo Grill, y fueron apoyadas por la Unión Local de la CGT de Massy (ciudad de la corona industrial). Tras estas primeras acciones, muy mediatizadas, cada vez más sin-papeles se personan en las permanencias sindicales, a menudo con motivo de un despido. Las reivindicaciones han adquirido una gran repercusion nacional gracias al peso político de los sindicatos: <<>>. En resumidas cuentas, la acción a través de la herramienta sindical los hace aparecer como sujetos, de un punto de vista objetivo y subjetivo.
La nueva campaña sindical pone de relieve hechos que hasta ahora no eran conocidos más que por una minoría: la practica totalidad de los inmigrantes sin-papeles trabajan, y no necesariamente "al negro" o en la economía informal, por lo que sus empleos <<>> abren a pesar de todo a la adquisición de derechos sociales. Su antigüedad en la empresa puede ser elevada. Tampoco tienen por qué quedarse en los escalones más bajos de la jerarquía, y muchos benefician de vacaciones pagas. Sin embargo, estos <<>> se encuentran supeditados a su condición objetiva de sin-papeles, y por tanto a la buena voluntad del empleador de turno.
La lucha actual es para muchos trabajadores sin-papeles el momento de descubrir derechos que les pertenecen por el hecho de disponer de un empleo: derecho a un salario mínimo, a un reposo semanal y a días festivos, a una indemnización por despido, derecho a reclamar salarios impagados o a llevar al empleador ante la justicia. Los huelguistas no se presentan como <<>> sino como asalariados que tienen derechos y que quieren todo lo "demás".
Estos derechos abren también a la acción colectiva. Los poderes públicos pueden enviar unidades de antidisturbios a una ocupación de un lugar publico, pero el derecho laboral los limita fuertemente en un caso de ocupación de empresa: <<>>.
El discurso de los huelguistas sobre sus patrones no es uniforme. Mamadou, oficial de la construcción desde hace tres años, encuentra <<>> a su empleador portugués. Incluso han pasado juntos un fin de semana en Lisboa. Pero se ha declarado en huelga porque su situación se ha vuelto cada vez más insostenible: tras un control policial, su patrón, tres colegas y él mismo fueron conducidos a dependencias policiales. El propio patrón portugués animo a sus empleados a ir a buscar consejo en el sindicato y a parar el trabajo. Samba, 32 años, no tiene la misma experiencia: <<>>.
Descolocados por la intensidad de la movilización, ciertos empleadores se han declarado solidarios de los huelguistas, invocando la penuria de mano de obra en sus sectores respectivos y las cualificaciones de sus propios trabajadores. Los sindicatos patronales de la hostelería y la restauración han reclamado la regularización de los asalariados sin-papeles contratados antes de julio de 2007. Los de la construcción y de la limpieza se han mostrado más discretos. La CEOE francesa se ha quedado callada
Las protestas sobre el ERA impiden el pleno
El alcalde de San Martín del Rey Aurelio, Ignacio Fernández, tuvo que suspender la sesión plenaria que se celebraba en la tarde de ayer, después de que un grupo de trabajadores del ERA manifestaran, de forma ruidosa y continuada, sus protestas por la intención del área de atención a los ancianos del Principado de privatizar el servicio que se prestará en la residencia geriátrica que se abrirá entre El Entrego y Sotrondio próximamente. El pleno se inició casi con toda normalidad, aunque poco después, y cuando aún no se habían debatido ni la mitad de los temas incluidos en el orden del día, una treintena de trabajadores interrumpió en el salón de plenos reivindicando la gestión pública del centro geriátrico de San Martín, una atención que controla el ERA y que será adjudicada a una empresa privada.
Los trabajadores mantuvieron sus silbidos, golpes y voces de protesta durante varios minutos, "lo que impedía que incluso nos pudiéramos oír entre los mismos concejales, por lo que lógicamente no se podía continuar la sesión", explicaron algunos de los ediles tras suspenderse la sesión. Además tampoco se podía realizar la grabación de las intervenciones políticas.
Fuente: Lavozdeasturias/jm
Rechazo a las privatizaciones de I. Republicana
miércoles, mayo 28
Emilio Calatayud destaca la mayor dureza, en ocasiones, de la Ley del Menor sobre la de adultos
El juez de Granada Emilio Calatayud ha descartado la necesidad de endurecer las penas por delitos a menores, pues ha asegurado que la Ley de Menores, tras su revisión de febrero de 2007, "es a veces más dura incluso que la de adultos".
Este juez de menores, conocido por sus sentencias ejemplarizantes, hizo estas declaraciones a Efe minutos antes de ofrecer una conferencia ante más de 400 padres y madres en un colegio del municipio mallorquín de Marratxí, próximo a Palma.
Frente a la insistencia de parte de la sociedad, que se muestra a favor de endurecer las penas a menores "más que a los mayores", Calatayud ha señalado que esa postura es un error porque no solucionada nada, pues ha recordado que "casi ningún preso en España pasa 20 años en la cárcel".
Calatayud ha reconocido que, en algunos casos, la privación de libertad a un menor es necesaria, sobre todo con respecto a delitos graves como la violación o el asesinato, algo que, ha asegurado, ya recoge la actual Ley de Menores.
Sin embargo, ha señalado que hay muchos otros casos, "la mayoría", en los que existen otras medidas más efectivas para imponer a un menor que ha cometido un delito porque, ha recordado, el objetivo "es que estos jóvenes delincuentes se rehabiliten, se reintegren con normalidad en la sociedad y puedan vivir su vida".
"Es más fácil y más fructífero para la sociedad y para el individuo buscar alternativas a la privación de libertad", ha asegurado Calatayud, para añadir que, en esta tarea, es necesario "el compromiso de todos".
Entre dichas medidas, este juez de Granada ha destacado la prestación de servicios a la comunidad, realizar estudios complementarios o las libertades vigiladas, opciones que ha señalado que "funcionan muy bien con los menores" y que, a su juicio, "convendría pasar a la Justicia de adultos".
Ha recordado que en España hay actualmente 80.000 presos y ha reconocido que la cifra podría ser más alta de no haber "tantas sentencias pendientes de ejecutar".
"Hay que buscar alternativas. Yo tengo chavales con condenas muy duras, privados de libertad, pero hay otros muchos que tienen la posibilidad de reparar su delito sin necesidad de que se les prive de la libertad", ha comentado el juez.
Pero para evitar llegar a estas cuestiones, la lucha contra el fracaso escolar es, en opinión de Calatayud, "prioritaria", pues ha apuntado que en el 82 por ciento de los casos de delincuencia de menores está vinculado al fracaso escolar, de modo que "si se trabaja con los padres y con la escuela se puede reducir mucho la delincuencia".
Calatayud ha advertido de que, en las escuelas, la solución no pasa por la expulsión del alumno, ya que, ha dicho, "hay chavales que son incapaces de estar más de tres horas en un aula, estudiando, pero esos críos tienen que formarse, aunque sea por otras vías, porque luego pueden madurar y modificar sus circunstancias personales". Informó EFE.
Europa se niega a sí misma ante la inmigración
Fue noticia hace unos días que un muchacho marroquí de 15 años recorrió desde Tánger 275 kilómetros en los bajos de un camión. Fue encontrado en Calera de León con síntomas de desnutrición. El chaval pretendía arribar a Europa en busca de una oportunidad para labrarse un futuro mejor que el que tenía en su lugar de origen. Según la terminología al uso, el muchacho es un 'sin papeles' (expresión horrible que ofende la dignidad humana), y, si prospera la iniciativa que se está debatiendo en la Unión Europea (UE) podría ser detenido y expulsado en condiciones que deberían avergonzarnos e indignarnos a quienes creemos que los derechos humanos y el sistema de garantías que los protegen deben constituir el pilar básico e irrenunciable de los países que conforman la UE.El pasado viernes, los representantes de los Gobiernos de la Unión Europea adoptaron un acuerdo, que será aprobado como directiva de la Comisión Europea (salvo que el Parlamento Europeo lo rechace), según el cual los inmigrantes 'sin papeles' extracomunitarios podrían ser detenidos hasta 18 meses por orden gubernativa y expulsados, todo ello sin un control judicial con las debidas garantías. Hoy en día todos los países disponen de legislación propia sobre el tema, y la Directiva pretende armonizar esas legislaciones, lo que en la práctica supondrá dar carta de naturaleza con ropaje jurídico europeo a actuaciones transgresoras de los sistemas de protección de los derechos humanos y, asimismo, dar cobertura al endurecimiento de las legislaciones menos represivas.
Resulta preocupante que la UE no haya elaborado una política de inmigración (salvo los controles para la entrada a la Unión -acervo de Schengen-) ni de cooperación al desarrollo o de consecución de los Objetivos del Milenio de la ONU, y haya cerrado los ojos ante la angustiosa realidad de la población inmigrante -quiero poner énfasis, sobre todo, en la concerniente a los menores no acompañados- y, en cambio, se mueva ahora para acometer acciones dirigidas contra la inmigración «ilegal» (que en tiempos de bonanza económica ha dado pingües beneficios al capitalismo sin rostro humano) olvidando, cuando no vulnerando, lo que constituye -o así debería ser- el alma de Europa: los derechos humanos de las personas. Y atentando cínicamente contra su memoria histórica, que nos recuerda que millones de europeos cruzaron el Atlántico sin papeles en busca de un futuro mejor.
La que ha sido calificada por ONG y articulistas como la Directiva de la vergüenza no resultaría compatible con una lectura no restrictiva de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. Tampoco casaría con la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, con la Convención Internacional contra la Tortura ni con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de 1989. Estas normas internacionales obligan a la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea y sus preceptos no pueden soportar, sin retorcerlos hasta hacerlos irreconocibles, las detenciones y las expulsiones reguladas en legislaciones de muchos países europeos, que la Comisión Europea se propone elevar a categoría de directiva.
El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, ha sido muy explícito cuando ha declarado que «la detención sólo debe usarse con los criminales, y los inmigrantes no lo son». Sorprendentemente, nadie ha cuestionado la detención. El objeto del debate han sido el período de esa detención, la flexibilización y desnaturalización de las garantías jurídicas y cuestiones tales como la negativa de algunos países a asumir los gastos derivados de la asistencia letrada a las personas que se quiera expulsar (¡qué mezquindad!). Este tipo de actuaciones, entre otras consecuencias nefastas, desacreditan a los estados miembros de la UE cuando éstos se presentan ante la Comunidad Internacional como países que cuentan con sistemas particularmente garantistas de las libertades y derechos fundamentales.
El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, ha sido muy explícito cuando ha declarado que «la detención sólo debe usarse con los criminales, y los inmigrantes no lo son». Sorprendentemente, nadie ha cuestionado la detención. El objeto del debate han sido el período de esa detención, la flexibilización y desnaturalización de las garantías jurídicas y cuestiones tales como la negativa de algunos países a asumir los gastos derivados de la asistencia letrada a las personas que se quiera expulsar (¡qué mezquindad!). Este tipo de actuaciones, entre otras consecuencias nefastas, desacreditan a los estados miembros de la UE cuando éstos se presentan ante la Comunidad Internacional como países que cuentan con sistemas particularmente garantistas de las libertades y derechos fundamentales.
Deberíamos, además, tener muy presente que en el desarrollo social, cultural y económico europeo han contribuido recursos, pensamiento, arte y población que no son europeos. Esto es innegable y deberíamos ser justos, honestos y consecuentes en reconocerlo. En cualquier caso, la Unión Europea debería implicarse en cumplir, sin ninguna excepción, las obligaciones que dimanan de los instrumentos del Derecho internacional humanitario, y en defender los derechos humanos en todos los países. Además, es necesario hacer un esfuerzo por armonizar políticas de solidaridad y de responsabilidad con los países de los que son originarias «las personas nacionales de países terceros», máxime cuando Europa no es ajena a la crisis alimentaria por el aumento de la demanda de agrocarburantes o la falta de control de la especulación financiera. No es de recibo que mientras observamos cómo aumentan las protestas por la subida de los precios de los alimentos, que han afectado ya a numerosos países, tratemos de decidir como una prioridad, la manera más rápida y eficaz de detener y expulsar a personas inmigrantes 'sin papeles'.
No debemos obviar, de todos modos, que el desarrollo de los derechos sociales en la UE es alto y que ello limita la capacidad de absorción, en términos de equidad social, de población inmigrante. Pero ante este formidable reto no deberíamos achicar -y mucho menos anular- los fundamentos de nuestras democracias, sino hacer uso de la política, de la política con mayúsculas. La política debería llevar el timón de todo lo relacionado con los flujos migratorios sin dejarlo a los vaivenes y a la falta de escrúpulos de los mercados. Se debería diseñar a escala europea una verdadera política de inmigración, en clave constructiva y humanitaria, y con perspectiva de futuro, anticipándose a problemas previsibles. Deberían conjugarse en los diferentes ámbitos territoriales políticas sociales y de inmigración, y eso obliga a pensar, a debatir, a planificar, a coordinarse, a habilitar cauces de participación a las ONG. Y la UE debería elaborar de forma definitiva un Plan Marshall para África, a la que en la época de la colonización, y aun después, ha extraído ingentes cantidades de recursos.
Lo que es inadmisible desde el punto de vista de los derechos humanos es que bajo el concepto equívoco de retención estén detenidas 20.000 personas en Europa en condiciones muchas veces lamentables, por orden gubernativa y sin intervención judicial, y que la UE se disponga no sólo a amparar esa situación, sino a facilitar su expulsión sin las debidas garantías. El sistema de garantías de protección de los derechos humanos es, precisamente, una pieza nuclear y esencial en un Estado democrático de Derecho, y eso significa que en cualquier proceso de detención y de expulsión deben intervenir desde el primer momento jueces y abogados. Si no, nos estamos cargando los fundamentos de la democracia, y esto un defensor de los derechos humanos, en este caso el Ararteko, no lo puede consentir.
«Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y de conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros». Así reza el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que este año cumple 60 años. La Unión Europea está a punto de introducir en dicha hermosa proclama una modificación que conllevará la exclusión de ella de centenares de miles de mujeres, hombres, adolescentes, niñas y niños, y que, al mismo tiempo, eliminará el deber ético de la fraternidad.
Fuente:
Fuente:
Informe 2008 de Amnistía I.(España)
Fuerzas policiales y de seguridad
Tortura y otros malos tratos
Los informes de tortura y otros malos tratos por agentes encargados de hacer cumplir la ley seguían estando extendidos. Ni los organismos a los que pertenecían los agentes ni las autoridades judiciales investigaron tales casos con arreglo a las normas internacionales, lo que en la práctica dio lugar a situaciones de impunidad.
- Durante las investigaciones sobre el caso de 22 personas detenidas en enero de 2006 por cargos relacionados con terrorismo, varias de ellas contaron al juez de instrucción que habían sufrido torturas y otros malos tratos a manos de agentes de la Guardia Civil mientras estaban recluidas en régimen de incomunicación. Al final del año no se tenía conocimiento de que se hubiera realizado una investigación criminal sobre tales denuncias.
- El 27 de abril, tres agentes de la Guardia Civil fueron declarados culpables de delitos relacionados con la muerte bajo custodia de Juan Martínez Galdeano en el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar, ocurrida el 24 de julio de 2005. El oficial al mando, José Manuel Rivas, fue declarado culpable de un delito de atentado no grave contra la integridad moral del fallecido y una falta de lesiones, y condenado a 15 meses de cárcel, tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y una multa. A otros dos agentes se los declaró culpables de lesiones con la agravante de abuso de superioridad y se les impuso una multa. Cinco agentes fueron absueltos. Tanto la acusación como la defensa presentaron recursos contra la sentencia.
- El 19 de julio, un hombre de Ghana llamado Courage Washington resultó herido de gravedad en un incidente con disparos en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Dos agentes de policía vestidos de civil se acercaron a él y le pidieron sus documentos de identidad. Courage Washington, que tenía problemas de salud mental, al parecer sacó una pistola de juguete del bolsillo y los agentes le dispararon cuatro veces. Según testigos, algunos disparos se efectuaron cuando ya había caído al suelo. Con posterioridad se abrió una investigación criminal contra Courage Washington por agresión a un agente de la autoridad. Su abogado había presentado una denuncia contra la policía.
Armas Taser
Varios organismos encargados de hacer cumplir la ley anunciaron que habían adquirido armas de electrochoque Taser, y policías locales en al menos tres comunidades autónomas ya las estaban utilizando. La Policía Nacional y la Guardia Civil no las usaban. La normativa y las medidas de control relativas a la tenencia y el uso de tales armas por agentes encargados de hacer cumplir la ley eran insuficientes.
Migración
Abusos durante la expulsión
En julio, el Ministerio del Interior dio a conocer un borrador de protocolo de actuación para la Policía Nacional y la Guardia Civil, relativo a medidas de seguridad en la repatriación y el traslado de detenidos, incluidos migrantes irregulares. Este protocolo no reflejaba debidamente las normas europeas de derechos humanos pertinentes ni las recomendaciones de organizaciones internacionales sobre el uso de la fuerza y las técnicas de inmovilización por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley durante las expulsiones. En la lista de materiales de uso autorizado en las expulsiones, el protocolo incluía «cinta reforzada», «cinturones y prendas inmovilizadoras» y «cascos de autoprotección», lo que podría contravenir la prohibición internacional de trato cruel, inhumano o degradante y causar asfixia u otros daños físicos graves a la persona expulsada.
- El 9 de junio, el ciudadano nigeriano Osamuyia Akpitaye murió en el curso de un intento de expulsión. Según testigos, los dos agentes que lo acompañaban en el vuelo de Madrid a Lagos lo habían atado de pies y manos y amordazado, presuntamente con cinta adhesiva, para contrarrestar su resistencia a ser expulsado. Osamuyia Akpitaye murió al poco tiempo de despegar el avión. Una autopsia determinó que había muerto por asfixia.
Tramitación extraterritorial
Las autoridades españolas llevaron a cabo numerosas operaciones de rescate para salvar a migrantes y solicitantes de asilo en peligro cuando intentaban llegar a Europa por mar. Sin embargo, se conculcaron los derechos de muchas de estas personas en el curso de su interceptación y en los centros de tramitación de carácter extraterritorial. Las condiciones de reclusión de las personas detenidas en tales centros y su derecho de acceso al procedimiento de concesión de asilo no se adecuaban a las normas internacionales.
- El 30 de enero, el servicio de rescate marítimo español (Salvamento Marítimo), interceptó la embarcación Marine I con 369 personas a bordo. El pasaje, que se pensaba que provenía de Asia y del África subsahariana, se dirigía a las Islas Canarias. El servicio de rescate español ayudó a la embarcación a alcanzar una posición situada a 12 millas náuticas de la costa de Mauritania, donde permaneció casi dos semanas hasta que las autoridades mauritanas y españolas acordaron, el 12 de febrero, permitir que atracase en Mauritania. Como parte del acuerdo, las autoridades españolas tenían autorización para gestionar en Mauritania la prestación de asistencia y la tramitación del tránsito de los migrantes y solicitantes de asilo. Las autoridades españolas aceptaron tramitar las solicitudes de asilo de 10 srilankeses que iban a bordo, que fueron trasladados a las Islas Canarias junto a otras 25 personas. Pero, a pesar del informe positivo elaborado por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), las solicitudes de asilo no fueron admitidas en virtud del procedimiento de asilo español y esas 10 personas fueron expulsadas el 25 de marzo. Según informes recibidos en abril, de las 369 personas que iban a bordo del Marine I, 35 fueron devueltas a Guinea, 161 a India y 115 a Pakistán. Al parecer, 23 continuaron detenidas en un hangar de Mauritania sujeto al control efectivo de las autoridades españolas en condiciones que no se ajustaban a la legislación española. El 18 de mayo se trasladó a 17 de ellas a un centro de detención bajo jurisdicción mauritana y en junio fueron devueltas a Pakistán. Las otras 6 fueron trasladadas a Melilla, en España, para recibir tratamiento psicológico debido a su experiencia bajo custodia.
- En marzo, la embarcación Happy Day, que transportaba a 260 migrantes irregulares desde Senegal hasta las Islas Canarias, fue interceptada por un navío italiano que actuaba a instancias de España como parte de Frontex, la agencia encargada de vigilar las fronteras de la Unión Europea. Tras las disputas entre España, Senegal y Guinea –país considerado punto de partida–, estas 260 personas pasaron una semana a bordo de la embarcación anclada en Kamsar, Guinea, debido a que las autoridades guineanas se negaban a autorizar su desembarco. Amnistía Internacional perdió el rastro de los migrantes a partir de ese momento.
Menores no acompañados
La reunificación familiar de los menores no acompañados no garantizaba que se tomara debidamente en cuenta el mejor interés del menor. Se expulsó a Marruecos a menores no acompañados sin garantías suficientes sobre su seguridad.
Ley de Extranjería
En noviembre, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales varias disposiciones de la Ley de Extranjería de 2000 que restringían el derecho de asociación de las personas migrantes y su acceso a educación básica y asistencia jurídica gratuita.
Violencia contra las mujeres
Dos años después de promulgarse la ley contra la violencia de género, las mujeres seguían encontrando obstáculos para obtener protección, justicia y reparación. Algunos preceptos básicos de la ley todavía estaban en fase de desarrollo o se aplicaban con demasiada lentitud. No obstante se adoptaron algunas medidas positivas, como el Protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de género. El número de mujeres muertas a manos de su pareja o ex pareja alcanzó la cifra de 71 en 2007. De ellas, 48 eran de nacionalidad extranjera. Las mujeres migrantes continuaron especialmente expuestas a sufrir actos de violencia al seguir estando discriminadas en la legislación y en la práctica cuando intentaban acceder a la justicia y a recursos básicos como ayuda económica, tratamiento psicológico y acceso a centros de acogida.
El 22 de marzo se aprobó legislación para ampliar la condición de refugiado a las mujeres que huían de la persecución basada en el género.
Grupos armados
Tras anunciar el fin del «alto el fuego permanente», ETA reanudó los atentados en España. El final del alto el fuego –roto en la práctica el 30 de diciembre de 2006 con la comisión de un atentado con bombas en el aeropuerto de Madrid-Barajas que causó la muerte de dos personas– se declaró oficialmente el 5 de junio de 2007. El 24 de agosto, un coche bomba que explotó en el exterior del cuartel de la Guardia Civil en Durango, en el País Vasco, causó daños a propiedades pero ninguna víctima mortal. El 9 de octubre, el guardaespaldas de un concejal vasco resultó herido en otro atentado con bomba. El 1 de diciembre, dos agentes de la Guardia Civil que iban desarmados murieron como consecuencia de disparos efectuados por presuntos miembros de ETA en Capbreton, Francia. Se detuvo a un hombre y una mujer y se los acusó de asesinato; un tercer sospechoso logró escapar.
Medidas antiterroristas
El 4 de octubre, 22 personas presuntamente relacionadas con la dirección del partido político vasco Batasuna, prohibido en 2003 en aplicación de la Ley de Partidos Políticos, fueron detenidas en una reunión por presunta pertenencia a una organización terrorista.
El 19 de diciembre, la Audiencia Nacional dictó sentencia en relación con el llamado «macroproceso 18/98», juicio en el que 47 personas fueron declaradas culpables de integración o colaboración con ETA en distintos grados como consecuencia de su trabajo en varias organizaciones nacionalistas vascas. En la sentencia se afirmaba que tales organizaciones formaban parte de ETA o seguían sus instrucciones. Al terminar el año seguían pendientes varios recursos contra la sentencia. Varios de los condenados habían declarado públicamente su oposición a ETA y al uso de la violencia con fines políticos.
«Guerra contra el terror»
A principios de 2007 salieron a la luz denuncias relativas a la participación de la policía española en interrogatorios de detenidos entre 2002 y 2005 en el centro de detención estadounidense instalado en la bahía de Guantánamo. En respuesta a las preguntas de Amnistía Internacional, el Ministerio del Interior confirmó que se habían producido dos visitas de la policía española a Guantánamo, en julio de 2002 y en febrero de 2004.
El 19 de diciembre, tres ex residentes británicos detenidos en Guantánamo fueron liberados y regresaron al Reino Unido. Dos de ellos, Jamil El Banna y Omar Deghayes, comparecieron ante un tribunal el 20 de diciembre en una vista preliminar relacionada con la solicitud de extradición formulada por España por cargos relacionados con terrorismo. Los afectados se oponían a su extradición. Al final del año no se había adoptado una decisión.
Al menos 50 vuelos fletados por la CIA estadounidense con origen o destino en Guantánamo hicieron escala en territorio español o lo sobrevolaron entre 2002 y 2007, según la información aparecida en medios de comunicación que citaba datos del organismo españolAENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea). El último de estos vuelos de que se tuvo conocimiento se realizó en febrero de 2007. En algunos casos, los aviones aterrizaron en bases militares que también utilizaban las fuerzas estadounidenses. La información se entregó a la autoridad judicial que investigaba los presuntos vuelos de la CIA a través de España, relacionados con las entregas extraordinarias (transferencias ilegales de sospechosos entre países). Al parecer, el gobierno tenía conocimiento de estos vuelos pero no lo mencionó al Parlamento español a pesar de que éste había solicitado toda la información disponible sobre este asunto en abril de 2006, ni tampoco al personal investigador del Consejo de Europa y el Parlamento Europeo.
En febrero comenzó el juicio de 28 personas acusadas de participar en los atentados del 11 de marzo de 2004 en los trenes de cercanías de Madrid. La Audiencia Nacional declaró culpables a 21 de ellas y absolvió a 7 en octubre. Tres hombres fueron condenados a 42.000 años de cárcel.
Impunidad
En noviembre, el Parlamento aprobó una ley relativa a las víctimas del franquismo y la guerra civil española de 1936-1939. Pese a algunas características positivas, esta ley distaba mucho de ajustarse a las normas internacionales sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de derechos humanos a interponer recursos y obtener reparaciones.
Informes y visitas de Amnistía Internacional
- Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron España en febrero, marzo, junio y noviembre.
- España: Sal en la herida. La impunidad efectiva de agentes de policía en casos de tortura y otros malos tratos (EUR 41/006/2007)
- Europe and Central Asia: Summary of Amnesty International’s Concerns in the Region, January-June 2007 (EUR 01/010/2007)
sábado, mayo 24
El PSOE apuesta por la privatización
"... El Gobierno socialista de Areces gira a la derecha. Ésta decisión política tiene efectos inmediatos en ámbitos que afectan, diariamente, a la vida de muchos asturianos y asturianas. A finales del pasado año, cuando el Gobierno remitió al Parlamento de Asturias su proyecto de presupuesto tuvimos la oportunidad de comprobar cuáles eran las prioridades reales del Partido Socialista. Creo que los números hablaban por sí mismos: seis millones de euros menos para crear nuevas plazas en residencias o 15 millones de euros menos para políticas públicas de vivienda. Estos son sólo dos ejemplos de los muchos existentes. Frente a estos recortes, nos encontrábamos con las prioridades de Areces: 36 millones para la TPA, más de 22 millones para la Universidad Laboral, incrementos del 87% para sociedades como Recrea o del 20% para los asesores del presidente".
"... Los servicios públicos no son su prioridad para Areces. Tampoco es una novedad porque algunos aún recordamos las innumerables dificultades que tuvimos que superar en el Gobierno para crear empleo público, incrementar la plantilla del ERA con empleo estable y con derechos, reducir la temporalidad y poner fin a las privatizaciones que otros habían iniciado años atrás. No fue fácil porque Areces sigue teniendo verdadera alergia a incrementar el número de empleados públicos en Asturias y prefiere recurrir a subcontratas".
Leer más en elcomerciodigital.com
viernes, mayo 23
Claves sobre la pobreza y la exclusión social en España
Esta guía se ha hecho para que los actores que trabajan a favor de la inclusión social en España mejoren su conocimiento y comprensión sobre los fenómenos de la exclusión social y de la pobreza.
Es una publicación que forma parte del proyecto "A Favor de la Inclusión Social: Sensibilización, Movilización y Debate".
EL PARLAMENTO EUROPEO PIDE EL FIN DEL SINHOGARISMO PARA 2015
24 de abril de 2008.- A comienzos de este mes, 438 Miembros del Parlamento Europeo, en representación de todos los países de la Unión Europea y de toda la clase política, apelaron a los Estados Miembros y a las instituciones de la UE para que se tomasen acciones urgentes con el fin de acabar con el sinhogarismo para el 2015. La iniciativa ha sido apoyada por todos los países de la Unión, si bien cabría destacar el reducido número de europarlamentarios españoles (de 54 solamente 20) y alemanes que la han firmado.
FEANTSA (1) y sus miembros agradecen la adopción de la Declaración Escrita 111/2007 sobre el fin de la situación de las personas sin hogar, que envía el claro mensaje político de que la solución al sinhogarismo es una cuestión muy urgente en toda Europa y debe afrontarse de un modo concreto y determinado. La Declaración va más allá y exige el establecimiento de una definición de sinhogarismo dentro del marco europeo, la recopilación de datos estadísticos fiables, y la elaboración de “planes de emergencia de invierno” como parte de una estrategia más amplia.
FEANTSA considera que la adopción de la Declaración es un paso importante en la lucha contra el sinhogarismo, otorgando, a su vez, un espacio renovado para el desarrollo, puesta en práctica y seguimiento de nuevas iniciativas. También supone un cambio en el acercamiento a la problemática: en lugar de simplemente gestionar el sinhogarismo, existe ahora un ímpetu político para acabar definitivamente con esta situación. Esto trae reminiscencias de acciones que han tenido lugar en algunos países europeos, como Escocia y Finlandia, que se han comprometido a acabar con el problema y, por ende, han implementado medidas para poder conseguirlo.
FEANTSA pide el compromiso de que el asunto sea debatido en parlamentos nacionales y exige pasos concretos para que el fin del sinhogarismo pueda ser abordado, tanto a nivel nacional como europeo. Freek Spinnewijn, Director de FEANTSA, establece que “ésta es una oportunidad única para que los Estados Miembros y las instituciones de la Unión Europea muestren su firme determinación para crear una Europa más social”.
Para más información, contactar con:
FEANTSA (1) y sus miembros agradecen la adopción de la Declaración Escrita 111/2007 sobre el fin de la situación de las personas sin hogar, que envía el claro mensaje político de que la solución al sinhogarismo es una cuestión muy urgente en toda Europa y debe afrontarse de un modo concreto y determinado. La Declaración va más allá y exige el establecimiento de una definición de sinhogarismo dentro del marco europeo, la recopilación de datos estadísticos fiables, y la elaboración de “planes de emergencia de invierno” como parte de una estrategia más amplia.
FEANTSA considera que la adopción de la Declaración es un paso importante en la lucha contra el sinhogarismo, otorgando, a su vez, un espacio renovado para el desarrollo, puesta en práctica y seguimiento de nuevas iniciativas. También supone un cambio en el acercamiento a la problemática: en lugar de simplemente gestionar el sinhogarismo, existe ahora un ímpetu político para acabar definitivamente con esta situación. Esto trae reminiscencias de acciones que han tenido lugar en algunos países europeos, como Escocia y Finlandia, que se han comprometido a acabar con el problema y, por ende, han implementado medidas para poder conseguirlo.
FEANTSA pide el compromiso de que el asunto sea debatido en parlamentos nacionales y exige pasos concretos para que el fin del sinhogarismo pueda ser abordado, tanto a nivel nacional como europeo. Freek Spinnewijn, Director de FEANTSA, establece que “ésta es una oportunidad única para que los Estados Miembros y las instituciones de la Unión Europea muestren su firme determinación para crear una Europa más social”.
Para más información, contactar con:
- Cáritas Española, Marisa Salazar, 619 268939;
- Fundación RAIS, Juan Antonio Illán Frutos, 647761971.
(1) FEANTSA es la Federación Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con las Personas sin Hogar. Creada en 1989, FEANTSA representa en la actualidad a más de 100 organizaciones que trabajan con personas que viven en situación de sin hogar en unos 30 países europeos. FEANTSA España está formada por las entidades: ADIGSA, Associació ProHabitatge, Asociación Provivienda, Associació Rauxa, Cáritas Española, Desenvolupament Comunitari, FACIAM, Fundacio ARRELS, Fundacio Centre d'Acolliment I Servais Socials, Fundación LESMES, Fundación RAIS, Fundació Un Sol Món, Hermandad del Santo Refugio, Red Acoge y Solidarios para el Desarrollo. Para más información, visite www.feantsa.es o www.feantsa.org
¿Son l@s "menores infractores" enferm@s mentales?
Llegan cada vez más mensajes que señalan los orígenes de delito en factores intrísecos de la persona y no en el contexto social.
Cada vez se medica de manera más crónica a l@s chavales pres@s para, supuestamente "curarles" o "amortiguar" sus presuntas enfermedades neurológicas.
El catedrático de psicología de la Universidad de Oviedo Marino Pérez ha publicado interesantes artículos a este respecto. Citamos algunas frases del último que hemos encontrado, publicado en http://www.infocoponline.es/view_article.asp?id=1838
La noción de enfermedad aplicada a los trastornos psicológicos podría ser defendida en aras de la reducción del estigma (…) El culpable sería el cerebro y una suerte de lotería genética negativa.
(…)Lejos de evitar el estigma es, en realidad, estigmatizante. (…)las personas con supuestas enfermedades mentales son tratadas con distancia y consideradas como imprevisibles y poco fiables, incluso por los familiares y los propios clínicos (Read, Haslam, Sayce y Davies, 2006; Van Dorn, Swanson, Elbogen y Swartz, 2005).
(…)Lejos de evitar el estigma es, en realidad, estigmatizante. (…)las personas con supuestas enfermedades mentales son tratadas con distancia y consideradas como imprevisibles y poco fiables, incluso por los familiares y los propios clínicos (Read, Haslam, Sayce y Davies, 2006; Van Dorn, Swanson, Elbogen y Swartz, 2005).
(…)son tratadas con más dureza que si lo hacen en términos psicológicos, como se ha visto en estudios experimentales, siguiendo el paradigma de Milgran. Los participantes llegaban a aplicar supuestamente shocks más fuertes en una tarea de aprendizaje a los "aprendices" que, según se había sugerido, habrían padecido una "enfermedad mental", que a los que habían tenido "dificultades psicológicas" o nada en especial (Metha y Farina, 1997).
El desequilibrio neuroquímico es más algo supuesto por el modelo psicofarmacológico que evidenciado por la investigación psicopatológica. Sin menoscabo de la existencia de desequilibrios químicos en la base de ciertas enfermedades (sea por caso el de la glucosa en relación con la diabetes), lo cierto es que no está establecido ningún desequilibrio neuroquímico específico en relación con ningún trastorno mental. De hecho, tales supuestos desequilibrios, incluyendo el tan socorrido de la serotonina en relación con la depresión son, en realidad, más dispositivos del marketing farmacéutico que hallazgos científicos.
Con todo, no se negaría la utilidad de los psicofármacos (…) deberían aplicarse por un tiempo limitado del orden, por ejemplo, de 3-6 meses y no de los años y años que suelen, lo que evidencia su ineficacia (…)
Fuente:
El desequilibrio neuroquímico es más algo supuesto por el modelo psicofarmacológico que evidenciado por la investigación psicopatológica. Sin menoscabo de la existencia de desequilibrios químicos en la base de ciertas enfermedades (sea por caso el de la glucosa en relación con la diabetes), lo cierto es que no está establecido ningún desequilibrio neuroquímico específico en relación con ningún trastorno mental. De hecho, tales supuestos desequilibrios, incluyendo el tan socorrido de la serotonina en relación con la depresión son, en realidad, más dispositivos del marketing farmacéutico que hallazgos científicos.
Con todo, no se negaría la utilidad de los psicofármacos (…) deberían aplicarse por un tiempo limitado del orden, por ejemplo, de 3-6 meses y no de los años y años que suelen, lo que evidencia su ineficacia (…)
Fuente:
La Eurocámara condena los ataques a gitanos
La comunidad gitana recibía el pasado martes 20 un amplio respaldo de la mayoría de eurodiputados que intervinieron en el Parlamento Europeo, donde se censuraron las agresiones sufridas en Roma y Nápoles. El comisario de Asuntos Sociales, el socialista checo Vladimir Spidla, expresó una profunda preocupación e hizo hincapié en el recuerdo de la historia europea y las catastrofes vividas por culpa del racismo.
Spidla recordó que las autoridades deben investigar los hechos y castigar a los culpables. El diputado Giusto Catania, de la Unión de la Izquierda Unitaria, lamentó que el Gobierno italiano hubiera "anunciado nuevas medidas de persecución a los gitanos en lugar de perseguir a los culpables". Catania recordó que de los 200.000 ciudadanos de etnia gitana residentes en Italia, 80.000 tenían nacionalidad italiana y 50.000 eran nacidos en Italia.
jueves, mayo 22
Sube el numero de menores que delinque.
Oviedo, Idoya RONZÓNUn total de 273 menores delincuentes cumplieron en la región algún tipo de medida judicial durante 2007, un 15 por ciento más que en 2006, según los datos facilitados por la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Principado. En total, el Juzgado de Menores de Asturias, tutelado por la juez María Fidalgo, impuso el año pasado 360 medidas (en el caso de los menores se imponen medidas, no penas, según los términos de la ley del Menor), 80 de ellas de internamiento. El número de medidas impuestas por la juez y el de menores condenados no coincide porque puede darse el caso -y de hecho se da- de que un joven sea castigado al cumplimiento de más de una medida en la misma sentencia.
De las 80 medidas de internamiento dictadas el año pasado, 73 fueron en régimen semiabierto (los menores residen en el centro, pero pueden realizar actividades en el exterior), otras dos en régimen abierto (su «domicilio» es el centro, pero su formación se realiza completamente fuera) y cuatro en régimen terapéutico, en el caso de problemas mentales. Sólo hubo un ingreso en régimen cerrado. En 2006, el Juzgado dictó 71 medidas de internamiento, nueve menos que el año pasado. No obstante, según el Principado, a pesar de este aumento de medidas, el número de menores ingresados fue menor, 56 frente a los 60 de 2006. Esto se explica porque un mismo menor pudo ser internado varias veces, tras reincidir. En 2005, la cifra se elevó a 69 menores.
Leer Todo en la Nueva España de 20 de mayo
Racismo Salvaje en Italia
EFE / Ciro Fusco 16.05.2008 / Siempre nos toca perder a los mismos
Los gitanos italianos especialmente, y muchos otros grupos gitanos del resto del mundo, se están dirigiendo a nosotros pidiéndonos ayuda. La mayoría son mensajes angustiados de una comunidad asustada ante el triunfo aplastante de la coalición política ―alguno de los partidos que la integran son de extrema derecha― liderada por Silvio Berlusconi. Unos días antes de que se produjeran las incalificables agresiones que han sufrido los gitanos de Ponticelli (Nápoles), a manos de unos desalmados que han prendido fuego a sus humildes chabolas, una organización gitana italiana nos decía: “Los gitanos estamos en peligro en Italia. Tenemos miedo a las deportaciones de gitanos en Italia. Por favor –me dice- envíe usted un comunicado al Gobierno italiano para que respete las Directivas comunitarias”.
A nuestro parecer el miedo que expresa nuestro comunicante no es infundado. Las últimas declaraciones de los nuevos gobernantes italianos presagian todo tipo de precariedades. Juzguen ustedes si no es así: El nuevo alcalde de Roma, el post-fascista Gianni Alemanno, anunció el pasado lunes que su primera medida como alcalde será derribar los campamentos gitanos. “Procederemos a desmantelar los campamentos nómadas que en Roma son 25”. Pero los napolitanos de Ponticelli se han adelantado. Nada de desmantelar. ¡Fuego purificador que es más rápido que montar cámaras de gas al estilo nazi” Humberto Bosi, el lider de la Liga Norte, está eufórico. Este sujeto habla de “caza”. “Debemos cazar a los clandestinos”, ha dicho, provocando a la derrotada izquierda italiana. Como cualquier chulo de barrio ha lanzado su proclama de guerra: “"No sé qué querrá hacer la izquierda, nosotros estamos listos. Si quieren pelea, los fusiles están calientes. Tenemos 300.000 hombres, 300.000 mártires, listos para combatir. Y no bromeamos. No somos cuatro gatos".
Pero lo más triste es que Silvio Berlusconi, el reelegido presidente del Gobierno italiano, al ver a sus juventudes exultantes saludando al estilo fascista, ha confesado: "Al verlos, he pensado: la nueva falange romana somos nosotros".
A la vista de la gravedad de los hechos la UNION ROMANI, recogiendo el sentir mayoritario de los gitanos españoles y por la representación que ostenta en la UNION ROMANI INTERNACIONAL, se propone iniciar las siguientes acciones:
Primero: Denunciar públicamente la gravedad de los atentados sufridos por los gitanos europeos residentes en Italia y pedir la solidaridad de los ciudadanos de cualquier país frente a la violencia ciega y asesina de los racistas. Para ello pedimos que se escriban cartas dirigidas al Presidente del Gobierno italiano, bien enviándolas directamente a su residencia en el Quirinal (Roma) o a las embajadas de Italia en cada país. (La dirección de la Embajada italiana en España es la siguiente: Calle Lagasca, 98. Código postal 28006 Madrid)
Segundo: Solicitar del Ministro de Asuntos Exteriores de España que se interese por la situación de los gitanos residentes en Italia, expresando la preocupación de la comunidad gitana española por la situación en que puedan quedar los gitanos expulsados de sus viviendas incendiadas. Nuestro Gobierno está legitimado para hacer esta consulta en base a lo preceptuado por la Directiva 2004/38/CE DEL Parlamento Europeo y del Consejo relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. Efectivamente, tratándose de una Directiva y no olvidando que cada Estado miembro puede determinar la mejor forma de aplicar las disposiciones del Derecho comunitario, es obligado ejercer una labor crítica y de vigilancia de los Gobiernos para que las medidas adoptadas en los distintos Estados miembros conduzcan a una aplicación del Derecho comunitario con la misma eficacia y rigor con que aplican las normas internas de sus respectivos Derechos nacionales.
Tercero: Formular ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que, con carácter de urgencia, inicie una investigación sobre la situación que ha llevado a la comunidad italiana de Ponticelli (Nápoles) al estado de enfrentamiento que padecen los gitanos que viven en aquel lugar.
Cuarto: Solicitar a los Grupos Parlamentarios del Parlamento Europeo que formulen, con carácter de urgencia, las iniciativas parlamentarias precisas que obliguen al Consejo a contestar en el Pleno de Estraburgo y Bruselas a las medidas que el Gobierno italiano haya podido tomar para poner freno a estas agresiones y para castigar a los culpables de las mismas.
Quinto: La Unión Romaní está convencida de que la inmensa mayoría de los ciudadanos italianos ―incluidos los votantes del Sr. Berlusconi― rechaza la violencia, venga de donde venga. Por esa razón, a través de la Unión Romaní Internacional, se propone establecer, con las organizaciones gitanas italianas, un programa de mutua colaboración con el fin de arbitrar las medidas adecuadas que garanticen la defensa de estos ciudadanos europeos que no han cometido más delito que el de ser “pobres y gitanos”.
Sexto: Hoy mismo hemos tenido noticia de que el Gobierno italiano se propone endurecer las medidas contra la inmigración de tal manera que el ser “clandestino” será un delito tipificado en el Código Penal. En este sentido, Roberto Calderoli, nuevo Ministro italiano procedente de la Liga Norte, ha declarado que para no ser “clandestino”: “Hay que demostrar que se es honesto; si no, se le expulsa de Italia”.
Desde la Unión Romaní vamos a iniciar los trámites previos para interponer una denuncia contra el Gobierno italiano por incumplimiento de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. Cuando se promulgó en Maastricht, en el año 1992, el Tratado que lleva el nombre de la famosa ciudad holandesa, los Jefes de Estado y de Gobierno aprobaron la Declaración 19 con el fin de despejar incertidumbres sobre la aplicación del Derecho comunitario. Los máximos dirigentes europeos no tenían la menor duda de que “para la coherencia y la unidad del proceso de construcción europea, es esencial que todos los Estados miembros transpongan íntegra y fielmente a su Derecho nacional las directivas comunitarias de las que sean destinatarios dentro de los plazos dispuestos por las mismas”.
Las Directivas son el instrumento armonizador por excelencia del Derecho Comunitario porque mediante ellas se realiza, dice el art. 94 del Tratado, la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que incidan directamente en el establecimiento o funcionamiento de la Unión Europea.
Séptimo: Finalmente nos proponemos elevar nuestra preocupación por la magnitud y gravedad de estos acontecimientos ante las instancias internacionales más representativas. Así lo haremos ante el Consejo de Europa, ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Una vez más reclamamos la solidaridad de todos los demócratas de España y de Europa. Nadie puede tomarse la justicia por su mano porque cuando esto acontece siempre nos toca perder a los mismos: los más pobres, los más indefensos, aquellos para quienes los derechos no pasan, en la mayoría de las ocasiones, de ser letras impresas sobre papel mojado. Necesitamos del calor humano de la sociedad, por eso recabamos el apoyo de todos los demócratas europeos en la defensa de los Derechos Humanos de quienes, siendo inocentes, se ven agredidos, vilipendiados y estigmatizados por delitos que no han cometido. Al fin y al cabo, como la propia Comisión reconoce, cada expulsión “debe estar motivada por la situación individual” de personas específicas, y “no debe significar una expulsión en grupo” de colectivos en atención a su origen geográfico.
Ojalá que el fuego de Ponticelli purifique y elimine el odio y la intolerancia que tantas veces ha sido el germen de las más graves tragedias en la historia de Europa.
JUAN DE DIOS RAMÍREZ HEREDIA
Presidente de la Unión Romaní
Racismo salvaje en Ponticelli (Nápoles)
22.05.2008 / La gravedad de los acontecimientos ocurridos en Ponticelli (Nápoles) son de todos bien conocidos. Pero si alguien pone en duda la violencia con que los racistas atacaron a los indefensos gitanos residentes en aquellos suburbios, han quedado grabadas para su ignominia y vergüenza las imágenes que han dado la vuelta al mundo. En este periódico informativo ofrecemos una muestra significativa de las películas que muestran el escarnio sufrido por los gitanos.
Para ver más videos de esta vergüenza Berlusconiana visita:unionromani/
Fuente:Unión Romaní
miércoles, mayo 21
La cara oscura de Europa
La directiva de la vergüenza.
Dice Zigmunt Bauman que hay un elemento común en todas las historias (la de Cadmo que parte a la búsqueda de la princesa Europa secuestrada por Zeus, las de los viajeros fenicios, la de Jafet hijo de Noé) que desde la más remota antigüedad nos hablan de Europa: Europa no es algo que se descubre; Europa es una misión: algo que se hace, se crea, se construye.El problema está, siguiendo a Bauman, en cómo la hacemos, cómo la creamos y cómo la construimos: ¿acogedora o miedosa?; ¿hospitalaria o xenófoba?; ¿respetuosa con los derechos humanos o haciendo un uso retórico de los mismo?
No nos convendría olvidar, aunque la evocación del pasado no suele garantizar lo que se vaya a hacer en el presente, que Europa ha sido cuna de lo mejor y lo peor que ha dado la humanidad. Ha sido escenario de guerras terribles, y en su suelo se desarrollaron, durante el siglo XX, los sistemas totalitarios más mortíferos que la humanidad ha conocido. En Europa nacieron y se desarrollaron las teorías racialistas clásicas y una buena parte de las teorías racialistas modernas. Y, a su vez, es hoy un gran espacio político y social donde los valores de racionalidad, justicia, libertad individual, democracia, derechos sociales, tolerancia y laicismo se encuentran más desarrollados en el mundo, aunque sujetos a mil tensiones y, en los últimos tiempos, combatidos desde dentro por un elenco de fuerzas políticas que han alcanzado importante presencia institucional, como en Italia.
La socióloga Catherine Wihtol de Wenden suele decir que
Insistiendo en esas contradicciones de la política europea, el profesor Joaquín Arango señala que «las especiales dificultades europeas emanan de, y se explican sobre todo por, la combinación de dos elementos que caracterizan, mejor que ningún otro, la relación de las sociedades europeas con la inmigración: por un lado, la existencia de fuertes y extendidas reservas sociales, políticas y culturales hacia ella, que se traducen ante todo, pero no solo, en políticas de inadmisión fuertemente restrictivas y en obstáculos formales e informales a la plena incorporación a la sociedad y al cuerpo político; por otro, el reconocimiento de obligaciones morales y políticas propio de sociedades democráticas, y que se manifiestan en el reconocimiento de derechos tan importantes como la reagrupación familiar, el refugio y el asilo, el derecho a la residencia permanente o a la adquisición de la nacionalidad».
De esa Directiva, que ha sido calificada por el movimiento asociativo europeo como
- La ampliación hasta 18 meses del tiempo de internamiento de las personas inmigrantes por la infracción administrativa de estancia irregular en un país de
- La posibilidad de que en ausencia de centro de internamiento específico, las personas detenidas por estancia irregular puedan ser ingresadas en prisiones, aunque en módulos separados del resto de los presos.
- La posibilidad de internar en los centros de internamientos para extranjeros a los menores de edad.
- La ampliación de la sanción del tiempo mínimo de prohibición de entrada en los países de
Esa Directiva apuesta abiertamente por adoptar medidas que son contrarias a los principios de cualquier estado de derecho que se precie, ya que, sea por un período de 18 meses o por el que quede en su redacción final, legitima la privación de libertad de personas que no han cometido ningún delito. Supone, en nombre del control de la inmigración, retroceder todavía más en el respeto de los derechos de las personas inmigrantes, estandarizar las garantías procesales a la baja, en resumen, un vergonzoso retroceso de los derechos humanos en Europa.
ACTUACIÓN DEL GOBIERNO ESPAÑOL El Gobierno español, junto con Luxemburgo, Holanda y Suecia, defendió un texto de consenso que, aunque era bruto de narices, no fue aprobado porque otros Estados querían embrutecerlo todavía más.
El problema es que la brutalidad desmesurada de unos no convierte en bueno al texto menos bruto. Como decía la periodista Soledad Gallego-Díaz en El País del 9 de mayo: «Para evitar que Gobiernos energúmenos mantengan detenidos a inmigrantes irregulares por tiempo indefinido se pretende que todos nos convirtamos en energúmenos que los tienen detenidos 18 meses sin decisión judicial previa y con control que se ejerce a posteriori, nada menos que tan pronto como sea posible».
Ha sido Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior, el encargado de explicarnos, de vendernos la moto averiada de la actuación del Gobierno español. El Gobierno español se nos presenta como un agente moderador y garantista en una Europa que tiende a la desmesura y a olvidarse de todo tipo de garantías. El problema es que el texto de consenso sigue siendo desmesurado y falto de garantías, y que posibilita a cualquier gobierno, incluido al español, a pasar de las escasas garantías existentes en el ordenamiento interno.
Las políticas practicadas en el conjunto de
Agustín Unzurrunzaga publicado en la Revista de pensamiento HIKA nº 19
El Materno Infantil pierde al coordinador de primera acogida
El Centro Materno Infantil de Oviedo se queda sin equipo directivo. Al cese por enfermedad de su director se suma ahora la baja del coordinador de la unidad de primera acogida. La denuncia fue formulada ayer por Inmaculada Rodríguez, diputada del Partido Popular. Rodríguez compareció ayer ante los medios de comunicación para informar sobre la situación de este recurso de protección de la infancia.El PP solicitó ayer al Gobierno del Principado la creación de una unidad exclusiva para los menores de 6 años. Así, la diputada explicó que, durante esa etapa de edad, estos menores cambian varias veces, tanto de ubicación como de responsables.
Inmaculada González manifestó la "necesidad" de que los menores se mantengan, hasta al menos los 6 años, en el mismo espacio y bajo la atención del mismo personal educativo. "Los menores sufren un desarraigo afectivo porque se quedan sin su personal de referencia y por el cambio de espacio", afirmó la diputada popular. González también pidió al Gobierno autonómico un incremento, al menos de un profesional por turno, en la plantilla del Materno Infantil. Inmaculada González también informó de que el coordinador del Materno Infantil se acogerá, a partir de hoy, a una baja, por lo que el centro se quedará sin una persona más, tras el cese del director. "Habría que preguntarse si estaba de acuerdo con las políticas que se estaban ejerciendo", declaró. En este ámbito, el PP solicitará al Principado la modificación de la estructura física del Materno Infantil para diferenciar núcleos de convivencia.
I.A.D., un chaval de 8 años, vuelve con su familia tras la intervención de la asesoría contra los centros de menores cerrados
Tras un mes de funcionamiento, tenemos la alegría de informaros del primer caso resuelto a través de la asesoría que lleva desinteresadamente nuestra abogada, Alejandra Pinedo. Actualmente hay en marcha varios más, y esperamos que pronto haya más buenas noticias
Se trata de I.A.D. un niño de 8 años de origen marroquí. Su familia se puso en contacto con nosotros hace 3 semanas porque la policía se lo había llevado hacía unos días del colegio concertado donde estudiaba ante “indicios del maltrato”.
Como es una familia que llevaba tiempo acudiendo a un psicólogo público, pudieron demostrar rápidamente que tales “indicios” eran falsos. Sin embargo, el chaval ya había ingresado en el centro Isabel Clara Eugenia y los trámites para su devolución iban a prolongarse, según los empleados de la comunidad de Madrid, durante meses.
El pequeño, pese a no haber cometido ningún delito y desear ver a su familia, fue recluido en el centro, y no pisó la calle ni se le permitió ver regularmente a ningún ser querido hasta su liberación, un mes después.
Además, la familia denunció:
- Que sólo les permitían visitar al niño una hora a la semana.
- Que sólo les permitían visitar al niño una hora a la semana.
- Que en todo momento se les trató como a "unos delincuentes", juzgándoles sin pruebas, negándoles cualquier información sobre los pasos que se estaban dando y tratándoles con desprecio. Esta es una demanda que se repite desde todas las familias con las que hemos contactado. Sólo cambió la actitud ante la intervención de nuestra abogada.
- Que se le estaba medicando, administrando sedantes o algún otro tipo de fármaco, porque el chaval estaba completamente adormilado en los contactos. Además, presentaba una aspecto descuidado e incluso manifestaba no estar duchándose (lo cual era evidente).
- Que convivía con niños de hasta 17 años, algunos de los cuales le pegaron.
- Que si hablaba en su idioma era castigado, y cuando hablaba con la familia los educadores cortaban la comunicación ante cualquier protesta, o si se expresaba en su lengua materna.
- Que durante el tiempo de reclusión se le impidió acudir a la escuela, y a cambio se le “escolarizó” en un aula donde había niños desde los 4 a los 17 años.
- Que el niño decía que algunos educadores le habían pegado, en especial los del turno de noche. (sobre este punto, insistimos en que su testimonio debe ser tomado con cautela, dada su edad y la situación a la que se enfrentaba)
- Que en una de las visitas encontraron a la policía, que “devolvía” a dos niñas rumanas de 3 y 5 años que se habían fugado del centro por su propio pie, lo cual daba una idea del descontrol que había en el interior.
Ante esta situación, nuestra letrada tuvo que acudir repetidas veces al centro, y sólo tras amenazar severamente con interponer denuncias contra la dirección, éstos devolvieron al chaval de manera tan irregular como le habían retirado. En ese momento se decidió frenar las denuncias para no alargar más el proceso.
- Que se le estaba medicando, administrando sedantes o algún otro tipo de fármaco, porque el chaval estaba completamente adormilado en los contactos. Además, presentaba una aspecto descuidado e incluso manifestaba no estar duchándose (lo cual era evidente).
- Que convivía con niños de hasta 17 años, algunos de los cuales le pegaron.
- Que si hablaba en su idioma era castigado, y cuando hablaba con la familia los educadores cortaban la comunicación ante cualquier protesta, o si se expresaba en su lengua materna.
- Que durante el tiempo de reclusión se le impidió acudir a la escuela, y a cambio se le “escolarizó” en un aula donde había niños desde los 4 a los 17 años.
- Que el niño decía que algunos educadores le habían pegado, en especial los del turno de noche. (sobre este punto, insistimos en que su testimonio debe ser tomado con cautela, dada su edad y la situación a la que se enfrentaba)
- Que en una de las visitas encontraron a la policía, que “devolvía” a dos niñas rumanas de 3 y 5 años que se habían fugado del centro por su propio pie, lo cual daba una idea del descontrol que había en el interior.
Ante esta situación, nuestra letrada tuvo que acudir repetidas veces al centro, y sólo tras amenazar severamente con interponer denuncias contra la dirección, éstos devolvieron al chaval de manera tan irregular como le habían retirado. En ese momento se decidió frenar las denuncias para no alargar más el proceso.
Dos pediatras se ofrecieron desinteresadamente a revisar al niño una vez en libertad, y cuando concluyan los análisis que estamos realizando, esperamos aportar nueva información sobre los pasos que vamos a seguir.
Queremos aclarar que la asamblea no está “en contra” del sistema de protección ni de las personas que trabajan ayudando a aquellos chavales que lo requieran. De hecho, hay algunos centros de protección que sí funcionan adecuadamente, realizando una labor estupenda.
Invitamos tanto a educadores como a familiares a denunciar la enorme cantidad de atropellos que se están produciendo contra los niños y niñas que más apoyo necesitan.
Fuente: CentrosdeMenores
martes, mayo 20
Bienestar admite la entrada en el sector público de compañías con ánimo de lucro.
Ya lo hace Esperanza Aguirre en Madrid. El modelo de financiación pública, gestión privada que la comunidad madrileña aplica ya a sus nuevos hospitales podría llevarse a cabo en Asturias con los servicios sociales. El dato se puso de manifiesto ayer durante la comparecencia de Teresa Ordiz, viceconsejera de Centros, Familia, Infancia y Mayores. Ordiz, que acudía al Parlamento autonómico a petición de Izquierda Unida, indicó que no está previsto un cambio de modelo en la gestión de los servicios sociales en Asturias. La viceconsejera, ya en el turno de preguntas, dejó claro, sin embargo, que es más que probable que la futura residencia de Sotrondio sea gestionada por una empresa privada.
Esta posibilidad, de llevarse a efecto, supone una novedad sobre el sistema actualmente en vigor. Ordiz defiende, en sintonía con el grupo parlamentario que sustenta al Gobierno, la coexistencia de un sistema mixto de servicios sociales. La viceconsejera citó, en concreto, que hasta ahora perviven cuatro iniciativas de gestión diferentes: directa a través del ERA, indirecta mediante convenios, indirecta mediante licitación pública y concierto de plazas con el sector privado. Dicho de forma más sencilla, hasta ahora, los servicios propiamente asistenciales de los centros sociales son gestionados por el ERA, por entidades sin ánimo de lucro, tipo Fampa o Mensajeros de la Paz, o mediante el concierto de un número determinado de plazas con geriátricos privados. La diferencia, que podría comenzar con el nuevo centro polivalente de Sotrondio, reside en que por primera vez un geriátrico construido con fondos públicos podría cederse para su gestión a una empresa privada como Eulen o Mapfre.
La viceconsejera, a preguntas de la diputada de Izquierda Unida Noemí Martín, comenzó reiterando que la situación de prórroga presupuestaria que sufre el Ejecutivo autonómico explica que Bienestar, a través del ERA, carezca de los medios económicos para acometer la gestión del nuevo recurso. Ordiz se desdijo después, dado que el crédito extraordinario aporta fondos adicionales, y acusó prácticamente a Izquierda Unida de haber obligado a la Consejería de Bienestar Social a externalizar la gestión del nuevo centro polivalente de Sotrondio. La viceconsejera se escudó en el ya famoso convenio suscrito en febrero de 2007 entre la consejería, cuando la capitaneaba Laura González, de IU, y la sociedad pública Sedes S.A.
Ordiz recordó, una vez más, que el acuerdo entre ambas partes, a diferencia de los anteriores, no otorga un derecho preferente a Bienestar Social para decidir asumir en arrendamiento la nueva residencia. Martín se defendió señalando que está pendiente de firma la adenda del convenio en la que existe la opción para que el ente público ERA se haga cargo de la gestión. De hecho, la diputada de Izquierda Unida llegó a solicitar a la viceconsejera, sin obtener una respuesta, el texto que figurará en la adenda que podría aclarar el futuro del nuevo centro. Martín recordó también que ninguna de las residencias abiertas durante la legislatura anterior se dejó por lo que respecta a los servicios asistenciales en manos privadas. La portavoz de IU reclamó al Ejecutivo la valentía suficiente para asumir políticamente su decisión.
Fuente: Lavozdeasturias/PJZ
Sin embargo, la versión de la diputada de IU-BA-LV fue desmentida inmediatamente por la viceconsejera de Centros, Familias, Infancia y Mayores, Teresa Ordiz, que compareció tras Caicoya. Según explicó, «ya en la pasada legislatura, ustedes -en referencia a la coalición, que gestionaba la Consejería de Bienestar Socia- privatizaron no sólo los servicios de comedor, lavandería y limpieza de los centros que abrieron, sino que, en el caso de Teverga y Salas, la gestión».La número dos de Bienestar Social, además, defendió la decisión por razones de eficacia. La titularidad pública de unas instalaciones, adujo, «no es garantía de una mejor atención» a los residentes. Estas palabras de Ordiz, así como su insistencia en formular sus propias preguntas a la diputada, sirvió para que Martín calificara de «esperpéntica» su comparecencia, ante lo que consideró «falta de ética» por comparar la entrega de la gestión a organizaciones sin ánimo de lucro, «como en Teverga y Salas», con la entrega «de un centro público a una empresa privada».
Fuente: CH.T./elcomercio
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La Procuradora exige a Asturias que mejore la atencion a los menores
Asturias carece de un modelo concreto de atención a los menores no acompañados que residen en centros de acogida. Así de claro lo dice María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General de Asturias, en su informe sobre la situación de este colectivo presentado ayer en la Junta General del Principado.
El avance de la investigación recomienda a la Consejería de Bienestar Social que acometa una serie de medidas para mejorar la situación de los menores alojados. Reclama primero que establezca un análisis de situación, de las demandas y de las previsiones del fenómeno. Solicita también un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, de los que serían necesarios.
El informe de la procuradora insta también a la Administración del Principado a articular los mecanismos de coordinación entre Bienestar Social, Educación y Salud para lograr una atención integral de los menores. Lo que siguen son las principales recomendaciones de la procuradora.
ACCION PROTECTORA
Reducir las demoras en las distintas fases.
La procuradora recomienda específicamente agilizar las distintas fases del proceso de protección de estos menores. Así, reclama a la Administración que facilite la atención inmediata, acogimiento incluido, de estos adolescentes aunque se tengan dudas sobre su minoría de edad.
Solicita también que se cumpla la limitación temporal de 45 días que fija la ley para la estancia de los menores en la unidad de primera acogida.
El trabajo conocido ayer insta a la Administración a asumir la tutela del menores de forma inmediata para evitar que, durante la fase de estudio sobre las circunstancias del afectado, el adolescente quede privado o aminorado en sus derechos.
Las posibles repatriaciones, la procuradora es clara y afirma que la oportunidad de retorno sólo deberá ser apreciada cuando existan garantías en el interés superior del menor.
Asimismo, el informe solicita a la Administración que documente al menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar a los nueve meses previstos en la ley.
Sería aconsejable, dice el informe, la elaboración y entrega a los menores de un documento provisional que les permita realizar las gestiones de la vida diaria. Fernández Felgueroso solicita también, que culminada la estancia del menor en la unidad de primera acogida, la Administración, previa audiencia con el afectado, dicte una resolución expresa y motivada sobre la mejor medida de protección aplicable.
Preparar a los menores para su inserción laboral
Por ello resulta imprescindible, según la procuradora, la adopción de programas específicos de inmersión lingüística.
Fernández Felgueroso recomienda acompañar la inmersión lingüísticas de acciones formativas que preparan a los menores para el empleo.
La Administración debe garantizar también que los menores sean informados plenamente y en un idioma, que entiendan las pruebas y revisiones médicas que se les practiquen y los posibles tratamientos.
El informe de la oficina de la procuradora subraya que el consumo de sustancias tóxicas es residual y solicita una mayor atención por parte del sistema sanitario para esta problemática.
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