El Principado no licitó ninguna vivienda pública en seis meses

BALANCE DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 2007.
El Principado no licitó ninguna vivienda pública en seis meses
En el bienio 2006-2007 se licitaron 668 pisos oficiales pese al parón del último semestre.El PP denuncia el incumplimiento de los planes de vivienda e IU advierte de una regresión.

En el último semestre de 2007 no se licitó en Asturias ni una sola vivienda de protección oficial según datos de la propia Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Vivienda. No obstante en algunos concejos se están realizando estudios sobre demanda y disponibilidad de suelo de cara a la posibilidad de abordar algunas actuaciones.

Desde que se hicieron evidentes las señales de ralentización de la construcción residencial, desde el Gobierno regional se viene manteniendo que en promoción de vivienda con algún tipo de protección sigue habiendo hueco para que no se pare la actividad, pero las bajas cifras de licitación en promoción de vivienda pública no parece que vayan en esta línea.

No obstante, en lo que respecta a vivienda con algún tipo de protección promovida por la empresa privada las cifras están algo mejores ya que en el mismo periodo de tiempo, del 1 de julio al 31 de diciembre de 2007, se iniciaron expedientes para la construcción de 245 viviendas de las que 93 corresponden a Gijón. Otras 53 se iniciaron en Gozón, 49 en San Martín del Rey Aurelio, 22 en Laviana, 21 en Villaviciosa y el resto, hasta las 245, en otros concejos en actuaciones de un sola vivienda.

La inexistencia de licitación de vivienda pública por parte del Principado suscita las críticas de PP e IU sobre la deficiente política de Vivienda del Ejecutivo regional. Desde la coalición, socios de gobierno del PSOE en la anterior legislatura, se acusa al equipo socialista de haber protagonizado un parón en los proyectos previstos.

Si bien la licitación de vivienda de promoción pública en el último semestre ha sido inexistente, según la propia consejería, en el periodo 2006-2007 se licitaron 668 pisos de protección oficial.

Además, según la consejería, a lo largo del 2007 se entregaron a sus adjudicatarios otras 140 viviendas de promoción pública y actualmente están en trámites de licitación 526 de las que 396 son actuaciones previstas en Oviedo.

Desde el PP, además de denunciar el fracaso del Gobierno regional en lo que respecta a la política de vivienda, que en el último semestre del 2007 no se haya licitado ninguna vivienda de protección oficial en ningún concejo asturiano es el eje de su denuncia, se mira hacia el Ayuntamiento de Oviedo como ejemplo a seguir en esta materia.

Con IU en el Gobierno regional tanto la coalición como el PSOE dieron por cumplido el objetivo de alcanzar las 15.000 viviendas con algún tipo de protección en la legislatura pasada --de 2003 a 2007--, en concreto se decía que se habían alcanzado las 18.000.

Una de las actuaciones del plan de vivienda regional, que viene de la pasada legislatura, es el desarrollo en Roces (Gijón) de unos 2.300 pisos con algún tipo de protección que se firmó a principios de semana. La Sociedad de Gestión y Promoción de Suelo (Sogepsa), será la entidad que se haga con los terrenos afectados por la actuación urbanística.

Fuente: la voz/ J.S.R.

Criticas a la privatización de los Servicios Sociales

La puesta en marcha de nuevos equipos de adopción externos ha despertado críticas. Luis Manuel Rodríguez García, miembro del comité de empresa de Bienestar Social, denunció ayer lo que considera una "privatización de servicios". Rodríguez García subraya que en los últimos años "estamos asistiendo a la privatización" de servicios que se ha "agudizado" con este Gobierno. El miembro del comité de empresa cita ejemplos que van desde la atención a discapacitados, pasando por la asistencia a menores --especialmente inmigrantes-- y los programas de mediación familiar. Luis Manuel Rodríguez García asegura que el último paso es la externalización de la expedición de los certificados de idoneidad.

Oviedo tendrá un centro concertado de discapacitados

Rusia toma el relevo a China en la preferencia de adopción en Asturias

La exrepública soviética toma el relevo a China en el número de menores extranjeros adoptados. El Principado busca salidas para las familias con expedientes paralizados en el gigante asiático.

Rusia parece estar tomando el revelo a China en las preferencias de las familias asturianas que desean formalizar una adopción internacional. Así se desprende, al menos, de los datos facilitados ayer por el Instituto de Infancia. El año pasado, de hecho, Rusia desbancó a China en el número de los nuevos asturianos procedentes del extranjero.

Eva Sánchez, directora del Instituto de Infancia, manifiesta que las nuevas políticas de protección de la familia adoptadas por el gigante asiático están afectando negativamente al flujo de adopciones. Sánchez reconoce que existe un buen número de expedientes paralizados y explica que su departamento está ultimando medidas para tratar de dar una solución a las parejas afectadas. Infancia no pudo concretar ayer el volumen total de padres adoptantes afectados. Detrás de cada expediente, hay que recordarlo, hay una familia que espera y que sufre.

Los datos facilitados por Infancia, que formarán parte de su memoria anual, permiten trazar un buen mapa de la adopción. El año pasado llegaron a Asturias un total de 43 niños procedentes de otros países frente a los 31 de 2006. Rusia (22), China (9), México (6), Kazajistán (3), Etiopía, Perú y Marruecos, cada uno con una, son por este orden los Estados donde se formalizaron más adopciones internacionales.

POSIBLES CONFUSIONES El aumento del número de niños llegados a Asturias puede dar lugar a confusiones. El Instituto de Infancia asegura que la adopción internacional, lejos de crecer, tiende a estabilizarse o incluso a decrecer. La razón? Cada vez resulta más difícil encontrar países donde acudir a adoptar. La apertura de solicitudes nuevas refleja bien esta tendencia. Así, el número de peticiones formuladas a lo largo del pasado año fue de 124 frente a las 141 del año anterior. También las valoraciones realizadas por los equipos de adopción cayeron ligeramente al pasar de 135 a 110. Otro tanto ocurre con los expedientes finalmente tramitados que descendieron de un centenar a 67. Los asturianos acuden ya prácticamente por igual a la Administración pública y a las entidades colaboradoras para gestionar los procesos.

Los países con mayor número de expedientes en trámite --la cifra no coincide con las adopciones formalizadas-- son China (31), Etiopía (13), Rusia (9), Kazajistán (6), México (3), Ucrania (2), y Colombia, Marruecos y Filipinas, cada uno con un proceso en trámite. Perú y Nepal no registraron ninguno durante el pasado año. El Principado mantiene en estos momentos bajo seguimiento a más de un centenar de pequeños procedentes del extranjero.

Las dificultades que las familias asturianas encuentran para conseguir un niño en el extranjero explican que vuelvan la mirada hacia España. La adopción nacional, que estuvo a tiempo de cerrarse cautelarmente por falta de pequeños, sigue abierta. Infancia indica que el Principado registró en 2007 un total de 93 solicitudes de idoneidad para adopción nacional, 70 provenientes de Asturias y 23 de otras comunidades. El Principado, que valoró 80 peticiones, tramitó hasta 31 acogimientos preadoptivos --23 con parejas de Asturias y ocho de otras regiones-- y un total de 17 adopciones en firme. La Administración mantiene bajo seguimiento a 90 menores sujetos a adopción nacional.
Fuente: PZ/ADP (La Voz de Asturias)

La nueva ley prohibirá la adopción en países en conflicto

Por el Empleo Público, por la Calidad: ! No a las Privatizaciones!

Tras las últimas noticias sobre la puesta en marcha del Convenio para la evaluación de las adopciones entre la Cª de Bienestar Social y los Colegios de Psicólogos y de Trabajadores Sociales de Asturias debemos manifestar que:

• En los últimos años estamos asistiendo a la PRIVATIZACIÓN de los Servicios de Bienestar Social, que se ha agudizado con este nuevo Gobierno : desde centros de atención a discapacitados, pasando por la atención a menores- especialmente si son inmigrantes- ( ACCEM, Hogar de S. Jose, Cruz de los Ángeles), los programas de mediación familiar ( y puntos de encuentro), atención a inmigrantes ( Cruz Roja, ACCEM), teléfonos de ayuda (menores, mayores, inmigrantes, etc), programas en abierto de atención penal a menores ( TRAMA), SAD, etc. Ahora se incluye la evaluación de las situaciones de ideonidad para adopciones.
  

• AFIRMAMOS que en los últimos CINCO años no se ha creado NINGÚN CENTRO DE TRABAJO de GESTIÓN PÚBLICA ( pues todos son gestionados por entidades privadas y pagados con dinero público) . Pero lo que es peor es que todos los datos parecen indicar que no se va ha crear ninguno en esta legislatura.
  

• Los procesos selectivos que están a punto de iniciarse ( auxiliares edu., técnicos y educadores) hacen referencia a puestos de trabajo ya EXISTENTES, ocupados ahora por interinos que quedaran en un futuro en el paro.
  

¡¡No se va a crear ningún puesto de trabajo público a corto plazo, esta es la realidad!!.

• Los equipos creados en el 2007 para la evaluación de las situaciones de dependencia ( Ley de dependencia) tienen un carácter temporal y es probable que en una situación de prorroga presupuestaria ( o sea de falta de dinero) estos equipos se privaticen.

• Todos los servicios auxiliares en los Centros de Gestión pública ( seguridad, limpieza, etc) estan subcontratados o lo van a estar a lo largo de esta legislatura.

• Todo este proceso de Privatización conlleva la PRECARIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES ( cobran la mitad, trabajan el doble y representación sindical es casi nula), así como una perdida de la calidad en la ATENCIÓN a los ciudadanos.
  

• El mismo hecho de plantear dos vías para la tramitación de las valoraciones de idoneidad en la adopción: una pública, exenta de pago, y otra privada, pagada, es un despropósito político que discrimina a unos solicitantes sobre otros. A la vez plantea la pregunta de si alguien se beneficia económicamente con las adopciones.
  

• Es irresponsable “echar balones fuera”, justificando el incumplimiento de los plazos establecidos legalmente, con el argumento de que el actual equipo de Bienestar Social ha heredado esta situación de la anterior Consejera: Dña Laura González, pues desde la asunción por la Comunidad Autónoma de las competencias en materia de protección de menores y de bienestar social en general ,ha habido distintos gobiernos, unos cuantos gestionados por el PSOE (el anterior en coalición y el penúltimo en solitario). La falta de previsión y el desinterés por unos servicios sociales públicos de calidad han sido la constante , y la situación actual es consecuencia de pésimas gestiones, difíciles de obviar y justificar.

Luis Manuel Rodríguez García . Miembro del C. de Empresa de la de B. Social, Educador y colaborador del Colectivo SocialyJusticia.

La privatización de los servicios públicos
FUNDOMA. ¡¡Todo un negocio !!

ADMITIDOS-EXCLUÍDOS AUXILIAR EDUCADOR

ADMITIDOS-EXCLUÍDOS a las pruebas selectivas de AUXILIAR EDUCADOR en promción interna de la Administración del P. de Asturias

Se publicó en el BOPA del día 25 de febrero.

Gracias y un saludo.

Fuente: CSI-CSIF Sector Autonómico de Asturias

Lena retomará el proyecto de centro de día para menores

Lena retomará el proyecto de centro de día para menores

El Ayuntamiento de Lena tiene previsto retomar el proyecto para ubicar en una parte del hotel de asociaciones un centro de día para menores en riesgo de exclusión social. Según informó ayer el alcalde, Ramón Argüelles, esta actuación "tenía financiación para desarrollarse durante los años 2005 y 2006", un dinero que "se perdió" sin que se llevara a cabo ninguna iniciativa, por lo que ahora el objetivo es impulsar de nuevo este plan. "Ya se lo planteamos en un encuentro a la consejera de Bienestar Social", explicó el primer edil lenense, que destacó que ya existe un proyecto técnico redactado que el ayuntamiento "podría poner a su disposición" para hacerlo realidad.

"Se trata de una actuación que queremos potenciar y reivindicar", aseguró el regidor lenense, que dejó claro que los trabajos para adecuar la zona del hotel de asociaciones que se destinaría a este fin "nunca empezaron". Ante esto, el obstáculo planteado es la consecución de dinero suficiente para desarrollar esta iniciativa que, en principio, iba a ser financiada a través del plan complementario de las comarcas mineras. El objetivo de la creación de este servicio, según se planteó desde un primer momento, era el de ofrecer una alternativa a los jóvenes sin escolarizar o con una situación familiar complicada y la previsión era que tuviera capacidad para unos 30 ó 40 usuarios. Por el momento, nada de esto se ha hecho realidad, por lo que el ayuntamiento tiene previsto realizar gestiones para intentar sacar adelante la puesta en marcha de este proyecto social.

La Voz de asturias

Concurso de Traslados. (No Oficial)

LISTADO PROVISIONAL CONCURSO TRASLADOS PERSONAL LABORAL.

Lo podeis consultar en :Concurso Social y Justicia

Esta es la relación provisional del concurso de traslados del personal laboral.
Se publicará un anuncio posiblemente en el BOPA del 04/03/08 y se abrirá un plazo de reclamaciones.

Fuente:CSI-CSIF Sector Autonómico de Asturias

Hubo seis agresiones en los colegios, entre menores

La fiscalía abrió seis diligencias preliminares por amenazas o agresiones entre menores en los colegios asturianos en 2006. Solo la mitad acabó en expediente: uno se archivó por conciliación entre las partes; en otro se impuso una medida de libertad vigilada por un delito de lesiones y al tercero se le absolvió por falta de pruebas. En líneas generales, Caldevilla asegura que han aumentado las causas. El año pasado se abrieron 1.302 diligencias penales que han dado lugar a 554 expedientes lo que supone un aumento de más del 8 % respecto al año anterior. El mayor incremento se produjo en las infracciones contra el patrimonio. En cuatro casos se abrieron expedientes por delitos contra la vida pero fueron calificados de homicidios por imprudencia por conducción

La Voz

El 73% de los menores de Sograndio se resocializan.

Cuando un menor delinque y paga por ello en el centro de Sograndio (Oviedo) es raro que vuelva. Basta con echar un vistazo a los datos que maneja la consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. Durante el año pasado sólo el 26,8% de los internados reingresaron en el centro. Se trata de jóvenes que tras haber cumplido una medida de internamiento y disfrutar de un periodo en libertad volvieron a ser internados.

Con una capacidad para atender a 68 menores --ocho de las plazas están reservadas para el centro terapéutico abierto desde 2006--, los trabajadores atendieron el año pasado a 56 jóvenes, cuatro menos que el anterior cuando a 31 de diciembre habían pasado 60 menores. De ellos 15 repitieron y 32 lo pisaban por primera vez.

Cómo llega un joven hasta aquí? Para la justicia ésta es la última opción. En primer lugar se intenta con medidas no privativas de libertad y sólo cuando sigue delinquiendo se impone el internamiento. El que lo explica es el fiscal de Menores del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jorge Fernández Caldevilla. El tiempo? Depende del caso. Además tienen en cuenta la evolución del menor.

Pero en la mayoría de los casos los jóvenes no llegan al centro y lo habitual es que acaben pagando con trabajos en beneficio a la comunidad. Se trata de buscar tareas "que sirvan para que reflexione sobre las consecuencias de su acto", explica Caldevilla. Así, suelen atender servicios de la Cruz Roja o colaborar, entre otros, en los servicios de la limpieza de los distintos ayuntamientos.

El centro juvenil de Sograndio comenzó su andadura en enero de 1986 como un centro específico para la ejecución de las medidas privativas de libertad de menores y jóvenes infractores previstas en la Ley de Responsabilidad Penal. Desde entonces los internos están atendidos por profesionales de sectores como la psicología, la psiquiatría, magisterio y educación. En los últimos siete años, 2005 y 2003 fueron los años con más trabajo para los expertos ya que el centro acogió a 73 y 69 jóvenes. El resto osciló entre los 56 del 2007 y los 57 de los años 2001 y 2002.

CAROLINA GARCIA

La justicia asturiana internó en el centro a 76 menores en el 2007

El viaje de ida y vuelta de Jamal

Llegó al centro de acogida de Loiu hace siete años y ahora trabaja allí como educador. «Los chavales me respetan porque he vivido lo mismo que ellos»

17.02.08 - TERESA ABAJO t.abajo@diario-elcorreo.com

«En Marruecos, la única conversación entre los jóvenes es Europa. Dicen 'quiero un coche', 'quiero una novia' y cada uno elige un país». Jamal Anejdam, el séptimo de nueve hermanos, vivía en Fez y quería comprarse una moto. En su familia «no faltaba para comer, pero no podíamos permitirnos lujos», recuerda. Tenía quince años cuando se lanzó «a la aventura» oculto entre las ruedas de un autobús. Le descubrieron tres veces en la aduana de Tánger y acabó metiéndose en la caja de climatización de un autocar. Así logró cruzar el Estrecho. Llevaba un buzo de mecánico «y ropa buena debajo, para no parecer un inmigrante ilegal».

Aquel viaje le llevó a Barcelona y desde allí, por referencias, al centro de menores de Loiu, donde aterrizó en 2001. Ahora trabaja allí. Además de las normas que se pueden leer en las paredes -'Hago caso a los educadores', 'No me peleo con mis amigos', 'Limpio el módulo', 'Participo en las actividades'- Jamal entiende las reglas no escritas. «Los chavales me respetan mucho porque he vivido lo mismo que ellos», dice. Les habla en su idioma -árabe o bereber- y con la mirada.

Escapada a Berlín

Es el único educador de los centros forales que ha pasado por esta experiencia, aunque su historia se resiste a encajar en un molde. Tiene algo de trotamundos y mucho de superviviente, y es probable que acabe dedicándose a la política. El suyo es un viaje de ida y vuelta. Va con frecuencia a su país y da charlas a los chicos que sueñan con Europa. Les habla de los riesgos del viaje «para que sepan lo que se van a encontrar. Hace dos años cuatro chavales murieron por drogas. Otros acaban en la cárcel y eso no se cuenta en Marruecos, no quieren conocerlo. Es tan difícil llegar que lo ven como una aventura, no como un proyecto migratorio».

Él también tuvo su baño de realidad. Llegó al centro de Loiu en su etapa más conflictiva y varias veces pensó en el regreso, «pero era una vergüenza volver con las manos vacías». Empezó a trabajar en Mercabilbao mientras hacía un curso de electricidad y aprendía castellano. Después de dos años y medio, pasó a un piso de acogida, hizo más cursos y encontró empleo en una empresa de carpintería metálica donde le hacían «la vida imposible. En toda la obra ponían 'moro de mierda'». Al cabo de unos meses, decidió poner distancia rumbo a Berlín.

Se fue con un amigo argentino que, como él, tocaba en la calle y en algunas fiestas. «Mi sitio estaba enfrente del Palacio foral». En Berlín se ganaba la vida con la música, al igual que en Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia. Durante dos años, «iba y venía. Viajaba por viajar, pero los problemas los llevaba conmigo». Acabó volviendo a Vizcaya, «donde había dejado amigos», y se dedicó a hacer cursos, todos los que pudo. En una de sus carpetas guarda certificados de su participación en cursos de monitor de tiempo libre y educador social, y en programas sobre inmigración.

Alcalde «en 2030»

En otra carpeta va almacenando sus proyectos. Ha presentado en Caja Madrid un plan para la integración de jóvenes inmigrantes en Euskadi. También quiere promover el «turismo social» de jóvenes vascos «para que convivan con nuestras familias. Que no sólo conozcan en país, sino que lo sientan». Cree que esa es la manera de acortar distancias. Por mucho que se avance en los centros de acogida, «el problema está en la calle, en las miradas. Cuando salgo de mi círculo de amigos noto que me miran con desconfianza, y eso duele mucho. A las chicas a veces no les dices que eres de Marruecos para que no piensen mal. Dices otra cosa, Brasil o Egipto».

Jamal «es autodidacta», resume el director del centro de Loiu, Carlos Sagardoy. «Siempre se ha buscado los recursos, las asociaciones, los contactos. Ha pasado momentos malos, de decir 'esto no es lo que me había imaginado', pero tiene iniciativa y se interesa por los chicos. Quizá es un poco impaciente, quiere conseguir las cosas enseguida», afirma.

Juntos han logrado una subvención para comprar instrumentos musicales, dentro de un proyecto de actividades de ocio. Teclado, batería... los chicos «no tienen que aprender, todos tienen ritmo». Su fuerte es la percusión y él se luce con la darbuka. Ha formado un grupo de música árabe, 'Dakamarrakhia', que guarda las chilabas en el centro de Loiu. A los chavales les lleva a actuaciones, a fiestas interculturales o de excursión. «Me suelen preguntar '¿hay alguna salida? El otro día acabamos en Oviedo».

Con sus ahorros no sólo se ha comprado la moto, una 'Gimera'. También tiene un 'Opel Corsa' -«todo de segunda mano»- y una furgoneta, ahora averiada, que lleva en sus viajes a Marruecos. La llena de cosas que recoge entre la gente que conoce -ropa, comida, juguetes, herramientas- y que reparte por los montes del Atlas, «la zona más abandonada del país. El año pasado murieron 30 niños por una ola de frío».

Aunque en Marruecos tiene una familia numerosa a la que visita a menudo, en Vizcaya ha encontrado un «padre», Carlos y una «madre», María. Es su vecina y todos los días le prepara la comida, «con muchas especias». En la casa donde vive, Jamal tiene un telescopio en su habitación y una ikurriña en el balcón de la sala. «Me la dio María». A sus 21 años, le gustaría aprender euskera y estudiar Ciencias Políticas, quizá para ser «el alcalde de Bilbao en 2030». Este podría ser el lema de su campaña: «Los inmigrantes no vamos por la vida siempre pidiendo, podemos dar mucho más de lo que la gente cree».

«En Arcentales los chicos están todo el día enfadados»

Antes de incorporarse a la plantilla de Loiu, Jamal Anejdam trabajó durante un mes en el centro de Arcentales, que ha sido desalojado temporalmente tras el incendio provocado por algunos internos el pasado domingo. «Acabé pidiendo la baja», recuerda. Los chavales sólo reciben una atención básica, sin programas formativos, y el día se hace largo. «Intentamos hacer alguna actividad, pero no es suficiente. Y bajar al pueblo está casi prohibido. Te sientes más un carcelero que un educador».

Él trabaja ahora con algunos de los jóvenes que salieron de Arcentales en pisos de acogida y «son muy educados». En Arcentales, «los chicos están «todo el día enfadados. En un grupo siempre hay alguno que la lía, que se pelea con todos, pero a veces se pelean por pasar el rato. Aunque no lo sean, se hacen conflictivos», afirma.

Pese a la situación de este centro, que al igual que el de Artxanda se abrió para evitar la saturación de otros servicios, el joven considera que la Diputación, que en total acoge a 339 menores extranjeros, ofrece una asistencia de calidad, sobre todo en comparación con otras comunidades autónomas. «Esta es la zona que mejor atiende a los inmigrantes, en Barcelona y en Andalucía no dan cursos como aquí». Por ello cree que «hay que dialogar con otras comunidades para que respeten la Ley del Menor».

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Col•lectiu DRARI دراري d'Investigació Acció Participativa pels Drets de l'Infant
www.DRARI-Col-lectiu-IAP-Drets-Infant.blogspot.com

A RAJOY NO LE IMPORTAN LOS NIÑOS, SOLO SU HOMOFOBIA

Miguel Ángel Sánchez Rodríguez, Presidente de la Fundación Triángulo, por la Igualdad Social de Gais y Lesbianas, ante las declaraciones de D. Mariano Rajoy en las que afirma que quitará el derecho de adoptar a las parejas gais, declaró:
"Las declaraciones de Mariano Rajoy son crueles hacia los niños y las niñas. Para el señor Rajoy es mejor que haya niños y niñas que se pudran en un basurero o en un hospicio de un país que no les puede atender, antes que ser cuidados por una familia de dos hombres o dos mujeres que les quieran y protejan.

No olvidemos que para adoptar hay que pasar unas duras pruebas antes de que los trabajadores sociales y los jueces digan que una familia es idónea para adptar. A Rajoy le da igual que esa familia sea idónea y lo hayan dicho los especialistas, él prefiere que los niños estén abandonados antes que vivir con gais o lesbianas. Eso tiene un nombre: prejuicio y homofobia. Todas las parejas que adoptan, heterosexuales, homosexuales, madres y padres solteros, son heróicas, dan una maravillosa nueva oportunidad a niños que no la tenían. El PP prefiere que esos niños no tengan niguna oportunidad. No le importan, que no diga que lo hace por ellos, lo único que mueve a Rajoy es su rancia ideología".

Madrid, 9 de febrero de 2008

No todo vale con los niños

Frente a la propuesta del PP de rebajar la edad penal de los 14 a los 12 años, los expertos piden más medidas educativas - ¿Qué se hace con un menor de 11 años detenido 69 veces por delitos leves?

¿Delinquen cada vez más jóvenes en España? ¿Hay un gran número de menores de 12 años perpetrando asesinatos y violaciones? ¿Hace falta reformar la ley porque no funciona? ¿Se puede hacer algo fuera del sistema penal con los menores de 14 años que cometen delitos?

El tema ha saltado al debate electoral después de que Mariano Rajoy anunciara esta semana dos medidas que llevará a la práctica si el Partido Popular gana las próximas elecciones: la primera, que la edad penal se baje de los 14 a los 12 años para los casos de delitos graves; la segunda, que todos los menores que cumplan una medida en un centro de reforma pasen a una cárcel de adultos al cumplir los 18 años. El comité español de UNICEF ha manifestado "inquietud y preocupación" ante la propuesta.

Los datos desmienten la necesidad de rebajar la edad penal: los menores de 14 años que cometen delitos graves "se pueden contar con los dedos de una mano", dice el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda (nombrado por el PP, que gobierna en Madrid). Los datos del Ministerio del Interior lo corroboran: por lo general hay apenas un homicidio o asesinato cada año. Y un gran número de expertos internacionales reunidos esta semana en Madrid en el I Congreso Internacional de Responsabilidad Penal de Menores, organizado por el Gobierno regional, han coincidido en dos puntos básicos. Primero, que la gran alarma social que causan los casos que saltan a los medios de comunicación no se corresponde con la realidad. Y segundo, que imponer a estos chicos un castigo penal no tiene efectos positivos ni es necesario. La propuesta de la mayoría de los académicos y juristas ha sido pedir la mejora de las medidas socio-educativas y su aplicación.

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Publicado por MÓNICA C. BELAZA www.elpais.com

Constitución de la Asociación de Madres y Padres de Gais y Lesbianas (AMPGYL) en Asturias

El sábado 16 de febrero se llevó a cabo una reunión en la sede de XEGA, en Oviedo, a la que asistió un nutrido grupo de madres y padres de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales y que contó con la presencia de una representación de la Asociación de Madres y Padres de Gays y Lesbianas (AMPGYL).

El objetivo de dicha reunión era dar a conocer a las personas asistentes al acto cuáles son las principales actividades desarrolladas por AMPGYL desde su fundación. Ester Nolla, su presidenta, destacó la importancia del trabajo realizado desde entonces que se efectúa en varios campos, siendo el principal el formar un grupo de apoyo y autoayuda para familias en las que alguno de sus hijos o hijas son lesbianas, gais, transexuales o bisexuales. Leer más...

Fuente:www.xega.org

Los centros de menores en Aragón, colapsados

El Justicia de Aragón ha denunciado en un informe la saturación de las residencias de menores Juan de Lanuza I, Juan de Lanuza II y Cesaraugusta, ocupadas mayoritariamente por chavales inmigrantes no acompañados. Esta institución decidió iniciar un expediente de oficio ante las visitas realizadas por la asesora responsable del área de Menores, que detectó que el colapso no era una situación puntual, sino habitual durante gran parte del año.

Según consta en los informes del Justicia, el primer centro, con capacidad para 11 personas, llegó a albergar a 13 chavales. Ante la falta de espacio, un menor recién ingresado tuvo que dormir en un sofá o un colchón en el suelo durante una semana.

Finalmente, ante el aumento de ingresos se tuvieron que habilitar camas cruzadas, lo que, a juicio de los propios trabajadores, redunda en el "hacinamiento" de los menores y en la falta de respeto hacia el espacio individual y el ratio de educador por número de menores. Situación parecida se encontró el Justicia en la residencia Cesaraugusta, ya que en el momento de la visita se hallaron 17 usuarios, a pesar de que las plazas conveniadas son 14.

Así, el Justicia indica en su informe que todos los centros cuentan con un "elevado nivel de ocupación, con saturación del recurso en continuas ocasiones" y tiempos de estancia superiores a los permitidos por la normativa aplicable. Además, constata que la población mayoritaria está formada por menores extranjeros no acompañados. "Las situaciones que se han venido presentado en estos centros a lo largo del año han puesto de manifiesto la necesidad de incrementar la capacidad de estos recursos y la consiguiente dotación humana, con un número adecuado de profesionales educativos debidamente formados, al configurarse como responsables directos de la atención, educación y cuidado de los menores", asegura Fernando García Vicente.
Fuente: www.eljusticiadearagon.com

Los Educadores de Vizcaya denuncian: ¡No a la Privatización, No al maltrato!.

"Hacinamiento y privatización de algunos centros de acogida de menores" de la Diputación Foral de Bizkaia es el punto de partida de las críticas que ayer volvieron a lanzar los educadores sociales que trabajan en ellos. Concretaron sus protestas en "situaciones que no se pueden tolerar". Por un lado, en la situación en la que se encuentran los chavales, y por otro, "el negocio que esto supone para algunas empresas y las malas condiciones de los trabajadores de estos centros".

El comité de empresa del ente foral, a través de su presidente, Aniceto Prieto, exigió soluciones inmediatas para estas instalaciones que dan cobijo a jóvenes -en su mayoría magrebíes-, y que "están saturados" de forma que no responden con las prestaciones que ofertan a sus necesidades.

Prieto clasificó los centros en los que se acogen a los menores extranjeros no acompañados que llegan a Bizkaia en dos tipos, los de titularidad pública, donde residen 60 menores, y los privados, en los que están acogidos 272. La Diputación realiza un primer acogimiento en centros grandes y, posteriormente, los menores que desean enraizarse pasan a residir en unidades convivenciales más pequeñas.

El representante de los trabajadores criticó la situación en los centros privados. Puso como ejemplo el de Zornotza, donde hay 64 menores; Artxanda con 64, o Zabaloetxe en Loiu con 86. "Un centro con este número de menores es inviable según las recomendaciones del Ararteko, la normativa del Gobierno vasco, la normativa de infancia, los derechos del niño... Incumplen cada una de las recomendaciones y normativas", denunció Prieto.

El presidente del comité de empresa también puso sobre la mesa las diferencias que, según explicó, existen entre el número de usuarios de los centros privados "en contraposición" con "el bajo número de chicos" en los centros públicos en los que "como máximo tienen 12 chicos conviviendo".

Por eso, demandó unas "mínimas garantías" por parte de las instalaciones privadas para atender a los chicos. En su opinión, hay que buscar "urgentemente" nuevas ubicaciones para las instalaciones de Artxanda, en Bilbao, y de Artzentales, "ambos cedidos por el Departamento de Agricultura". El primero "era una pequeña casa para una familia con unos pabellones anexos para herramientas y vehículos", que acoge a 64 chicos. Y el segundo, prosiguió Prieto, es "otra pequeña casa para una familia pequeña en la que conviven 27 personas", situada además "a más de una hora de camino de un núcleo habitado, sin apenas actividades, ni posibilidades de inserción".

También aseguró que existen "alternativas sencillas y viables que pueden ponerse en marcha ya", como la creación de un Centro de Iniciativas Profesionales, "o la integración de los menores en alguno de la zona, que se puede aplicar tanto en Artxanda como en Artzentales".

La situación es diferente en los trece centros públicos, en los que "la convivencia entre chicos estatales y de fuera del Estado español, en general, ha sido muy positiva y en poco tiempo se han visto unos resultados positiva y de gran riqueza para todos los componentes". Prieto se refería tanto a los usuarios de las dependencias, "como a educadores, vecinos, escuelas...".

"Menos conflictivos" A esto se suma el hecho de que la percepción social es negativa a pesar de que "son menos conflictivos" que los menores vizcainos acogidos. Es más, de los 332 jóvenes que hay en Bizkaia, "sólo uno está en la cárcel de menores de Zumarraga, y otros seis están cumpliendo medidas de trabajo social a la comunidad". "Teniendo en cuenta que los chicos de fuera del Estado son más que los de origen estatal podemos concluir que la problemática social no es lo que nos cuentan", señaló.

En conclusión, Prieto apostó a favor de una gestión pública para "mejorar las condiciones vitales, educativas e integración de estos chicos. Tenemos a niños de fuera del Estado que merecen una mejor atención. Es posible y viable y por ello lo exigimos", concluyó.

Entra en vigor el Convenio Europeo de Lucha contra la Trata sin que España lo haya firmado

Ariadna Gálvez / Redacción (04/02/2008)
La trata de personas con fines de explotación es una práctica que afecta cada año a dos millones y medio de personas en el mundo, según la Organización Internacional del Trabajo, y genera alrededor de 7.000 millones de dólares anuales.

El Gobierno de España sigue sin ofrecer datos fiables sobre la magnitud real de este problema en su territorio, según declara la Red Española de Lucha contra la Trata de Personas. A su vez, el Proyecto Esperanza-Proyecto Sicar afirma que España está entre los 10 países con incidencia más alta en la trata de personas con fines de explotación sexual.

Por este motivo la red española contra la trata de personas, organización constituida por 24 ONG españolas, lamenta que a pesar de haberlo anunciado hace más de dos años, el Gobierno español sigue sin poner en marcha un Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Trata y sin firmar el Convenio Europeo. Entre los principales compromisos que suscriben los Estados al ratificar estas medidas destacan la asistencia a los afectados en su proceso de recuperación, la concesión del permiso de residencia a la víctima o las sanciones penales a los clientes de la prostitución.
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Fuente: Canalsolidario

COMIENZA EL JUICIO CONTRA EL EX DELEGADO DEL GOBIERNO DE CEUTA POR LA EXPULSIÓN DE MENORES MARROQUÍES

Cuando en Noviembre de 1998, gobernando el PP en la comunidad autónoma, tres policías locales denuncian públicamente la expulsión ilegal y el maltrato de menores marroquíes saltó, a la opinión pública la existencia de un fenómeno hasta ahora oculto: “los niños de la calle” en Ceuta y la violación de los derechos humanos por parte de las autoridades tanto de la administración central como de la administración autonómica.

Documentos, fotos y testimonios aportados por estos policías demostraban que desde hacía tiempo se venía practicando la sistemática detención y expulsión ilegal de menores en situación de desamparo por parte de miembros de la Policía Local auxiliados por un grupo “parapolicial” denominado Agentes de Atención Directa, “AAA”. Estas actuaciones se hacían por instrucciones directas de los mandos policiales y de las autoridades de la Comunidad y de la Delegación del Gobierno en Ceuta.

Fuente: APDHA

Según está comprobado, las detenciones eran efectuadas en las calles tanto por la Policía Local como por los “AAA”, los niños eran introducidos en vehículos tipo Z y trasladados al garaje de las dependencias de la Policía Local. Tras tomarles la filiación, los menores eran introducidos en un furgón policial que era utilizado en general para la retirada de pescados y verduras procedentes del decomiso de venta ambulante y que tenía pésimas condiciones de salubridad.

A la espera de su traslado, o hasta que se llenaba el furgón, los menores debían permanecer en ocasiones durante horas en este furgón. Posteriormente eran trasladados al paso fronterizo del Tarajal y, tras el trámite de rellenar para la Policía Nacional un impreso titulado “entrega de menores marroquíes”, los niños, frecuentemente junto a adultos detenidos, eran entregados a la Policía de Marruecos.

Esta denuncia supuso a los Policías Locales que la realizaron la separación del servicio y un sinnúmero de vejaciones y persecuciones por parte de las autoridades y también de muchos compañeros y otros ciudadanos ceutíes, a lo que parece conformes con el maltrato y la actitud racista hacia estos menores. La Delegación del Gobierno y la Comunidad Autónoma, en vez de investigar y tomar cartas en el asunto, comenzaron una campaña de difamación de estos policías honestos y contra todas las ONGs que divulgan estas actividades delictivas.

2. La querella criminal y sus vicisitudes

En Enero de 1999 la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, a la que se suman otras ONGs, interponen una querella criminal por estas actuaciones contra el entonces Delegado del Gobierno, Luis Vicente Moro, el Consejero de Presidencia y de Policía Local de la Comunidad Autónoma, Antonio Francia Maeso, y los mandos policiales Ángel Javier Gómez, Juan García y Juan José Carrasco.

La tramitación de esta querella puso de manifiesto la actitud hostil del juzgado de instrucción y del ministerio fiscal, poniendo durante todos estos años obstáculos de todo tipo: desde no aceptar las diligencias y pruebas solicitadas por la APDHA, hasta negarse a tomar declaración a los imputados. La carrera de obstáculos tuvo un punto de inflexión cuando se impuso una fianza a las organizaciones querellantes nada más y nada menos que de cuatro millones de pesetas de entonces (24.000 euros), una de las fianzas más altas de la justicia española a una acusación popular. Posteriormente, ante el recurso presentado, la Audiencia Provincial rebajó de forma sustancial dicha fianza, del mismo modo que iba aceptando todos los recursos interpuestos por el servicio jurídico de la APDHA contra el archivo y sobreseimiento del caso.
El Juzgado de Instrucción de Ceuta y la fiscalía han tratado por todos los medios el archivo de la causa seguida contra el ex-delegado del gobierno ceutí y han boicoteado la investigación y entorpecido el esclarecimiento de los hechos cuanto han podido en unas actuaciones que podemos calificar desde la APDHA de vergonzosas y ajenas totalmente al estado de derecho y a la independencia del poder judicial frente al poder político.

Por su parte, el ex-delegado del Gobierno, cuando aún ocupaba su cargo, empleó todo tipo de métodos para desprestigiar y anular al Presidente de la Audiencia, a la sazón Francisco Tesón, entre otras cosas difundiendo hipotéticas conversaciones inculpatorias de connivencia con redes del narcotráfico. Cuestión que tuvo su reflejo en la prensa y que originó una querella interpuesta por ese magistrado contra Vicente Moro. A raíz de esta querella, la Sección Secta de la Audiencia Provincial de Cádiz en auto de 15 de Septiembre de 2007 ha condenado a Vicente Moro a dos años de cárcel y a doce años de inhabilitación por delitos de prevaricación, calumnias, revelación de secretos oficiales y atentado contra la independencia del poder judicial.

En el hecho probado 1º de esa sentencia por el que se inicia el relato de hechos por los que se condena a Moro y otros se hace expresa referencia a que el motivo que impulsa a ex-delegado del gobierno a sus actuaciones delictivas contra Francisco Tesón, magistrado de la Audiencia Provincial de Cádiz, es la estimación del Recurso de Queja que en su día interpuso la APDHA contra el sobreseimiento de la causa dictada por el Juzgado de Instrucción N. 3 de Ceuta en las D.P. 1754/98 (referida a la citada expulsión ilegal de MENAS) y que fue resuelto por dicha Sección Sexta de la que formaba parte Fernando Tesón estimando el recurso. Como ocurrió cuantas veces los letrados de la APDHA recurrieron los archivos y la desestimación de petición de pruebas por parte del Juzgado de Instrucción.

El caso es que, contra viento y marea, se ha conseguido sentar en el banquillo a los acusados, empezando por el ex-delegado del gobierno Vicente Moro y el juicio se celebra en Ceuta el 5 de febrero, si bien la fiscalía sigue pidiendo el sobreseimiento de los hechos, considerando que no hay delito (¿?)

3. El juicio, el contexto

Es necesario resaltar que el tema de los menores inmigrantes no acompañados, ha sido un tema de permanente actualidad en estos años y permanece aún en la agenda política. La APDHA elaboró un extenso informe sobre este tema que se puede consultar en nuestra web (http://www.apdha.org/index.php?option=com_content&task=view&id=248&Itemid=32).

El juicio adquiere por ello particular relevancia, al ser la primera vez que se consigue sentar en el banquillo de la acusación a todo un Delegado del Gobierno precisamente por el trato y la expulsión ilegal de menores. Sólo este hecho creemos que es un precedente de primera magnitud, independientemente de cuál sea el resultado final de la sentencia. Y en todo caso un aviso a navegantes, en el sentido de que el respeto a los derechos del niño, del menor, debe prevalecer sobre cualquier otra consideración, especialmente sobre las conveniencias o las políticas migratorias. Cuando continúan los acuerdos de repatriación de menores con diversos países por parte del Gobierno español, cuando se están produciendo expulsiones ilegales de menores paralizadas en diversas comunidades pro la justicia, cuando en Andalucía la Junta no deja de plantear el tema de las repatriaciones de forma poco discriminada, creemos que es el momento de volver a recordar que el menor es ante todo un niño, un menor a proteger y no un inmigrante al que aplicar las hiperrestrictivas y no poco represoras políticas migratorias.

FUENTE:APDHA

Luis Moro está acusado de repatriar a menores ilegalmente

SOS Racismo : Asturias maltrata a los menores inmigrantes

Ver informe íntegro

La Asociación SOS Racismu que responsabilizó directamente a la Consejería de Bienestar Social de discriminar al de menores extranjeros. Carmen Prado y Ana Taboada, presidenta y abogada de la asociación, manifestaron que los menores marroquís permanecen más tiempo que compañeros de otras nacionalidades en la unidad de primera acogida y sufren más trabas legales para obtener su documentación.

SOS Racismu ha presentado un informe al Defensor del Pueblo, ya admitido a trámite, que da cuenta de la la "violación de los derechos fundamentales" de los menores extranjeros no acompañados que residen en los centros de acogida de Asturias. Esta asociación, defensora de los derechos humanos, acusa directamente a la Consejería de Bienestar Social, y más en concreto al Instituto de Atención a la Infancia, de no dar la protección adecuada a los menores.

La denuncia formulada consta de varios puntos:

1. SOS Racismo acusa a Bienestar Social de incumplir el deber de documentar a los menores recogido en el artículo 92.5 del reglamento de extranjería. La ley obliga a las autoridades a que, transcurridos nueves meses desde la entrada del menor en los servicios de protección, se les otorgue la autorización de residencia con carácter retroactivo. Sos Racismo asegura que algunos menores llegan a la mayoría de edad sin que el Principado haya comenzado ni siquiera los trámites.
2. Además hay menores que se les tutela muy tarde, en algunos casos se tarde más de cuatro meses, contraviniendo lo dispuesto para casos de desamparo urgente en la Ley de protección del menor y el art. 172 del C Civil.
   
3. Asimismo, denuncia que la Administración vulnera el derecho del menor a ser oído y a tener información sobre su caso hasta el punto de considerar que el Gobierno de Asturias pudiera estar incurriendo en "maltrato institucional". Este colectivo de defensa de los derechos humanos acusa además al Instituto de Infancia de promover las reagrupaciones familiares --repatriaciones-- sin respetar las garantías previstas en la legislación internacional y estatal. Así, SOS Racismo asegura que no se ha tenido en cuenta la opinión del menor, casi siempre contraria a la vuelta al país, y se le ha dejado no con su familia sino en ciudades alejadas de su lugar de origen, a veces incluso en las comisarías de policía de Marruecos.
4. Actuaciones Discriminatorias y Segregacionistas:
• Los menores permanecen demasiado tiempo, mas de los 45 días, en la Unidad de Primera Acogida. lo que viola la Ley ( hasta 9 meses).
• No se aborda su situación de manera global y realista.
• Los recursos son insuficientes e inapropiados.
• Los menores marroquíes son discriminados en el tiempo de espera para ir a un Centro.
• Se segrega a los inmigrantes en Centros específicos (guetos). Contrario a la Ley.
• Derivación a Centros Concertados mas precarios.
• No son asesorados por un Letrado en la defensa de sus intereses.
5. Agresiones, acoso, ataques , calumnias y lesiones a menores inmigrantes y daños y amenazas a Centros de residencia( y personal) por grupos xenófobos de ideología fascista ( en algunos caso ligados a DN)
   
6. Abusos por parte de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad con los MINAs.

SOS Racismo denuncia que se vulneran los derechos de los menores marroquíes(Localia)
SOS Racismo acusa al Principado de «maltrato» a menores magrebíes (Lne)
Críticas a Bienestar por discriminar a marroquís( La Voz).
SOS Racismo dice que el Principado «discrimina» a los menores marroquíes.( El Comercio)

SOS Racismo denuncia que la consejería abandona a su suerte a los inmigrantes que cumplen 18 años.(Teleasturias).

La mitad de los jóvenes serían pobres si se independizaran

Un estudio pone de manifiesto el riesgo de exclusión social de muchos españoles entre 26 y 35 años. De 0 a 16 años, uno de cada cuatro vive en situación de pobreza moderada.

Casi la mitad de los jóvenes españoles de 26 a 35 años que viven con sus padres serían pobres si se emanciparan, lo que supondría multiplicar por cuatro la tasa de pobreza existente en la actualidad en esta franja de edad.
Los datos se desprenden del informe de la inclusión social en España 2008, de la Obra Social Caixa de Catalunya, en el que, por primera vez, se analiza la evolución de la capacidad adquisitiva teniendo en cuenta los diferentes ciclos de vida de la población.
Entre los jóvenes emancipados que se encuentran en dicha franja de edad, el riesgo de pobreza es sólo de un 12,5%. Sin embargo, se estima que si los jóvenes que aún permanecen en casa de sus padres se emanciparan, un 45% de ellos pasarían a engrosar las estadísticas de personas que viven en dicha situación. Aún más grave sería si decidieran vivir en pareja, con un hijo y con sólo un sueldo de uno de los dos miembros. Ese caso dispararía los niveles de pobreza hasta un 81%.
Las cifras revelan una situación hipotética. España tiene una de las tasas de pobreza juvenil más bajas de Europa, lo que se explica por el hecho de que no abandonan el hogar familiar hasta edades muy tardías. Cuatro de cada diez personas entre 26 y 35 años aún viven con sus padres. En la mayoría de países de Europa, sobre todo los nórdicos, como Suecia o Finlandia, la pobreza se concentra precisamente en las edades de emancipación de los jóvenes; es decir, hasta los 35 años.
Menores en la pobreza
En España, donde una de cada diez personas vive en situación de pobreza, la exclusión social se concentra en los dos extremos del ciclo vital, los menores de 16 años y los mayores de 65. Los primeros sufren una tasa de pobreza moderada del 24%, lo que les convierte en uno de los colectivos con mayor riesgo. Este tipo de pobreza, aquella que sufren las familias que cobran el 60% de la media de ingresos (6.347 euros anuales), afecta también al 31% de los mayores de 65 años.
En los casos de pobreza severa, que se da cuando los hogares disponen sólo de unos 3.000 euros anuales, son también los más jóvenes los principales afectados, con un 5,4%, frente a un 1,9% de los ancianos.
Peor en la familia «tradicional»
Las familias en las que el padre tiene un empleo y la madre se dedica al trabajo del hogar, llamadas «tradicionales» en el estudio de Caixa Catalunya, tienen un mayor índice de pobreza que las familias monoparentales. Mientras que en el primer caso la falta de recursos alcanza al 34%, en las familias formadas por madre trabajadora e hijos a cargo la cifra desciende hasta el 28%. Además, el 26% de los hogares con hijos de 6 a 15 años son pobres. El 12% de los niños de esta edad viven en familias con menos de 4.200 euros al año.
Fuente:Estaya de la Educación Social

Uno de cada siete niños sufre maltrato físico y más de 19.000 están tutelados

El abandono de seis bebés en lo que va de año, dos murieron y cuatro lograron sobrevivir, es la cara más dramática de los malos tratos a los menores en España, donde uno de cada siete niños sufren agresiones físicas y al menos 19.000 permanecen bajo tutela de la administración

En los últimos días, han sido encontrados dos recién nacidos abandonados en la basura, uno con vida en Alicante, y otro que tuvo peor suerte, en Granada, ya que fue hallado sin vida en un contenedor por un operario del servicio municipal de recogida de basuras.

El 2 de enero, se descubrió a un bebé con vida envuelto en una manta en la carretera de Ronda a Almería, y dos días después otro muerto, en Almendralejo (Badajoz), después de que su madre diera a luz sola.

En Humanes (Guadalajara), el 5 de enero se localizó otro bebé con vida en el patio de una vivienda y el 26 de ese mes las Monjas del convento de María Inmaculada, en Murcia, descubrieron un bebé.

Uno de cada siete niños sufre maltrato físico.

En España, uno de cada 7 niños sufre algún tipo de maltrato físico. Las alertas llegan, sobre todo, desde los hospitales, centros de salud, colegios y matronas, estas últimas detectan negligencias por parte de la madre, sobre todo si son muy jóvenes, como descuido en los controles que hay que hacer al neonato.

Según los datos facilitados a EFE por 13 comunidades autónomas, hay más de 19.000 niños bajo la tutela de la administración, gracias a que se ha podido conocer sus casos, ya que la mayoría de estas situaciones nunca llegan a notificarse y se producen 'intramuros' del domicilio familiar.'Lo que sabemos del maltrato, lo que vemos, es sólo la punta del iceberg, porque la mayoría de los casos, aunque se saben, no se notifican', explica a EFE el presidente de la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil, Jesús García Pérez, que agrupa todas las organizaciones de lucha contra esta lacra.

¿Qué falla?. ¿Por qué nunca se conocerán?.

Según Jesús García, también pediatra del Hospital Niño Jesús de Madrid, 'hay demasiados mitos que hay que vencer, como que el maltrato no puede darse en la familia, porque es donde hay amor, o que sólo maltratan los padres que lo han recibido en su infancia'.El maltrato a niños se produce precisamente en la familia, 'ahí es donde está el maltratador, que pueden ser los padres, abuelos o primos' y lo importante es hacerlo visible.

El perfil del padre maltratador coincide con el de una persona con baja autoestima, en muchos casos con problemas de drogadicción, paro y a veces con antecedentes de maltrato.

Alertar, no alarmar.

Al igual que se ha hecho con los accidentes de tráfico o con los casos de violencia doméstica, el maltrato a menores necesita de una amonestación social.'Hay que poner en marcha campañas de sensibilización sobre el maltrato, para que se hagan públicas estas agresiones, pero también hay que incidir en el tema de la educación y sobre todo estar con los niños', explica el especialista, quien se muestra partidario de educar 'en el esfuerzo y no en la permisividad'.

Junto a las conocidas formas de maltrato, el físico, el emocional (reiterados insultos), la negligencia o los abusos sexuales, surgen otros como el institucional y el que se genera 'por las nuevas adiciones sociales'. Entre ellos, se sitúa el que se crea cuando padres vegetarianos no contribuyen al desarrollo adecuado de su hijo, los grupos 'antivacunas' o 'antiescuela' o el que desemboca en los niños 'del botellón cibernético'.

Estos últimos son niños que están solos casi todo el día y que abusan de la cibernética, del ordenador y de los videojuegos, porque 'tienen padres horizontales', que cuando se van de casa los niños están en la cama y que cuando vuelven también'.

Cuando se sospecha, se notifica a las autoridades.

En muchas CCAA ya existen hojas de detección del maltrato que se rellenan en casos de sospecha y se remiten a las consejerías para su seguimiento.

Cataluña es la comunidad con un mayor número de niños tutelados, más de 7.300 de entre 0 a 17 años, de ellos, cerca de un 5% por presuntos abusos sexuales y el resto por abandono y otros tipos de maltrato.En Madrid, hay 4.500 niños tutelados y en la Comunidad Valenciana 2.880.

El Gobierno de Canarias ha detectado casi 4.000 situaciones de riesgo y tutela a 1.500 menores. Según un estudio realizado en esta comunidad, el 73 por ciento de los casos de maltrato infantil son por negligencia, el 17 por ciento por maltrato emocional, el 7 por ciento por maltrato físico y el 3 por ciento por abuso sexual.

Muchas de las alertas de maltrato llegan en Andalucía a través de un teléfono gratuito de notificación de situaciones de maltrato infantil, que recibió el pasado año 1.721 llamadas, de ellas 634 eran denuncias de malos tratos a 967 menores. En esta comunidad, hay 1.162 niños tutelados.

En Castilla y León, se tramitaron 1.640 expedientes, de los cuales 957 acabaron con la tutela de los menores al tratarse de situaciones graves de desprotección.

El número de menores bajo protección de la Comunidad de Aragón, a 31 de diciembre de 2006, era de 971, y asumió la tutela de 368 niños por situaciones de desamparo.

En Asturias, hay 645 expedientes abiertos por desprotección infantil y 145 niños tutelados por el Principado.

En Extremadura, la Junta asumió en 2007 la tutela de 127 menores, un año en el que se registraron 274 casos de maltrato a infantil, la mayoría por negligencias o de naturaleza emocional.

Otras comunidades que han facilitado los datos son: La Rioja, donde 60 menores son tutelados por esta región, que tramitó 88 expedientes; Cantabria, con 11 expedientes abiertos por abuso sexual, abandono y malos tratos, de los que asumió la tutela en 10 y Navarra, que asumió la tutela de 38 menores, frente a los 43 de 2006.

En 2007, Castilla-La Mancha asumió la tutela de 319 menores, que se encontraban en un situación de desprotección por distintos motivos (agresión sexual, abandono, negligencias...).

Respecto al País Vasco, en Guipúzcoa y Álava se abrieron 149 expedientes por maltrato o desprotección infantil, la mayoría por abandono, en los que se asumió la tutela de 81 menores.

Los derechos se conquistan, se disfrutan ¡Defiéndelos con tu voto!

“Queda aún mucho por hacer pero es necesario impedir cualquier retroceso, consolidar lo ya conseguido y seguir avanzando”. Estas palabras, recogidas en el folleto informativo que la FELGTB ha presentado hoy, resume el espíritu de la campaña que las más de 50 asociaciones de la Federación y las de la Coordinadora Gai-Lesbiana de Catalunya repartirán por todo el territorio estatal.

Más de 45.000 carteles, 40.000 flyers, y 50.000 adhesivos con el eslogan “Los derechos se conquistan, se disfrutan; defiéndelos con tu voto” en todos los idiomas oficiales del Estado pretenden animar a que la comunidad lgtb y toda la ciudadanía en general acuda a las urnas como si de una manifestación popular para defender los derechos conseguidos se tratase y vote a los partidos políticos que han logrado estos avances sociales.

“El Partido Popular se ha retratado en estos últimos cuatro años, en el Parlamento y en la calle, como un partido discriminatorio con la realidad lgtb y defensor de un modelo excluyente de familia”, explicó Antonio Poveda, presidente de la FELGTB. Sus declaraciones fueron contundentes con la actitud del PP en los últimos meses: “El PP pretende tomarnos el pelo manteniendo ahora una postura ambigua que en el fondo esconde las leyes apartheid que llevan cuatro años defendiendo desde la oposición”. A ello añadió Carmen G. Hernández, coordinadora del Área de Políticas Lésbicas de la Federación que “tras el trato discriminatorio que hemos sufrido por su parte, el PP no puede pretender venir ahora, a dos meses de las elecciones, a vendernos caramelos envenenados”.

La FELGTB también quiere promover el uso del LAZO DEL ARCOIRIS que simboliza la defensa de la igualdad y dignidad de la diversidad familiar. Este lazo será repartido también por todo el Estado. Más de 14.000 matrimonios desde 2004 y más de 80.000 niños y niñas de familias homoparentales amparados ahora por la ley del matrimonio, demuestran que la sociedad española ha avanzado mucho, y sin embargo no ha pasado nada. La sociedad está preparada para seguir madurando en el respeto a la diversidad que la compone y lo puede conseguir a través de su voto. Por ello para la FELGTB las próximas elecciones generales son especialmente importantes.

Las propuestas a los partidos políticos para las próximas se encuentran en un documento adjunto.

Descargar las propuestas para las elecciones generales de 2008

Numero 7 de la Revista Res

En este número

MARCO TEÓRICO

Artículos que nos acercan a los marcos paradigmáticos en los que se desarrolla la educación social.

ENFOQUES

Aportaciones que plantean diferentes visones del trabajo con la comunidad.

EXPERIENCIAS

Colaboraciones en que la concreción y la descripción de las acciones concretas llegan a su máxima expresión.

Fuente:Eduso

V de Vivienda celebra su primer encuentro estatal

El primer fin de semana de febrero tendrá lugar un acontecimiento que por su mera celebración ya supone un éxito. El 2 y el 3 de de febrero se reunirán en Madrid representantes de las asambleas de V de Vivienda constituidas en todo el Estado.

Este primer encuentro estatal tendrá lugar en el Patio Maravillas (c/ Acuerdo nº 8, Madrid). También han confirmado su asistencia activistas de la Cañada Real Galiana,la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio y de la portuguesa Plataforma Artigo 65, que lucha por el derecho a la vivienda en el país vecino. El encuentro concluirá el domingo 3 de febrero con una rueda de prensa a las 12:30 horas, en la que se presentarán públicamente las conclusiones.

No se trata de una convención más de asociaciones dedicadas a la defensa de tal o cual causa. V de Vivienda no tiene estatutos, es una simple marca
bajo la cual militan activistas pertenecientes a otros muchos movimientos sociales que participan siempre a nivel personal, sin representarse nada
más que a sí mismos; por tanto no se obedecen órdenes dictadas por ninguna estructura jerárquica superior. Todas las asambleas V de Vivienda son
horizontales, abiertas y democráticas y en ella se escucha la voz de los que participan, de los ciudadanos, y de nadie más. El nexo de unión son
las reivindicaciones compartidas por todas estas asambleas, y que son simples, claras y directas: la vivienda debe ser un derecho, no un negocio, un derecho que tienen que garantizar las administraciones públicas con una intervención clara y decidida.

El encuentro V de Vivienda busca unificar contenidos y reivindicaciones y una coordinación efectiva a nivel nacional. No se trata de lanzar un mensaje a los políticos, ese no es nuestro objetivo. V de Vivienda se construye por los ciudadanos y a ellos se dirige. Sólo una ciudadanía convencida y movilizada podrá presionar a los poderes públicos para que éstos al fin se vean obligados a acometer verdaderas políticas sociales y desechen los mandatos(pues son mandatos, no sugerencias) del
neoliberalismo. Los partidos políticos, rehenes de un sistema que les tiene aprisionados, al depender por completo de la financiación del gran capital, ya sea en forma de cuantiosos donativos anónimos o de generosas condonaciones de deudas, no van a moverse en la dirección más social si no les obligamos. Como mucho pondrán parches, pero al final la rueda reventará.

Del encuentro de febrero también surgirá una iniciativa muy importante, que será un baremo bastante preciso del auténtico estado de la democracia en nuestro país. Se trata de la próxima manifestación por el derecho a una vivienda digna, prevista para el 1 de marzo. La convocatoria está situada dentro del período electoral, por lo que podría ser prohibida su celebración por la Junta Electoral, que previsiblemente alegaría en ese caso que es un acto político que beneficia a tal o cual formación. Si esto sucede, nos quedará demasiado claro que en este país ni hay democracia ni se espera que la haya. Los partidos políticos deben entender que no son ellos los únicos actores presentes en la escena pública, y por tanto no deben atentar contra el derecho a la manifestación de los ciudadanos, que tiene que poder ser ejercido todos los días del año. Las formaciones políticas piensan que el único acto democrático es el de depositar el voto en la urna cada cuatro años. Es la cita fundamental para ellos, en la que se juegan la permanencia en el poder. Y es ese poder lo que les interesa, no la democracia ni los ciudadanos. Si realmente defendieran la democracia, lucharían para que las voces de todos pudieran ser escuchadas, y eso es hoy día imposible si no hay detrás un gran aparato económico financiero y unos medios de comunicación que hagan de altavoz. Si creyeran en el poder del pueblo respetarían uno de los principios fundamentales de la democracia, como es del de la separación de poderes, que ha quedado hecho trizas en esta legislatura. Y por último, sin tanto creen en la democracia, ¿cómo es posible que no haya democracia interna dentro de los propios partidos políticos?

Señores políticos, los ciudadanos queremos nuestro espacio y vamos a defenderlo. No tengan dudas: nos vamos a organizar en el encuentro estatal para gritar más fuerte que nunca en la manifestación del 1 de marzo. Es la necesaria respuesta de los que pensamos que esta sociedad sólo saldrá adelante si la sostenemos los ciudadanos y somos los ciudadanos los que decidimos. No queremos ser una opinión más a la que prometen tener en cuenta para ser después traicionada por los intereses de los de siempre.
Esto se ha terminado y ya no nos vale con depositar un voto cada cuatro años. No queremos sólo una urna, en una urna no caben todas las luchas, todas las frustraciones y todas las quejas del pueblo. Además queremos tener la voz. No tener voz, sino ser LA VOZ, para que el pueblo se erija al fin en el soberano y decida cómo debemos vivir y qué es vivir como hombres y mujeres libres. Este es el desafío que V de Vivienda lanza no a los partidos políticos, sino a esos ciudadanos que todavía sienten que deben ser los protagonistas de su propio destino. Lo podemos conseguir entre todos, pero sólo desde la unidad y desde la convicción de que nosotros somos la democracia y sólo nosotros encarnamos el auténtico poder del pueblo soberano. Seamos de una vez y para siempre los responsables de nuestras propias vidas y de nuestra innegociable dignidad.
web: www.vdevivienda.net
Fuente:Ania

Ciudadanos con todos los derechos

Se da por hecho que actualmente en España vivimos en una democracia plena, avanzada, absoluta, y se considera que ésta ha sido la legislatura en la que se ha avanzado más en materia de derechos. Se habla de las conquistas de estos años (el matrimonio entre personas del mismo sexo) y se conocen las renuncias (el aborto, el derecho a morir con dignidad). Sin embargo, uno de los derechos más elementales de la ciudadanía, el derecho de votar y ser votado, está fuera del debate en nuestro Estado, que ha pasado de ser un país de emigrantes a ser un país de inmigrantes. Las decisiones que tomamos no las decide el conjunto de la sociedad, ya que son muchos los ciudadanos y ciudadanas que pagan religiosamente sus impuestos pero no pueden votar ni ser votados, ni siquiera en las elecciones municipales. Por mucho que nos duela reconocerlo, vivimos en una democracia amputada.

La ausencia de un derecho tan básico como el votar obliga a amplios grupos de nuestra sociedad a vivir al margen de la cosa pública. Conlleva, además, que a ciertos gobernantes y candidatos pueda serles indiferente hacer o no una política hacia esos colectivos determinados. Algunos se instalan en el cálculo electoral de ignorar a aquél que sabe que nunca le va a poder votar e incluso, como Duran, hacen un discurso que roza lo xenófobo, por el simple cálculo electoral. El derecho de voto es por tanto el mejor de los antídotos contra la exclusión.

A este argumento, de mayor cohesión social, se le suma el de calidad democrática. No nos podemos permitir, especialmente en las elecciones municipales, que haya barrios, pueblos y ciudades con una amplia porción de sus vecinos que no opinan sobre cuál va a ser su futuro. A las mismas obligaciones, los mismos derechos. Así lo reclama el Manual Europeo de Integración de Inmigrantes, y el Convenio sobre la Participación de los Extranjeros en la Vida Pública Local de 1992 concluye que los extranjeros con voluntad de permanencia deben tener los mismos deberes que los nacionales, y que su participación política es la mejor vía para facilitar su integración en la comunidad local.

Mientras, en nuestro entorno más inmediato, son varios los países que reconocen este derecho en las elecciones municipales. Lo hacen Irlanda, Suecia, Dinamarca, Holanda, Reino Unido y Finlandia; en España se da la paradoja de que una persona inmigrada puede votar y ser votada, pero se niegan las reformas legales para avanzar en derechos políticos.

Para que ello sea posible, en España habría que eliminar algunos obstáculos legales. El primero de ellos, la reforma del artículo 13.2 de la Constitución. Éste establece mediante el principio de reciprocidad que, para que un ciudadano extranjero pueda votar en España, un español tendrá que poder ejercer el voto en el país de origen. Dicho, claro y alto: allí donde no hay democracia, el ciudadano de ese país se fastidia. Ni pudo votar en su país de origen ni puede votar en su país de acogida. Si la democracia exige la participación de los inmigrantes con residencia estable y la CE contiene una condición de reciprocidad que prácticamente imposibilita el sufragio, la única salida lógica es la reforma de la Constitución.

Mientras la reforma constitucional no se produce lo urgente sería la realización de convenios bilaterales con aquellos países con un mayor número de inmigrantes en nuestra sociedad, permitiendo que ese gran número de ciudadanos no se quede al margen de la vida pública y política. A medio y largo plazo, deberíamos empezar a interrogarnos si tiene sentido esa asociación entre derecho de voto y nacionalidad, en sociedades en las que los derechos políticos, sociales, deberían ligarse a la simple ciudadanía.

Ante la necesidad de avanzar y a pesar de la insistencia de SOS Racismo y de muchos otros colectivos, en España no ha habido ningún paso adelante. Así, el único país extracomunitario con el que España ha firmado y ratificado un convenio para poder votar en las municipales es Noruega. Empezamos llevando el debate al principio de legislatura, alejado de los comicios, y se nos dijo que no. Volvimos a insistir, y se aprobó una declaración genérica, pero no hubo voluntad política. Conseguimos que finalmente el PSOE firmase una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno a la firma de convenios bilaterales con aquellos países con mayor número de inmigrantes, y se llevaba al Consejo de Estado el artículo 13.2. Pero mandaron parar el debate. Finalmente, en la Subcomisión que ha tratado estos temas en el Congreso, y a pesar de que finalmente no hubo conclusión alguna, lo primero que acordaron los partidos mayoritarios fue suprimir una vaga referencia al derecho de voto.

Nuestras ciudades cambian, y parte de nuestros vecinos ni se sienten ni son interpelados a tomar decisiones, mientras nosotros continuamos con ese tópico y retórico reto de la inmigración. Éste no es un debate de izquierdas y derechas, es una discusión básicamente democrática. Y estar por el derecho de voto es básicamente de demócratas. En los próximos días, este debate será en el mejor de los casos uno más, pese a ser unos de los principales problemas y el principal reto para la calidad democrática de nuestra sociedad.

Republicanismo cívico, un Estado laico es al fin y al cabo más y mejor democracia. Poder decidir cómo morir con dignidad, ser mujer y decidir libremente la maternidad, haber llegado desde lejos, y haber optado por quedarte, con todas las obligaciones, y con el derecho a decidir sobre tu futuro, conforma una sociedad plena. En los próximos meses, el debate está en cómo conseguirlo. Y la vía no parece que sea guiñándole el ojo a una opción más conservadora que nacionalista como es CiU, o poniendo paños calientes en la relación con la iglesia. La respuesta parece sencilla: conseguir un polo mayor de exigencia social, ambiental, pero también democrática en el próximo Congreso de los Diputados.

Joan Herrera es portavoz de IU-ICV en el Congreso

La Consejería prevé triplicar las inspecciones a los geriátricos tras cuatro años de «relajación»

La Consejería de Bienestar Social sostiene que en los últimos cuatro años, en los que IU estuvo al frente del área de Asuntos Sociales, hubo «una patente relajación en la labor inspectora» sobre las residencias de ancianos asturianas. De ahí que en los últimos cinco meses se han llevado a cabo cuatro cierres de residencias (tres en Gijón y una en Oviedo), lo que supone la mitad de las clausuras que se ejecutaron en el período 2003-2007. Además, está previsto que a partir de ahora se triplique el número de inspecciones, de día y de noche (estas últimas visitas se habían interrumpido en los últimos años), a los negocios geriátricos, para hacer un cribado y puesta al día del sector.

Teresa Martínez, directora general de Planificación y Calidad de la Consejería de Bienestar Social, explicó que los cierres y sanciones que se han llevado a cabo «corresponden todos a casos retomados en la anterior etapa, de los que existía información previa de graves irregularidades». A la residencia gijonesa El Parque se la expedientó por sobreaforo, carecer de licencia y otras irregularidades, como la instalación de camas en cuartos sin ventilación; el centro gijonés El Humedal, por no tener licencia, como tampoco la tenía el de La Paz. En el caso de la residencia ovetense Belén Chans, los inspectores constataron situaciones muy graves de insalubridad por humedades en paredes y suelos, así como gran falta de higiene en la cocina durante la elaboración de comidas, y también en los aseos, tanto en lavabos como en bañeras. En el caso de la residencia Barna, también de Gijón, que ha sido sancionada pero no cerrada, se detectó sobreocupación -con 14 plazas había 27 residentes-, lo que llevaba a que algunas personas compartieran cama.

Desde la Consejería se amplió ayer información sobre las residencias obligadas al cierre, donde estaban alojados en total 80 ancianos, que pone en evidencia la actuación de la inspección en los últimos tiempos. Sobre la residencia El Parque, los responsables de la Consejería reseñan que había denuncias de familiares y un inicio de procedimiento de cierre de 2005 sin finalizar, y «desconocemos por qué nunca se hizo efectivo»; sobre la residencia El Humedal, «existían denuncias de la comunidad de vecinos que no habían sido atendidas por el anterior equipo de la Consejería»; de la residencia La Paz explican que «se realizó el cierre en 2006 sin que se hubiera detectado hasta enero de 2008 que existía de nuevo actividad de residencia ilegal». Finalmente, sobre la residencia Belén Chans «hubo denuncias de vecinos y se produjo en febrero de 2007 una orden de cierre por parte del Ayuntamiento de Oviedo que no llegó a ejecutarse. Enterado el anterior equipo, no consta que se llevaran a cabo inspecciones».

Para Rodríguez es importante la difusión que se haga de las sanciones porque «se pone en aviso a la sociedad y a las familias, se crea presión y se contribuye a poner orden ante las malas prácticas detectadas». Malas prácticas que para el Principado «son una agresión a la dignidad de las personas». Contra esa difusión, sin embargo, arremetió ayer la ex consejera Laura González (IU), ahora candidata al Congreso por Asturias, quien consideró que el Principado está convirtiendo en «un circo mediático» el cierre de los geriátricos irregulares. González explicó que durante su etapa en la Consejería había tres personas en el equipo de inspección y cuando dejó el cargo había siete y un contrato más en previsión. También negó que hubiera expedientes parados, y dijo que se cumplían los plazos que tienen las empresas para corregir deficiencias.

María Teresa Rodríguez, presidenta de la Asociación de Residencias de la Tercera Edad (AARTE), reconoció «el enorme daño» que estos cierres están haciendo al sector, y más con informaciones como la del sobreaforo o la denuncia de que se esté llegando a propiciar que los ancianos compartan cama. «Todo esto nos perjudica más a las empresas serias y legales que a las "piratas" y no dudaremos en colaborar todo lo posible con la Consejería, ampliando las denuncias. De hecho, esta semana presentaremos cuatro más, de dos residencias de Gijón, una de Sama y otra de Mieres», dijo.

La portavoz de AARTE sostiene que el cribado del sector «me parece perfecto, "chapó", pero se tenía que haber hecho antes; se dejó crecer la bola y proliferaron negocios con irregularidades importantes». Sobre el varapalo que supone que una de las residencias cerrada (la ovetense) fuera de sus asociados, Teresa Martínez aseguró que «es un palo mayor que si fuera una ilegal, porque en la asociación insistimos mucho en la calidad y exigimos licencia de la Consejería, pero el dinero es goloso y lo que hagan de puertas adentro no lo sabemos». La portavoz de AARTE aseguró que nunca había oído denuncias de usuarios obligados a compartir cama, pero sí otras tropelías: «Hay gente que amenaza a los ancianos con echarles a dormir al jardín cuando se van las visitas; eso es indignante».

La residencia El Humedal ya no es tal cosa, sino una casa particular con alquiler de habitaciones. Así lo garantizó ayer la actual propietaria, Chelo López, antigua trabajadora del geriátrico El Parque, cuyo dueño tenía también el negocio de El Humedal. Ambas residencias han echado el cierre, lo que propició que Chelo López le comprara el pasado mes el piso de El Humedal al propietario. Desde entonces, asegura la mujer, «está alquilado a varios usuarios, pero aquí no hay ningún negocio de residencia». El piso tiene cinco inquilinos «con sus contratos en regla, que entran y salen», explicó López, siendo algunos de ellos antiguos residentes de los centros clausurados. «Qué importa de dónde vienen. Les cobro un alquiler y no ofrezco un servicio de residencia. Puede entrar quien quiera a verificarlo», aclaró. En la Consejería informaron de que se impidió a los inspectores el acceso a la casa, por lo que la intención es volver con una orden judicial. «Siendo una casa particular, la inquilina que abrió no tenía por qué dejar pasar a nadie», argumenta Chelo López.
Fuente: A. Rubiera/lne